Tras la caída de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados, la opinión pública coincide que el Gobierno nacional comenzó con el operativo “venganza” fiscal contra las provincias.
Este jueves, el Ministerio de Economía eliminó el Fondo Compensador del Interior, que otorgaba subsidios nacionales a las empresas de transporte de pasajeros urbanos y suburbanos de la Argentina. El comunicado destaca que la medida es parte del proceso de descongelamiento de tarifas.
A su vez, dictó una reducción del subsidio para empresas de transporte en el AMBA.
Esta “liberación” de tarifas se traducirá en aumentos desmesurados en los precios del boleto en los colectivos de las provincias donde no exista una regulación de las autoridades locales, aseguran desde el sector.
Desde ahora, toda la ayuda estatal se canalizará a través de la Tarjeta SUBE nacional, presente en 20 de las 24 jurisdicciones. La provincia de Misiones no la tiene.
“Estas decisiones guardan coherencia con el Pacto Fiscal que Gobernadores Provinciales y Gobierno Nacional firmaron en 2017 y 2018, donde se comprometían a eliminar progresivamente los subsidios diferenciales en materia de transporte para el AMBA, como así también, establecía que las provincias definirían compensaciones tarifarias y/o subsidios al transporte público”, indica el comunicado oficial.
Se mantiene la tarifa social
En la antesala de los posibles nuevos aumentos en el corto plazo a raíz de la desregulación y la disminución de subsidios por parte del Gobierno, se aclaró que “las personas que utilizan el servicio y que necesiten del aporte del Estado nacional, seguirán contando con el Atributo Social en todo el territorio nacional donde funciona la tarjeta SUBE”.
“Se trata de una asistencia que es igual para todos, vivan en el lugar que vivan, y que implica un descuento del 55% de la tarifa del boleto del transporte público”, agregó el texto, remarcando que “la decisión del Estado nacional es que los fondos lleguen directamente a los ciudadanos, sin intermediarios de ningún tipo, y beneficiando así a las personas que más lo necesitan”.
Solo mantendrían la asistencia social aquellas personas que estén englobadas en el beneficio, que rige para jubilados y pensionados, estudiantes del programa Progresar, personal de trabajo doméstico, veteranos de la Guerra de Malvinas y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, entre otros.
Fuente: Ámbito/Perfil.
