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Ediles opositores no aprobaron la nueva tasa de alumbrado propuesta por la CELO

La concejal Mara Frontini (PRO) alegó que las autoridades de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá, no tienen entidad al no haber sido elegidas por el voto de los socios.

30 diciembre, 2023

El pasado jueves concejales obereños aprobaron la suscripción de un nuevo contrato entre la Cooperativa Eléctrica Ltda. de Oberá (CELO) y la Municipalidad, el cual establece la metodología de cobro para el alumbrado público, en la que se establece que cada uno de los socios va a pagar el 6% de alumbrado público por el consumo de energía eléctrica en su hogar, comercio o empresa.

La medida, que se aprobó durante la 35ª Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante de Oberá, contó con el acompañamiento de seis votos del bloque renovador, mientras que los tres ediles opositores votaron en contra.

La concejal Mara Frontini, del interbloque de Juntos por el Cambio-PRO, fue una de las que se opuso al proyecto, y, en diálogo con la FM 89.3 Santa María de las Misiones y Canal 7 Somos Misiones de Flow , lamentó por los obereños que deberán abonar esa tasa, sin poder tomar dimensión de lo ocurrido.

“Esto era muy injusto, sobre todo para los comerciantes, pequeñas y medianas empresas (…) se presentó al Concejo un modelo de contrato que la Cooperativa quería presentar para cobrar el alumbrado público: establecían que, para sanear las cuentas de la CELO, necesitaban cobrar el alumbrado público el 15% de la energía eléctrica que consumía cada uno de los usuarios”, recordó.

Respecto a los motivos que la llevaron a posicionarse en contra de la normativa, Frontini advirtió que fueron varios. “Primero, porque no voy a firmar ni avalar una ordenanza en la cual, quienes solicitan esto, no están avalados por el voto de las elecciones de distrito. Recordemos que en junio hubo una renuncia masiva de las autoridades de la CELO y allí se ubica a personas que no fueron elegidas por los socios”, argumentó la edil.

 

El nuevo sistema

La normativa aprobada establece que la Tasa Municipal de Alumbrado Público será del 6% sobre el ítem correspondiente al consumo de energía eléctrica, con topes máximos según la categoría de cada usuario.

Asimismo, impone a la CELO la obligación de proporcionar un informe detallado al Ejecutivo Municipal sobre las deudas pendientes hasta la fecha de entrada en vigencia de la Ordenanza, referentes al alumbrado público.

El Ejecutivo deberá tomar las medidas necesarias para garantizar su cobro efectivo, evitando cualquier condonación implícita.

“El alumbrado público es una tasa, y la tasa siempre tiene que ser lo que nosotros pagamos por un servicio que esté correlacionado. En este caso, no se correlaciona, el socio va a estar pagando por la luz de la esquina, con el consumo de energía eléctrica que tengo en mi casa, comercio u empresa. Hay negocios por ejemplo que trabajan 24 horas y tienen alto consumo de la energía. Era un 15% y como nosotros lo hicimos público, y yo fui a la CRIPCO, ahora vino un nuevo contrato donde se va a cobrar el 6% de la energía eléctrica”, se explayó la concejala y remarcó que en un principio el porcentaje era de 15% a la energía eléctrica con subsidio y ahora se modificó dejando el 6% para consumos sin subsidios.

 

Terrenos baldíos

Otro de los puntos que generó tantísimas dudas es sobre quién pagará la tasa de alumbrado público por las líneas de electricidad que cruzan por los terrenos baldíos. “Eso también quedó en una nebulosa, no es concreto. Si están con una línea de energía eléctrica, los terrenos baldíos tienen luz en las esquinas, para que no haya intrusiones, pero no está claro cómo harán para cobrar a esos”.

“En primer lugar estamos hablando de la legalidad de este contrato. Nosotros como oposición enviamos una nota a Acción Cooperativa, para que nos explique cuál es la situación de estas personas que se nombraban como autoridades (de la CELO)”, agregó la funcionaria.

Por último, dejó en claro que desde el bloque agotaron las instancias para evitar esta ordenanza. “Le pedí en la banca, que no aprobaran, que los obereños los estaban observando y aún así lo aprobaron”, cerró.

 

Conformaron una comisión revisora

La ordenanza establece la creación de una Comisión Revisora responsable de analizar trimestralmente el cumplimiento efectivo de los términos del contrato.

La comisión se basará en los resúmenes de los montos facturados por el servicio de alumbrado público, los gastos de mantenimiento y conservación efectuados, así como el plan de obras proporcionado por la CELO.

Esta comisión estará integrada por dos concejales de la mayoría, un concejal de la oposición, el Defensor del Pueblo, un representante del Ejecutivo Municipal y representantes técnicos/administrativos de la CELO.

Además, se determinó la implementación de Libros de Reclamos, Sugerencias y Observaciones, disponibles para los socios de la Cooperativa Eléctrica Limitada Oberá en la mesa de entrada del Concejo Deliberante, la Municipalidad de Oberá, la Defensoría del Pueblo y la CELO.

Tags: #OberáAlumbrado públicoCELOMara FrontiniMisiones
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FM 89.3

#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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