A la vuelta de estos lustros, con la cantidad de quejas, críticas y fallas acumuladas y a la vista, termina siendo sorprendente la exención de responsabilidades de la que goza el Grupo Z.
Movilizaciones, ásperos reclamos en audiencias públicas, críticas cotidianas y una total falta de empatía resaltan durante los últimos años sin que a cambio surjan soluciones. No conforme con cobrar una de las tarifas más altas del país, el grupo en cuestión sigue ahogando a los usuarios bajo diversos mecanismos como la reducción de frecuencias, la no reimpresión de tarjetas o estableciendo límites de recarga que resultan una broma de mal gusto en un país bajo permanente escalada inflacionaria.
Que la sociedad pueda contar con un servicio de transporte urbano de calidad es un derecho que debe garantizarse. De ello depende ir a trabajar, estudiar, ir al médico… desenvolverse.
Por ello resulta insólito que a lo largo de todos estos años y con la enorme cantidad de faltas acumuladas, el grupo en cuestión siga esquivando las responsabilidades que le caben.
