La semana pasada se dieron a conocer los fundamentos de un trascendental fallo sobre trata de personas por parte del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Rosario (Santa Fe), integrado unipersonalmente por el juez Tomás Eugenio Malaponte.
La víctima, oriunda de Misiones y quien era menor de edad al momento de la comisión de los delitos (17 años), fue rescatada en noviembre de 2009 en una whiskería denominada “El Clásico”, ubicada en sobre la ruta, en las cercanías de la localidad de Las Rosas, provincia de Santa Fe.
La adolescente manifestó en ese momento que no era su deseo ejercer la prostitución y que había sido violada para quebrar su voluntad. Respecto a dicha violación, el juez de primera instancia declaró la prescripción por el tiempo transcurrido. Sin embargo, en el nuevo fallo, el juez Malaponte declaró la nulidad de dicha resolución, dejándole así expedita la vía judicial a la víctima para que se investigue dicho delito y oportunamente se juzgue, al tratarse de un delito de acción pública de instancia privada, según lo que marca el artículo 76 del Código Penal de la Nación.
Dicho artículo señala que “se suspende la prescripción cuando los hechos delictivos son cometidos a una persona menor de edad hasta tanto ésta cumpla la mayoría de edad e inste la acción”, situación que nunca había acontecido en el presente caso.
Los imputados fueron condenados a siete años y medio de prisión por el delito de trata de personas, y quedó abierta la posibilidad de que la víctima inste la acción penal por el delito de violación, asegurándose así su derecho de acceso a la justicia, y convirtiéndose este veredicto en un trascendental aporte jurisprudencial contra delitos de este tipo.
El viaje y el secuestro
En septiembre de 2009, la víctima y su novio, ambos de Posadas, se trasladaron a la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, por razones laborales del joven.
La menor comenzó a buscar trabajo y difundió por internet su currículum vitae. Así, recibió una llamada telefónica por parte de una señora apodada Lili (quien habría resultado ser Celia Leticia Acosta o Liliana Acosta o Gorda Lili, quien en la actualidad se encuentra prófuga de la justicia y con pedidos de captura librados en su contra), quien le ofreció trabajar como mucama en un hotel de la ciudad de Córdoba.
Para el juez del Tribunal hubo “total abandono estatal a la víctima, nula investigación de los abusos sexuales con acceso carnal”. Dijo que estamos ante un claro caso de “violencia institucional y revictimización”.
La víctima aceptó la oferta laboral a pesar de la resistencia de su novio, debido a que tenía ganas de trabajar y quería ahorrar dinero para terminar de construir la casa que habían comprado junto a su pareja en Comodoro Rivadavia.
Al llegar a Córdoba, Lili la esperaba en la terminal, quien la dirigió a un vehículo que las estaba esperando. Allí, se encontró con un hombre (quien fue uno de los condenados), el cual le sacó el teléfono celular y su documentación personal.
De allí la llevaron a un prostíbulo de la localidad cordobesa de Marcos Juárez.
Luego vino una seguidilla de abusos por parte del citado hombre quien decía ser su “marido” y la obligaron a prostituirse en distintos burdeles de esa provincia y de Santa Fe. Comía una sola vez al día, nunca le dieron dinero y no la dejaron comunicarse. Finalmente, aprovechó que una encargada se drogó y quedó semiinconsciente. Robó un teléfono celular y avisó a su novio donde estaba.
La mantuvieron cautiva dos meses en cuatro prostíbulos y dijo que vio que numerosos policías de la zona eran cómplices.
El otro condenado era el encargado del último local donde estuvo y donde la rescató Gendarmería. En su trayectoria siendo esclavizada sexualmente, pudo ver a muchas jóvenes misioneras.
