Uno de los puntos del Decreto de Necesidad y Urgencia anunciado esta semana por el presidente Javier Milei que más controversia generó en la provincia, después de la desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), fue la derogación de la Ley 26.737 que limitaba a capitales y personas extranjeras a comprar tierras en el país.
Uno de los primeros en manifestarse al respecto, fue el Movimiento Agrario de Misiones (MAM) quienes, a través de un comunicado de prensa, repudiaron enérgicamente el “mega-DNU”, donde señalaron que la norma pretende modificar más de 300 leyes y “es claramente inconstitucional”, porque viola el artículo 99 inciso 3 de la Constitución nacional, incorporado en la reforma de 1994, que busca atenuar el hiper-presidencialismo limitando los DNU y estableciendo con precisión los modos democráticos de proceder en tales casos, a los fines de garantizar la división y el equilibrio de los poderes del Estado.
Agregaron que contradice asimismo los mandatos convencionales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al incumplir con los requisitos de “necesidad” y “urgencia” exigidos para este tipo de decretos.
“Misiones está entre las principales provincias que más tierras extranjerizadas tiene, por encima del 10%, en general, pero hay localidades que la exceden, principalmente y coincidentemente, toda la zona forestal que tiene que ver con la presencia de la empresa Arauco”, señaló el secretario General del MAM, Salvador Torres, en diálogo con PRIMERA EDICIÓN.
Consecuencias
La liberación de compras de tierras a extranjeros significaría, según manifestaron desde diferentes movimientos sociales y profesionales, varios perjuicios a la Provincia, tanto económicos, productivos, como también patrimoniales y de soberanía.
“La Ley que se sanciona en el 2011 (la 26.737), es una ley de efectivo ejercicio soberano de nuestra patria, de nuestro país, que viene, en definitiva, a proteger el suelo, porque en el suelo está la riqueza del país. Entonces, me cuesta ver que una ley que desprotege la riqueza de la patria pueda tener efectos económicos y sociales positivos, al menos desde proyección seria”, afirmó el abogado y profesor de Derecho Ambiental de la Universidad Nacional de Misiones, José Luis Fuentes, a este matutino.
“No es solo la cuestión de la tierra que se disponga, sino que también tiene que ver fundamentalmente con el tema ambiental. No es solo que ocupa el 10 ahora el 20% a través de socios, donde se produce únicamente un monocultivo. (…) El efecto ambiental que significa un monocultivo foráneo, que también tiene esta connotación, que no se respeta un status ambiental que la mayoría de los misioneros nos gustaría”, agregó por su parte Torres.
Según el referente del MAM, esto podría dejar de lado cualquier planificación que pueda tener la Provincia. “Si dejas libre a que cualquiera venga a invertir, que plante lo que quiera sin ninguna restricción o que haga una industria sin ninguna restricción, uno, como Estado provincial o municipal, pierde la capacidad de planificación de su territorio, de cómo le gustaría a la gente del lugar que sean las cosas económicas. Esto también tiene que ver con la pérdida de soberanía”, apuntó.
La soberanía, advierten Torres y Fuentes, es uno de los valores que más peligra con esta medida y al que más se debe cuidar. “Tiene que ver con los bienes comunes, con los recursos naturales de la provincia de Misiones, con el valor geopolítico que tiene la naturaleza e, indiscutiblemente, el agua”, afirmó Fuentes.
El legista separó en dos aristas los efectos económicos y sociales que se puede generar en Misiones, a través de esta medida: una es la conservación del patrimonio provincial y que no esté a disposición de los extranjeros y la otra más focalizada en lo económico y que tiene que ver con el modelo productivo de la provincia en el sector forestal, apuntando específicamente a una multinacional radicada en Puerto Libertad.
“Tenemos, en la provincia de Misiones, aproximadamente 420 mil hectáreas, pero uno de sus más importantes propietarios es una empresa multinacional de capitales extranjeros y vemos como esta concentración juega para el mismo sector, en detrimento de los pequeños productores forestales, quienes no tienen capacidad de negociación”, afirmó Fuentes.
“No estamos en contra de que se hagan forestaciones, llegamos a un nivel que es importante que se sostenga, pero no se puede seguir transformando a Misiones en un mar de pinos”, agregó Torres.
Desplazamiento
El avance de esta multinacional no solo afectaría a los pequeños productores forestales, sino que también a otras economías regionales de menor envergadura, como ser los yerbateros.
“Estos últimos años tuvimos importantes luchas con el tema del desplazamiento de pequeños productores por parte de estas forestales. Antes era por la ruta 12, ahora se pasaron ya a la ruta 14, en la zona de San Vicente, San Pedro y siguen avanzando”, señaló Torres y agregó que, con la desregulación del INYM, caerán los precios de uno de los pocos cultivos que mantienen los propietarios de pequeñas parcelas y haría que muchísimas familias terminen vendiendo sus chacras.
“No podemos llegar a eso teniendo tantos recursos, tantas posibilidades, turismo, agricultura, producción de alimentos, que tanta falta hace todo en mundo. Hay tantas cosas que cumplen un rol social y económico más importante y dejan más al Estado, al ambiente, a las personas, que el monocultivo de pino”, finalizó Torres.
Necesidad de intervención del Estado provincial
Con el anuncio de la creación de un Instituto Misionero de la Yerba Mate, surge la pregunta de qué puede hacer el Estado provincial ante esta situación.
“El Gobierno provincial tiene herramientas para abordar la situación. En primer lugar, la orientación que está teniendo para abordar la cuestión del INYM, de la modificación del INYM, es la misma que podría tener para abordar este tema, partiendo de la inconstitucionalidad de modificar una ley, por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia. Además, la provincia tiene altas facultades para abordar la temática, dado que el artículo 124 de nuestra Constitución establece, que el dominio de los recursos naturales lo tienen las provincias, porque son preexistentes a la Nación”, especificó José Luis Fuentes.
El abogado especificó que, las provincias, se reservaron para sí, esa competencia y, desde esa mirada federal netamente, la Provincia puede desplegar baterías de acciones para esta situación.
“Sin dudas es una situación compleja y va a ameritar pensar todo un andamiaje jurídico para atacar los posibles efectos que, indiscutiblemente se va a ver si se libera la extranjerización de la tierra que ya tuvo una mengua, por un decreto también de Mauricio Macri en el 2016 y ahora ya le podría afectar de una manera mucho más profunda”, indicó.
En concordancia, el referente del MAM, Salvador Torres, indicó que el Gobierno de Misiones cuenta con autonomía y la capacidad de poder limitar la venta de tierras, como en su momento tuvo la posibilidad de adherir o no a la Ley 26.737.
“Podría llegar a generar una legislación que, en cierta forma, proteja los recursos de tierra y otros recursos también. Puede tomar un camino de poner límites o también en detrimento, en salir a buscar más inversiones de afuera. El Estado provincial tiene la potestad de gestionar un montón de cuestiones, por la autonomía que tiene en su territorio, tendría que ver eso”, finalizó.
