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La Cámara de Casación ordenó juzgar a Cristina Kirchner

Tras reabrir la causa Hotesur-Los Sauces. Lo resolvió la Sala I del máximo tribunal penal del país.

18 septiembre, 2023

La Vicepresidente había sido desvinculada hace dos años.

La Cámara Federal de Casación Penal revocó hoy el sobreseimiento de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, y ordenó que se haga el juicio oral y público junto al resto de la treintena de imputados, entre ellos su hijo Máximo Kirchner, por asociación ilícita y lavado de dinero en el alquiler de propiedades y hoteles pertenecientes a la familia. La decisión no incluye a su hija, Florencia Kirchner.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que la determinación la tomaron los jueces de la Sala I de la Casación, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone. El caso volverá ahora al Tribunal Oral Federal (TOF) 5, que en noviembre de 2021 sobreseyó por mayoría a los acusados. Sin embargo, eso no implica que el juicio comience en el corto o mediano plazo ya que las defensas pueden apelar el fallo de Casación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

 

Investigación

En las dos causas se investiga un presunto lavado de dinero y asociación ilícita de parte de las sociedades Hotesur y Los Sauces -de la familia Kirchner- en el alquiler de sus hoteles y propiedades a los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa. La imputación es que los alquileres se hicieron como contraprestación a las obras públicas que sus empresas recibieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

El caso fue elevado a juicio en febrero de 2019. El TOF 5, con los votos de los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg, sobreseyeron a los acusados. Explicaron que no hubo lavado de dinero porque cuando se dieron los hechos había una ley penal más benigna que la actual.

También que los fondos que se discutían estaban bancarizados, por lo que no había lavado, y que a la causa se incorporaron elementos nuevos como las elevaciones a juicio de las causas vialidad -en la que Cristina Kirchner y Báez están siendo juzgados- y Oil Combustibles -la empresa de López y de Sousa acusada de fraude al estado en la retención de impuestos- que descartan las acusaciones.

En disidencia, la jueza Adriana Palliotti votó por rechazar los pedidos de sobreseimiento. Sostuvo que los planteos deben analizarse en un juicio oral junto con toda la prueba del caso.

El fallo fue apelado por el fiscal Diego Velasco. “Los fundamentos del Tribunal son aparentes, advirtiéndose una inobservancia de normas cuya desatención acarrea sanción de nulidad, menoscabando directamente las garantías de defensa en juicio y debido proceso, con sustento en la doctrina de la arbitrariedad”, había dicho Velasco en su apelación.

Así la causa pasó a la Cámara de Casación. Allí las partes plantearon sus posturas. Por un lado, la de Cristina Kirchner y sus hijos pidió que se confirme el sobreseimiento. “Las pruebas incorporadas a la causa corroboran, fuera de toda posible discusión y sin necesidad de llevar a cabo un juicio oral, que los hechos no satisfacen ninguna tipicidad penal. Por ello, el sobreseimiento dictado debe ser confirmado”, señalaron los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy en un escrito que en noviembre del año pasado presentaron ante Casación.

Y por su parte, el fiscal de Casación Mario Villar mantuvo la postura de su colega Velasco para que se revoquen los sobreseimientos y se haga el juicio. “Son hechos muy graves en los que están involucrados funcionarios públicos. La Fiscalía se vio privada de representar a la sociedad en un juicio oral”, dijo Villar.

La causa volverá al TOF 5 que hoy tiene otra integración. El juez Grünberg ya no integra el tribunal porque cuando resolvió el caso era subrogante. Y todo indica que Obligado no podrá intervenir en el caso. Es que cuando votó por los sobreseimientos opinó sobre el fondo del caso, lo que lo inhabilita para hacer el juicio. Así, la única titular que queda es Palliotti.

 

Fuente: Infobae

Tags: Causa Hotesur-Los SaucesCristina Kirchner
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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