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Las PyME constructoras están en alerta por la posible caída de las obras públicas

El presidente de la Confederación de PyME Constructoras señaló que “reina la incertidumbre” por no tener un claro horizonte. Alertó además por un importante descenso de la mano de obra del sector.

8 diciembre, 2023

La decisión inminente del presidente electo, Javier Milei, de terminar con la obra pública, encendió las alertas en el empresariado de la construcción, que cumple un rol preponderante en el desarrollo de la economía local.

El presidente de la Confederación de PyME Constructoras de Argentina, Gerardo Fernández, analizó lo declarado por Milei y las implicancias para el sector, si esto llegara a pasar, además de manifestar una visión crítica del presente de la obra pública y cómo la atraviesan las empresas en los últimos años.

“Creo que es una preocupación que tenemos todos los argentinos ante lo nuevo que viene. Creo que las palabras que reinan hoy y que más se escuchan son incertidumbre, por no tener claro el horizonte de corto y mediano plazo”, expresó Fernández en diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones y Canal 7 Somos Misiones de Flow.

En ese sentido, expresó que, desde las empresas, se encuentran en una dicotomía, ya que por un lado les alegra que el presidente haya puesto sobre la mesa el valor de la industria de la construcción, pero que también haya anunciado que no habrá más obra pública “ha llamado poderosamente la atención”.

“Los primeros sentimientos han sido de profunda desesperación, angustia, tristeza, muchas sensaciones encontradas de parte de todo el mundo de la construcción”, señaló en referencia a los obreros y a todo el derrame que esto produce, como ser el comercio, la industria, al transporte, el vidrio, el cemento, la madera, el aluminio.

“Estos dichos (…) han generado un revuelo, por ponerle un nombre, en muchos sectores, no solo en la industria y creo que inconscientemente ha servido también para ser un poco de docencia y explicar lo que significa la industria de la construcción”, agregó.

Según los datos brindados por el presidente de la confederación, en los últimos meses ya hubo una baja significativa de empleo en las obras de arquitectura, que es la que realizan las PyME.

“Veníamos de un pico, llegando a la media histórica, de unos 480 mil empleos. Esto, ya lamentablemente encontró su formato descendente y en los últimos dos meses ya estamos en 420 mil, o sea ya se han bajado prácticamente 50 mil, 60 mil empleos en los últimos dos meses y, lamentablemente, la tendencia es a la baja”, afirmó.

Agravando un poco más la situación, esos números corresponden a mano de obra directa, es decir, los obreros implicados en la construcción y no contempla el trabajo indirecto o relacionado con las obras que, según sus estimaciones, podrían llegar tranquilamente al millón y medio de personas.

Precios desfasados

Fernández explicó como funciona el sistema de obras públicas y como, en los últimos meses, muchas PyME trabajaron y ni siquiera llegaron a recuperar los costos del trabajo realizado.

Por ello, se remontó a noviembre del 2022 cuando el Gobierno nacional, debía cumplir las metas del Fondo Monetario Internacional, que pedía llegar a una meta del 1,9, 2% del PBI, de exceso. “Para hacer ese ajuste que no se llegaba, en realidad lo que se hizo fue no pagar la obra pública de los meses de octubre y noviembre. Todos esos pagos de octubre, noviembre, diciembre se pasaron ya a fines de enero, febrero y ahí se produjo una distorsión, digamos, una ampliación en los plazos de pago, que nunca se recuperó”, explicó.

A esto, le sumó un sistema de medición del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para la construcción “arcaico”, donde termina relevando que resultan provisorios y atrasados, debido a la naturaleza de sus relevamientos. Es así que, todos los sistemas de redeterminación de precios nacionales y de muchas provincias, se basan para el pago de la obra pública en los datos emitidos por el INDEC. Como los primeros emitidos los días 16, 15 de cada mes son provisorios, no reflejan el verdadero aumento que hubo en el mes.

“Si tomamos en consideración que la rentabilidad de una obra pública puede rondar (…), entre un 5 y 8%, cuando usted quiera acordar, muchas obras no llegan a su fin, porque existe un quebranto en el contrato, un rompimiento de la ecuación económica del contrato”, señaló.

También agregó que si se logra terminar la obra, la empresa consume el beneficio y los gastos generales y, en el mejor de los casos para la empresa, termina una obra en la cual tuvo cero rentabilidad, desgaste de maquinaria y pérdida de capital, es decir, estaban descapitalizando.

Por último, habló sobre el problema de importaciones. “Eso ha hecho ralentizar muchas obras, porque básicamente no se pueden conseguir materiales. Entonces hay mucha obra reprogramada por falta de materiales, es un combo en donde son muchos los ingredientes que hacen a esta realidad”.

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Tags: Confederación de PyME Constructoras de ArgentinaFM 89.3Gerardo FernándezJaveir MileiRecorte de la obra pública
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FM 89.3

#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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