Las obras sociales sindicales se encuentran en un punto de decadencia tal que apenas cubren algunas prestaciones mínimas a los afiliados. Quienes optaron por las prepagas, se encontraron con que la libertad de mercado que impuso el Decreto de Necesidad y Urgencia del presidente Javier Milei, provocó una primera “actualización” de precios del 40% y una segunda que se espera para febrero de una cifra cercana, con lo cual muchos quedarán afuera del alcance de un plan de atención sanitaria privado.
Hasta allí, ejemplos de personas que cuentan con un ingreso formal o autónomo que pueden realizar aportes sociales. ¿Y los que no los tienen que van en aumento en la Argentina? Únicamente dependen de la atención que puedan recibir en los hospitales y salas de atención primaria en los municipios.
Pero no debe pasar desapercibido que muchos de los aportantes a obras sociales sindicales que no encuentran respuestas en clínicas y sanatorios, terminan en las guardias de los nosocomios del Estado.
De igual manera sucederá con los que dejen las prepagas y, lamentablemente, la salud pública quedará sobrepasada de pedidos de atención de baja, media y alta complejidad.
Si se desfinancia el presupuesto público para la salud, por menor envío de coparticipación por parte de la Casa Rosada; porque se destinarán fondos para contener socialmente a quienes se sumen a la exclusión que genera la pobreza y la indigencia, habrá miles de personas en serios problemas de acceder a la atención sanitaria.
Es allí donde las autoridades deben asumir el compromiso, al igual que con la educación, que el acceso a la salud no se debe convertir en un lujo o privilegio. Sobran muestras que una sociedad con enfermedades cuesta muchas veces al Estado más que una población con acceso a APS y prevención.
