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En la audiencia por alumbrado público estallaron críticas al titular de la CELO

Usuarios cuestionaron la legalidad de la designación de Maximiliano Conil al frente de la entidad sugiriendo que fue “a dedo desde Posadas” y violando el Estatuto. El Defensor del Pueblo también planteó dudas y números que no cierran.

20 diciembre, 2023
POCA CLARIDAD. El Defensor del Pueblo reveló incongruencias, mientras que los socios pidieron que no se avale la suba.

POCA CLARIDAD. El Defensor del Pueblo reveló incongruencias, mientras que los socios pidieron que no se avale la suba.

Ayer se desarrolló la audiencia pública convocada por el Concejo Deliberante de Oberá para analizar el convenio de la Municipalidad con la Cooperativa Eléctrica que pretende incrementar la tarifa de alumbrado público para los vecinos obereños.

La jornada transcurría con normalidad, con alrededor de 15 vecinos asistentes como oradores y autoridades municipales. Hasta que dos vecinos se apartaron del tema de la audiencia y cuestionaron la legalidad de la designación de Maximiliano Conil como presidente de la entidad.

El más enfático fue Hugo Esteban Delgado quien cuestiona que el presidente tuvo dos días como socio y lo designan al frente de la CELO, violando varios artículos del Estatuto. Remarcó que “carece de legalidad” porque además nadie explica quién lo nombró dando a entender que fue puesto “a dedo” y desde Posadas.

A los concejales le pidió que no voten el convenio que encarece el servicio de alumbrado porque “ustedes fueron electos por el voto de la gente y al presidente de la CELO no se sabe quién lo eligió”.

El otro socio, Rubén Darío López, también se refirió en el mismo sentido. Recordaron que Conil se hizo socio días antes de asumir, pagando una cifra irrisoria menor a $3.000, mientras que cualquier otro socio debe abonar alrededor de $500 mil. Y se quejaron porque Conil viene dilatando el llamado a asamblea para elegir delegados y autoridades sin dar a conocer los balances de los últimos dos años de la cooperativa.

El presidente del HCD; Pablo Ullón, interrumpió varias veces a Delgado, primero pidiendo que se refiera al tema convocado en la audiencia y después para avisarle que se terminó el tiempo. Pese a ello, el socio continuó manifestándose incluso en un momento en que le cortaron el sonido del micrófono.

El mismo Conil, sentado en la primera fila de los asistentes, reclamó al presidente que ponga orden y se cruzó en discusiones con el orador.

 

Con fin recaudador

El proyecto de convenio que impulsa la Cooperativa con la Municipalidad pretende cobrar 15% en concepto de alumbrado público sobre la facturación de cada socio, lo que encarecerá la factura de los usuarios, particularmente de los comerciantes que tienen más consumo. El cambio en el sistema de cobro de tasas de alumbrado permitirá una mayor recaudación sin la garantía de que mejore la iluminación, teniendo en cuenta la crisis económica y deficitaria que arrastra la entidad.

Hay un segundo proyecto presentado por el bloque de renovadores que terminaron su mandato el 10 de diciembre donde se plantea bajar de 15% a 6% las tasas del alumbrado. Se prevé que los concejales realicen mañana una sesión extraordinaria para votar el tema.

 

Van a recaudar 41 millones de pesos

El defensor del Pueblo, Carlos Bernhardt, estuvo entre los oradores y realizó varios planteos desnudando un fin recaudador del convenio.

En su presentación explicó que a partir de la entrada en vigencia, la nueva tarifa será aplicable a todos quienes tengan conexión de energía eléctrica, independientemente del inmueble en el cual esté localizada la misma; con mínimos y máximos preestablecidos y alguna pequeña diferencia para con ciertos usuarios (como por ejemplo los jubilados).

Planteó dudas sobre los terrenos baldíos, si serán eximidos o no; si habrá diferencia entre quienes tengan alumbrado público de mucha intensidad, quienes tengan menor intensidad o carezcan de luz. También expresó su preocupación por el encarecimiento que tendrán las industrias cuya actividad que realizan es intensiva en el consumo de energía eléctrica expresando que se le podría atenuar el límite máximo a abonar.

También preguntó si ¿Los vecinos seguirán siendo quienes deban abonar los costos de materiales e instalación de las nuevas luminarias como hasta ahora (postes, cables, luminarias, etc)? ¿O los mismos están incluidos en el nuevo convenio?

Además expuso que “infiero que la recaudación actual en concepto de alumbrado público no cubre los costos del mismo y con el nuevo convenio se paliaría la situación, obviamente a costa de los usuarios; pero aquí también surgen ciertas incongruencias”. En esa línea describió que hay una recaudación estimada de entre 35 y 41 millones de pesos pero los costos mensuales de la CELO ascienden a casi 50 millones, por lo tanto “tampoco de esta manera se cubrirían los costos”.

Tags: #OberáCELOConflictoMisiones
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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