Si bien todas las miradas se siguen posando en los anuncios económicos, cuando el presidente Javier Milei realizó la cadena nacional, el miércoles a la noche, mencionó una medida que pasó desapercibida con respecto a las demás y que podría repercutir de manera directa en la vida de los ciudadanos: la modificación de la Ley de Manejo del Fuego.
La normativa anterior es clave para las tareas de prevención y combate de incendios forestales, además de ser una herramienta para evitar las especulaciones sobre terrenos a partir de fuegos intencionales (establece que las tierras quemadas quedan fuera del mercado por 30 o 60 años). Es por ello que tras el mensaje del Presidente, las alarmas se encendieron en grupos de ambientalistas, quienes empezaron a esperar impacientes el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para conocer cuáles iban a ser los cambios.
Sin embargo, el DNU 70/2023 que se publicó en el Boletín Oficial no hace mención alguna al ítem en cuestión.
Alarma e incertidumbre
En diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones, el abogado especialista en derecho ambiental Leonardo Villafañe se mostró desorientado acerca de los motivos por los que finalmente no hubo cambio en la normativa.
“En principio no sabemos qué pasó, si se trató de una omisión o se trató de un cambio de último momento previo a la impresión del decreto”, especuló.
No obstante, reconoció que el anuncio de Milei generó preocupación porque “vulnera varios principios del derecho ambiental”, entre ellos la “norma de no regresión” en esta materia, que establece que “no se puede ir para atrás en materia de toma de posiciones ya asumidas que beneficien al medio ambiente. Nos pusimos a buscar como locos, rastreamos todo y no hay ninguna modificación a la Ley del Fuego dentro del decreto”.
Pese a que por el momento no hay modificaciones a la normativa, Villafañe señaló que siguen atentos porque creen que con el nuevo Gobierno nacional se “puede pasar a considerar la cuestión ambiental como una barrera al progreso económico” y desregularla.
“La visión muy economicista de los fenómenos confronta con la cuestión ambiental que tiene otra mirada, apuntando a un desarrollo más sustentable en términos de cuidado del medio ambiente”, expresó y mencionó como ejemplo el efecto que podría generar una quita de regulación en sectores como la minería porque, por ejemplo, acá tenés y encontrás normas vinculadas con la minería, la desregulación total de la minería”.
Además, aclaró que si se desfinancia el sistema de control y de protección, “no hace falta ni siquiera que derogues nada”.
“Si vos desfinanciás el sistema, obviamente que vas a empezar a tener falencias en los controles y en el cuidado. Ni siquiera es necesario que se tire un DNU por la cabeza de nadie, solamente le bastará con no prestarle atención”, acotó Villafañe.
Consultado por futuras medidas judiciales, recordó que todas las personas podrían plantear la inconstitucionalidad de una iniciativa que vaya en contra de posturas ambientales, que ya adoptó la Argentina, y añadió que, por uno de los pactos que hizo el país (Acuerdo de Escazú) , todo cambio ambiental tiene que contar con una instancia de participación ciudadana previa.
