El Gobierno debatía anoche con legisladores de la oposición cambios en la Ley Ómnibus con modificaciones en 100 artículos. La suba de retenciones a las economías regionales y el mecanismo de actualización de jubilaciones están entre los principales retoques del Ejecutivo.
La movilidad jubilatoria, una de las “líneas rojas” para los aliados, había quedado a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo, quien definió con celeridad las características de la nueva fórmula. Según dejaron trascender, la cambiarán tras los fuertes reclamos de los bloques cercanos a LLA, pero no dejaron en claro aún si indexarán los ingresos para atarlos a la inflación, como les pidieron, y mantienen bajo estricta reserva las alternativas evaluadas. “Lo único que vamos a decir es que los jubilados van a estar mejor que ahora”, dijeron en Gobierno.
Las modificaciones se negociaron en las reuniones en comisión que se dieron esta semana y la anterior. El oficialismo busca emitir un dictamen lo antes posible para llamar a sesión y darle media sanción antes de fin de mes.
En el plano de las economías regionales, el Gobierno intenta contener a los referentes políticos y empresarios de la actividad vitivinícola, de la producción de cerveza, yerba mate, madera y de la pesca, por nombrar algunos, que pusieron el grito en el cielo por etapas a lo largo últimas semanas, incluso con amenazas subterráneas de presentaciones judiciales. Ayer, por ejemplo, Francos recibió junto a Villarruel en el Salón de los Escudos a los representantes de los gigantes madereros, entre ellos, a directivos de Ledesma, además de los diálogos con los dueños de las petroleras nacionales y extranjeras.
Según señalaron fuentes del Ejecutivo, también se incluirían los cambios acordados con gobernadores patagónicos sobre las reformas pesqueras y en biocombustibles. Las correcciones a la llamada “Ley Bases” le llegarían al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en las próximas horas.
El mejor escenario para el Gobierno es lograr sesionar este sábado, algo que parece poco probable por los tiempos que corren de ahí el apuro por consensuar las correcciones que permitan el tratamiento sobre tablas en el recinto.
Las cuentas que hacen por estas horas entre los libertarios es que con las modificaciones podrían tener dictamen este viernes, para que llegue al recinto el sábado y sesionar. “No hay mucho que discutir, preferimos perder a filetear todo”, señaló una fuente de primera línea a TN.
El apuro se fundamenta también en desactivar o dejar sin efecto el paro y movilización de la CGT previsto para el próximo miércoles 24. La consigna de la medida de fuerza es el rechazo al DNU y la Ley Ómnibus, pero si logran la media sanción antes de esa fecha, perderá fuerza.
Anoche, desde el PRO señalaron que el oficialismo está tomando “muchas sugerencias”. Sin embargo, remarcaron que todavía hay algunos puntos que todavía falta discutir, como la reforma electoral, algunos detalles relacionados con las retenciones (el Gobierno “mejoró bastante” la propuesta inicial pero aún faltan detalles) y la movilidad jubilatoria.
“Estoy seguro que nos encaminamos para que la semana que viene tenga media sanción”, dijo Cristian Ritondo tras la reunión.
El acuerdo con el PRO llega al 95%, según explicaron a este medio. La idea es que el PRO y los libertarios avancen juntos en la redacción del dictamen final para que se trate en comisiones y luego pase al recinto.
Espert toma recaudos
El diputado nacional por Avanza Libertad y presidente de la comisión de Presupuesto, José Luis Espert, formuló declaraciones a la prensa este jueves, en las que descartó la sesión del sábado próximo en la Cámara de Diputados, para debatir la Ley Ómnibus enviada por el Gobierno al Congreso.
Al ser consultado sobre si el Congreso va a sesionar el sábado que viene, tal como expresó el presidente de la Cámara, Martín Menem, Espert respondió: “En la Argentina nunca digas nunca, pero el escenario menos probable es que se sesione este fin de semana”, señaló.
“No veo (posible) esto de sesionar el sábado porque me parece que ni siquiera va a estar el dictamen de Comisión”, consideró José Luis Espert. Aclaró que, por el contrario, probablemente el debate legislativo se lleve a cabo “durante la semana que viene”.
El legislador explicó que “hay una muy buena colaboración por parte del radicalismo, del bloque Hacemos Consenso Federal, Integración federal, la Coalición Cívica y el PRO” para avanzar con el tratamiento de la iniciativa, aunque mencionó que estos partidos políticos hicieron “observaciones muy constructivas y atendibles” en el proyecto.
“Se está trabajando para que se logre el avance. Creo que vamos a tener un dictamen favorable sobre la ley ‘Bases’ e iremos al recinto con ese dictamen favorable”, expresó el diputado.
Por otra parte, José Luis Espert comentó hoy que espera de parte del Poder Ejecutivo “la devolución de una serie de sugerencias” realizadas por distintos partidos al proyecto de Ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, pero aseguró que “va muy bien el trayecto” legislativo para “lograr la media sanción” de la iniciativa en la Cámara baja, algo que recién ocurriría la próxima semana, sostuvo.
