Pocos días después de que la Argentina haya decidido el 19 de noviembre quién será el presidente se activarán dos procesos en simultáneo en el Fondo Monetario Internacional en una línea que unirá a Washington y a Buenos Aires: por un lado, el organismo dará vuelta la página y pasará a sostener conversaciones con las autoridades electas para tantear la continuidad del programa vigente, y por otro, más silencioso, será el de la investigación que realizará una oficina externa del FMI para determinar si el préstamo original de 2018 tuvo sus criterios de asignación bien utilizados.
La última instancia electoral argentina será, desde ya, seguida de cerca desde los despachos de la capital norteamericana, ya que las dos opciones que podrían resultar ganadoras en el balotaje tienen visiones muy distintas sobre qué tipo de política económica llevar adelante y qué relación tener con el organismo internacional.
Se abren, en el horizonte, dos caminos posibles: una negociación nueva para recalibrar todos los aspectos del Extended Fund Facility (EFF) respecto a sus objetivos, metas y fundamentos, en el caso de una victoria de Sergio Massa.
Por otro lado, existe una promesa de recortes fiscales inmediatos y mucho más profundos de lo que exige el FMI, aunque con discusiones como la dolarización y el cierre del Banco Central -que sostiene Javier Milei- que pueden hacer ruido en los técnicos del organismo porque escapan del manual fondomonetarista.
“Renegociar” todo el acuerdo
El ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria ya anticipó en distintas ocasiones que buscará en lo inmediato, en caso de ser electo presidente, una renegociación del acuerdo actual, al que le achacó errores de diseño que atribuyó al exministro Martín Guzmán, principalmente respecto al flujo de pago de capital e intereses.
También aclaró que buscaría un consenso nuevo, con objetivos de repago al FMI atados a la performance de las exportaciones argentinas.
Si le tocara ser el próximo jefe de Estado, Massa debería encarar esa negociación en el marco de un acuerdo cuyos basamentos quedaron ya vetustos por el impacto de la sequía y por decisiones de política económica que alejaron al Gobierno del cumplimiento de algunas de las metas que son la columna vertebral del acuerdo. Principalmente la de acumulación de reservas y la fiscal.
“Mi ajuste es más fuerte que el del FMI”
Por su parte, el candidato libertario ya tuvo, después de las PASO, contacto con el equipo técnico del Fondo Monetario. El equipo de La Libertad Avanza (LLA) planteó principalmente su visión de dolarización de la economía con cierre del Banco Central incluido, y un fortísimo ajuste fiscal que haría que las metas exigidas por el FMI devinieran abstractas según el acuerdo vigente.
“Mi ajuste es más fuerte que el del FMI” o “Mi primera medida es la reforma del Estado, va a estar destinada a bajar el gasto público y reducir impuestos”, aseguró el libertario en una entrevista con TN a mediados de agosto.
Por eso, la discusión más probable con Milei en caso de que este llegue a la presidencia estaría más bien ligada a la agenda de reformas estructurales que el libertario buscaría llevar adelante.
El FMI es escéptico respecto de la dolarización como una solución para los desequilibrios macroeconómicos.
El libertario dio a entender que no pretende incumplir el acuerdo en términos de vencimientos de deuda. La hoja de ruta larga prevé que el año que viene se termine de pagar el préstamo de 2018 -financiado con el actual Extended Fund Facility- y que este EFF se pague desde 2026 hasta 2032.
Auditoría del crédito que tomó el gobierno de Macri
En paralelo, pocos días después del balotaje tendrá lugar el inicio del estudio que hará la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) del FMI, una oficina autónoma del directorio y del staff, sobre los programas de acceso excepcional de fondos que aprobó el organismo en los últimos años, entre ellos el Stand By que le otorgó en 2018 al gobierno de Mauricio Macri.
Según aclaró ante una consulta de Infobae el evaluador jefe del OEI Miguel de las Casas, “la evaluación analizará el diseño y la aplicación de los principales elementos de la política de acceso excepcional, que incluyen los cuatro criterios de acceso excepcional (que se centran en las necesidades de balanza de pagos del país, la sostenibilidad de su deuda, su acceso a los mercados y las perspectivas de éxito del programa), los procedimientos reforzados para la toma de decisiones, y las evaluaciones a posteriori”.
“En el curso de las evaluaciones de la IEO, es práctica habitual visitar los países relevantes -en este caso Argentina entre otros- para recabar las opiniones de los actores clave a nivel nacional sobre los temas evaluados.
En este contexto, está prevista una visita a Argentina, en principio, para finales de noviembre. Se prevé que la evaluación en su totalidad esté finalizada a finales de 2024”, concluyó el funcionario de esa oficina.
“Correcciones o nuevo programa”
Esta semana, el ex director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner, uno de los funcionarios que mayor involucramiento tuvo en la negociación del SBA de 2018, indicó en una entrevista con Infobae que una posible renegociación del acuerdo vigente, ya sea ante una presidencia de Massa o de Milei, “en el Fondo deberían esperar un gobierno que afronte los problemas profundos que son la macroeconomía y la inestabilidad”.
“Por eso el Fondo seguramente pida acciones concretas para seguir adelante, o un nuevo programa que sustente sus nuevas políticas. Si ganara Milei sería diferente, seguramente un sistema de reformas estructurales más profundo de lo que hayamos visto hasta ahora. Con una mayor contundencia fiscal, y en la parte monetaria, será interesante ver la propuesta de Milei dada su idea de dolarización”, concluyó el ex director del FMI.
Vencimiento
En el último mes del año habrá que repagarle al organismo poco más de 900 millones de dólares y al Gobierno se le terminaron los Derechos Especiales de Giro (DEG) para afrontarlos.
O utiliza yuanes, como ya hizo en distintas instancias del año, o bien intenta destrabar un último desembolso -pautado a priori- por unos US$ 2.700 millones.
