Durante la asamblea anual ordinaria del Consejo Vial Federal, que culminó ayer en esta localidad, las direcciones de Vialidades de todo el país manifestaron su “profunda preocupación” por los anuncios del electo presidente, Javier Milei, de paralizar la obra pública.
En este sentido, el presidente de la DPV de Misiones, Sebastián Macías, indicó que en la provincia dependen de las obras de Vialidad unos 1.500 trabajadores y sus puestos estarían en peligro si no se garantiza la continuidad del financiamiento.
“Se tomó la decisión de hacer público un documento firmado por todos los organismos del país, sin importar el color político de cada gobierno provincial porque la continuidad de la obra pública vial es un tema que trasciende a la política”, sostuvo Macías a PRIMERA EDICIÓN.
“La obra pública significa miles de puestos de trabajo, financiamiento, muchos contratos que están en marcha y tenemos que cumplir y para eso debemos saber si se da continuidad o las empresas tendrán que despedir. La obra vial le sirve a la gente para su seguridad vial, para la conectividad entre los pueblos y las provincias, para el turismo, sacar la producción del campo, para transportar alimentos y los insumos o bienes de la industria” remarcó el titular de la DPV misionera.
“Este documento no busca confrontar con nadie sino poner de manifiesto que necesitamos certezas y previsibilidad porque mucha gente y la continuidad de muchas obras dependen de estas decisiones nacionales”, dijo.
Aclaró que el presupuesto provincial “de ninguna manera” podría reemplazar los fondos nacionales para obras importantes como la autovía de la ruta nacional 14 y la ruta provincial 17. Otra de las destacadas es la travesía urbana de la ruta 12 en Posadas.
“Un certificado de una obra nacional representa un tercio de nuestro gasto, no hay forma de hacer esas obras sin aportes nacionales”, aclaró.
Pronunciamiento nacional
El Consejo Vial Federal emitió un documento expresando que “si bien hasta el 10 de diciembre, fecha en que se materializará el cambio de gobierno, no se anunciarán medidas concretas respecto al tema en cuestión, este Consejo Vial Federal manifiesta su fuerte intranquilidad no solo por la posibilidad de que se concrete lo expresado públicamente, sino porque el solo anuncio informal de la medida de desfinanciamiento de la obra pública implica para las vialidades del país gran incertidumbre, lo cual se traduce directamente en la desaceleración y paralización de las obras viales ya contratadas que se están llevando a cabo a través de convenios interadministrativos y contratos de obras”.
“Nos vemos en la obligación de comunicar y alertar el impacto negativo que implicará desfinanciar y paralizar la obra pública”, agregaron los organismos.
El consejo informó además que “la obra pública vial implica no solo la ejecución de nuevos proyectos, sino la conservación de la red existente que consiste en trabajos de mantenimiento sobre pavimentos, puentes, banquinas, iluminación y señalización” y que son “tareas indispensables para la seguridad vial de los ciudadanos” y para la salud, la educación, la producción y el turismo.
“En este sentido creemos que la inversión privada debería sumarse a las inversiones que el Estado realiza a través de los organismos viales de cada provincia. Las provincias necesitan, dependen, fundamentalmente del transporte terrestre, tanto de carga como de pasajeros. Por lo tanto, asegurar la circulación por las rutas y caminos rurales es necesario para el desarrollo económico, productivo y social de las comunidades, disminuyendo los costos del transporte”, señalaron las DPV.
Además, advirtieron que “no se puede descartar lo que implica la siniestralidad vial para nuestra sociedad en lo que respecta al incremento de la letalidad y la responsabilidad del Estado frente a un siniestro. La intervención oportuna con obras viales en rutas y caminos rurales asegura la transitabilidad y seguridad vial”.
Expresaron que “por otro lado, es necesario dar a conocer que las vialidades son el primer eslabón en la habilitación de caminos para la prestación permanente de los servicios públicos y aún más en el presente contexto de cambio climático que ya tiene fuerte impacto en las distintas regiones”.
“Por último, y no menos relevante, destacar que la obra pública también genera una gran cantidad de puestos de trabajo, directos e indirectos, que se perderían poniendo en una situación crítica a todas esas familias”, señalaron.
“Es por ello que nuestros roles a cargo de vialidades de todo el país queremos dar a conocer nuestra opinión y alertar sobre el daño que significaría desfinanciar las obras públicas y las viales en particular, ponernos humildemente a disposición para un trabajo articulado que encuentre más y mejores resultados en la construcción de nuevos caminos”, sostuvo el Consejo Vial, integrado por todas las provincias.
Fondo de combustible
El segundo tema, y no menos importante, que se trató durante el encuentro en Puerto Iguazú tiene que ver con “la distribución del fondo del combustible que recauda la Nación y se distribuye a provincias”, dijo Macías.
Explicó que “se está transfiriendo con grave retraso pero además falta una actualización de alrededor de 250%. Es decir: estamos pidiendo no solo actualización sino la continuidad”.
Sostuvo que “parte del impuesto al combustible es para Fondo Vial, para el FONAVI (viviendas), Fondo de Energía que llegan a las provincias para obras principalmente”.