“Estamos esperando del Ejecutivo la devolución de una serie de sugerencias que han hecho diputados que tienen ganas de acompañar este proyecto. Supongo que en los próximos días vendrá esa devolución y comenzaremos el trabajo en el plenario de comisiones”, afirmó Espert, en declaraciones a radio CNN.
El diputado cercano al oficialismo destacó que “la prioridad es que la ley salga”, pero no descartó que puedan modificarse algunos aspectos para garantizar su aprobación.
Sin embargo, consideró que los puntos centrales de la norma “no pueden no salir”. “Vamos muy bien en el trayecto a lograr la media sanción en Diputados. El tema de los tiempos es frotar la lámpara”, comentó Espert sobre la aprobación del proyecto.
Fuerte rechazo
Más de 1.500 personalidades de la política, la cultura, la ciencia y el sindicalismo firmaron un documento público en el que piden rechazar tanto el DNU como la Ley ómnibus que impulsa el presidente Javier Milei, iniciativas a las que califica como un “plan destructivo”. Además, convocaron a participar del paro de la CGT del próximo miércoles.
El documento cuestiona la “megadevaluación del 118% que provocó la duplicación de la tasa de inflación y un aumento sin precedentes del costo de vida”. Además, advierte que el decreto de necesidad y urgencia “impone ilegal e ilegítimamente reformas de naturaleza legislativa en función de los intereses de un conjunto de corporaciones y en perjuicio del pueblo en su conjunto”.
“El Decreto 70/2023 es ilegal e ilegítimo, atenta contra los trabajadores del sector privado, los trabajadores del sector público, los consumidores y usuarios, los inquilinos, los deportistas, los industriales, los comerciantes, trabajadores y trabajadoras de la cultura, además de poner en grave riesgo la soberanía nacional y el cuidado del ambiente”, señala el documento.
Asimismo, critica el plan antipiquetes aplicado por el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, al que define como “un protocolo autoritario de restricción de la libertad de reunión, asociación y manifestación que avanza sobre las facultades del poder legislativo y judicial a la hora de establecer conductas jurídicamente reprochables, resolver casos y fijar penas, permitiendo el accionar arbitrario del Estado que primero actuará sobre los sectores más vulnerables para luego atacar toda disidencia social, cultural o política”.
El documento señala que esas tres medidas “fueron elaboradas por exfuncionarios de la frustrada administración macrista (2015-2019) y del gobierno fallido de Fernando De La Rúa (1999-2001), como Federico Sturzenegger, Luis Caputo y Patricia Bullrich quienes, al igual que varios otros representantes del ejecutivo actual, de manera directa o a través de la defensa de los intereses de corporaciones privadas, ya participaron de otras experiencias de gobierno que fueron en contra de los intereses populares”.
Los firmantes también apuntan contra la ley ómnibus que trata el Congreso de la Nación: “En ese contexto de prepotencia institucional y crueldad social, el poder ejecutivo pretende aprobar un proyecto de ley de casi mil artículos que encubren una reforma constitucional de facto y el establecimiento de unas supuestas “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, con un evidente objetivo de mejorar el lucro de las corporaciones, los organismos internacionales de crédito y el 1% más rico de la sociedad”.
“La aprobación de este proyecto sería la culminación de un desguace del Estado social de derecho que, bajo la excusa de su mal funcionamiento actual, se pretende destruir en vez de reparar”, añade el documento.
En el escrito se asegura que tanto el DNU como la ley ómnibus “no hacen más que empujar a la Argentina en lo que podríamos denominar ‘las tres flexibilizaciones’: flexibilización laboral, flexibilización impositiva, y flexibilización de las normas ambientales, poniendo al país con el hocico para abajo y así poder extraer a costa del salario de los trabajadores, de los ingresos del Estado y nuestros recursos naturales y estratégicos”.
La presentación reclama la derogación del DNU, el rechazo de toda la ley ómnibus, la “anulación de cualquier medida que atente contra los derechos y libertades democráticas” y “la compensación de la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos sociales”.
Por último, convocaron a participar de la huelga organizada por la Confederación General del Trabajo para el próximo miércoles: “Como ciudadanos y ciudadanas que creemos en una Argentina justa, soberana, independiente, plural, democrática y humana nos oponemos tajantemente a este atropello contra el Pueblo y con la Constitución en la mano lucharemos para evitarlo, comenzando con la participación activa en la jornada nacional de protesta del miércoles 24 de enero”.
Entre los principales firmantes aparecen dirigentes kirchneristas de peso, como los gobernadores Axel Kicillof y Ricardo Quintela y el diputado Máximo Kirchner; los sindicalistas Pablo Moyano, Hugo Godoy y Hugo Yasky; el exjuez de la Corte Suprema Raúl Eugenio Zaffaroni; y el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.
También hay varios artistas como los actores Carlos Belloso, Cecilia Roth, Charo López, Cristina Banegas, Dolores Fonzi, y Gustavo Garzón, así como los cantantes Peteco Carabajal (quien la semana pasada protagonizó un polémico momento con la vicepresidenta Victoria Villarruel), Teresa Parodi, Diego Frenkel y Bruno Arias.
Fuente: Agencias de Noticias y Medios DIgitales
