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Intendentes electos pasaron la “motosierra” en sus municipios

Eldorado, Leandro N. Alem, Bernardo de Irigoyen y Jardín América son algunas de las comunas misioneras donde los alcaldes decidieron sumarse a la ola de ajustes que inició el Gobierno nacional y empezaron a recortar parte del personal que había sido designado por sus antecesores.

8 enero, 2024
Imagen ilustrativa

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Con el cierre del año, culminaron la gran mayoría de los contratos temporales y sin relación de dependencia de la administración pública provincial y de los municipios.

A pesar de que en muchos organismos se adelantó que se renovarán los contratos, varias localidades no siguieron el mismo rumbo y optaron por no contar más con los servicios de trabajadores que no contaban con contratos de planta permanente (con algunas excepciones).

Esta decisión, que tomaron en su mayoría comunas que cambiaron sus alcaldes, se debe principalmente a cuestiones políticas y económicas, en un contexto macro muy complejo, donde el Gobierno nacional recomienda ajuste y austeridad en el sector público.

 

Ajuste anunciado

En Eldorado, hace meses el equipo de trabajo del flamante intendente, Rodrigo “Pipo” Durán, denunció irregularidades e incumplimiento de la carta orgánica municipal por una sobre contratación de personal temporal por parte de la gestión anterior. “Se contrataron en el 2022 y en el 2023 muchas más personas de lo que permitían el presupuesto y la ley”, sostuvo meses atrás el, ahora, secretario de Hacienda, Marcelo Mikulán.

Según explicó el funcionario municipal, el 31 de diciembre finalizaron unos 300 contratos de planta temporaria y se renovaron apenas un 25% del total. “Van a seguir en enero un número menor al que hay actualmente, el Presupuesto 2024 contempla hasta 74 contratados en condición temporaria”, apuntó en diálogo con PRIMERA EDICIÓN.

Si bien mantuvieron reuniones con representantes del gremio de UPCN para evaluar cómo continuar con esta situación, finalmente aseguró el titular de Hacienda que, para elegir quienes serán los trabajadores que mantendrán su trabajo, se evaluarán informes de los directores y secretarios, teniendo en cuenta los sectores donde sea imprescindible la participación de estos agentes.

“Recolección de residuos, mantenimiento de caminos, parquización, tránsito con algunas otras áreas específicas de Acción Social a modo enunciativo, pero no es una regla. En la mayoría de las áreas habrá algunos temporarios que continuarán en esa condición”, indicó.

“Con la sanción de la ordenanza para el año 2024, el número ha quedado en 74 plantas temporarias autorizadas por el Concejo Deliberante. Esto es un número similar al del 2023, que contemplaba 67, pero lamentablemente es un número muy por debajo de la cantidad real de empleados en planta temporaria que posee actualmente el municipio. Estamos en un proceso, en realidad desde hace meses ya también, notificando y comunicando de que, lamentablemente con la nueva sanción no van a poder seguir trabajando”.

Mikulán indicó que, durante los primeros días de gestión, el equipo de Hacienda estuvo mañana, tarde, noche y fines de semana analizando la situación, dedicados a evaluar el trabajo de cada uno de los trabajadores en las distintas áreas y que la decisión de quiénes queden y quiénes no iban a seguir trabajando, se tome con la mayor seriedad y objetividad. “Y con el compromiso de decir, bueno, analizando el trabajo y el rendimiento y la situación personal de cada uno. Pero bueno, acá lamentablemente sí, tenemos que comentar de que muchos de estos empleados no van a poder seguir en esta condición a partir del primero de enero”.

 

Renovación de funcionarios

Además de lidiar con una de las tormentas más fuertes de los últimos años, apenas asumió la Alcaldía, Matías Sebely se comprometió a poner en orden las finanzas del municipio de Leandro N. Alem. Su antecesor, Waldemar Wolenberg había sido cuestionado en los últimos meses por las negociaciones de paritarias, donde la última fue luego de que los agentes se manifestaran frente al edificio municipal y que concluyó con un incremento de haberes del 25% para todo el personal e inclusive para el intendente.

Sebely había adelantado, antes de asumir, que Wolenberg se rehusaba a conformar una comisión de transición, por lo que su primera acción fue la de renovar a todos los funcionarios que conformaban el Gabinete del exintendente. Asimismo, tuvo que “sanear” contratos que estaban mal recategorizados.
“Sacamos seis plantas permanentes, que fueron las últimas que había metido el intendente, que estaban en la ilegalidad, las sacamos afuera”, afirmó a este matutino.

Asimismo, advirtió que no renovaron a 32 agentes que se encontraban con contratos sin relación, a 23 monotributistas, además de los casi 30 funcionarios que, en este caso, fueron reemplazados por otros.

Para mantener operativo el municipio, indicó que reemplazaron ya a 40 personas y solo se renovó a 25 agentes.

 

Irigoyen, Jardín, Concepción y Santa Ana

El caso más polémico pudo ser el de Bernardo de Irigoyen, donde Edgardo “Chichín” Aquino pasó fuerte la escoba el 2 de enero, “limpiando” a unos 23 trabajadores, entre contratados de planta temporal y permanente. Según aseguraron los despedidos, en la planilla figuraban un total de 40, pero varios de estos no estaban presentes por diferentes motivos y otros decidieron no asistir a la Municipalidad para que no se les notifique su cesantía.

“No son ñoquis, son gente trabajadora, con familia, acá no vamos a defender a quienes cobran sin trabajar”, había afirmado a este Diario el concejal renovador Hugo Gauna, el único edil que se expresó públicamente a favor de los despedidos.

Luego de exposiciones policiales, asambleas y con el apoyo de ATE Seccional Eldorado, Aquino convocó el sábado 6 de enero a una reunión al gremio, con el que se comprometió a revisar cada caso particular, exceptuando a aquellos que no se presentaban a realizar sus tareas.

De esta manera, tanto los delegados de ATE, con personal designado por el municipio, estudiarán los expedientes de los trabajadores hasta el 29 de enero, donde el municipio deberá brindarles una respuesta.

 

Pases a planta

En Jardín América, César Araujo también denunció contar con más de 70 empleados municipales que fueron pasados a planta permanente de forma ilegal. Por tal motivo, afirmó a PRIMERA EDICIÓN que trabajará con el actual Concejo Deliberante local para revocar esos pases otorgados por su antecesor, Oscar Kornoski.

Sin problemas

En las transiciones también se dieron casos menos conflictivos, como el Concepción de la Sierra, donde el candidato de Juntos por el Cambio, Hugo Humeniuk fue quien ganó la Alcaldía y aseguró encontrar un plantel de personal estable.

“Acá hay solamente un par en planta temporal, el resto está en planta permanente. De ese par se va a renovar solamente uno. Son unos 75 en total, 73 planta permanente, pero es temporal, luego veremos”, indicó.

Algo similar, pasó en Santa Ana, donde Mabel Pezoa volvió a la Intendencia y afirmó que tenía solo nueve agentes de planta temporario, pero que se les habló a todos, incluidos a los últimos que fueron pasados a planta permanente y se les aseguró que continuarán. “Pablo Castro ya había despedido en noviembre a los temporarios, por lo que, cuando asumí, ya no estaban más”, indicó Pezoa.

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Tags: AjusteBernardo de IrigoyenJardín AméricaJavier MileiLeandro N. AlemMunicipiosSan Pedro
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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