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En la tarde de ayer, integrantes de la CGT, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, entre otras organizaciones sindicales realizaron movilizaciones manifestando su disconformidad con el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 anunciado por el presidente Javier Milei. La protesta principal se llevó a cabo en el Palacio de Tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque también se replicó en otros puntos del país.
“El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que se conoció la semana pasada, en realidad abarca muchísimas dimensiones de la vida cotidiana de las personas (…) Me parece que el contenido en sí pasó a ser un tema secundario. Lo importante o por lo menos lo más importante, termina siendo el avasallamiento de las facultades del Congreso Nacional y los peligros institucionales que eso acarrea”, indicó el coordinador del Observatorio del Derecho Social de CTA Autónoma, Luis Ocampo, en diálogo con la FM 89.3 Santa María de las Misiones.
“Recordemos esto, también modifica, por ejemplo, la ley de alquileres, o distintas disposiciones que tienen un impacto muy fuerte en la salud de las personas”, agregó Ocampo.
El sindicalista advirtió que la movilización sería el camino más efectivo y cortoplacista para impedir que se aplique el DNU, por sobre la derogación vía Congreso o a través del plano judicial.
“Lamentablemente la forma en la cual se ha reglamentado el funcionamiento de la comisión bicameral y la intervención del Congreso en estos temas, hace que sea prácticamente imposible que el Congreso revise un DNU. En el plano judicial sí puede llegar a haber algún tipo de novedad, pero los tiempos que maneja el Poder Judicial son bastante más aletargados, así que posiblemente tampoco puede haber novedades en el corto plazo”, apuntó.
Por ello, Ocampo aseguró que donde sí puede haber algún tipo de novedad es en el plano de la resistencia política, en las manifestaciones en las calles que, adelantó, se irán multiplicando con el correr de los días. “La marcha de hoy (ayer) va a ser el inicio de un proceso del cual seguramente vamos a tener muchos capítulos a lo largo del verano”.
“El gobierno de Javier Milei tiene lo que se conoce como legitimidad de origen, pero ganar las elecciones presidenciales en nuestro país, no lo transforma automáticamente en una persona que puede hacer lo que quiere”.
Atentado a los derechos
El sindicalista detalló algunos de los puntos del decreto que consideran, desde la CTA y demás organizaciones, que atentan contra los derechos de los trabajadores. “Las organizaciones sindicales hoy (por ayer) se van a estar manifestando fundamentalmente en contra de la reforma de la legislación laboral pero no únicamente. Recordemos que esto también modifica, por ejemplo la ley de alquileres o distintas disposiciones que tienen un impacto muy fuerte en la salud de las personas”, afirmó.
A esto agregó que, “en el ámbito laboral sería muy difícil cuantificar un número exacto de la cantidad de reformas, porque es un decreto que modifica las relaciones colectivas al trabajo, modifica las relaciones individuales del trabajo, modifica la posibilidad de hacer reclamos por vía del ejercicio de la huelga o de la realización de asambleas en los lugares de trabajo”, enumeró.
Entre otros cambios, mencionó algunos que podrían generar alteraciones, en las formas de pago de los sueldos, que hasta ahora se podían hacer únicamente en una cuenta bancaria gratuita, y a partir de ahora, puede ser pagado en billeteras virtuales.
“El DNU eliminó toda referencia a la Cuenta Sueldo gratuita, no quiere decir que vayan a desaparecer las cuentas sueldo gratuitas, pero antes había una obligación de que eso fuera así, a partir de ahora esa obligación dejó de existir”, afirmó.
Asimismo, aseguró que el decreto pone en peligro el derecho a huelga.
“Hay modificaciones que le ponen límites muy importantes, por ejemplo, en el caso de los docentes que quieren llevar adelante una medida fuerza tienen que garantizar el 75% de cobertura de lo que es la prestación de servicios en un día normal”.
En este sentido, señaló que “no han encontrado un abogado, uno solo, que defienda la constitucionalidad de este decreto”.
Sostuvo que el argumento que respalda esto es el que dice que un DNU está previsto en la Constitución Nacional y que efectivamente lo está “pero la Constitución Nacional dice que tiene que haber una situación de emergencia y urgencia que lo justifique”, y desde el sector creen que no la hay.
