Ocurre siempre en la Argentina en el período preelectoral. Los funcionarios que pudieron colar a su séquito de colaboradores buscan asegurar su futuro por si en el próximo gobierno no les toca manejar la botonera exhausta del Estado vaca lechera.
El “festival” de nombramientos de empleados públicos está a la orden del día, y lo que más sorprende es que el funcionario que debía dar el ejemplo, el ministro de Economía, Sergio Massa, sea uno de los que lidera la larga lista de designaciones que se dan a conocer a diario en el Boletín Oficial.
En los últimos días, Massa incluyó en planta permanente a 800 empleados, a pesar de haber promocionado cuando asumió que no habría nuevas incorporaciones. Los nombramientos no sorprendieron, pero sí despertaron la furia de Javier Milei y Patricia Bullrich. El libertario avisó: “Todos los nombramientos que se hagan este año entrarán en revisión”.
Lo que ocurre en la Argentina con el empleo público, donde hay trece provincias que tienen más trabajadores estatales que en el sector privado, fue llevado al cine en una entretenida comedia italiana titulada “Quo vado?”, que en la Argentina se llama “¡No renuncio”, protagonizada por Checco Zalone, en el rol de un ciudadano que siempre soñó con un trabajo seguro y consiguió un “puesto fijo” en caza y pesca, donde sellaba licencias de cazadores y pescadores.
El tema de los empleados no solo es motivo de sorna en Italia. En España uno de los chistes más contados relata cómo, en una entrevista, le consultan a un hombre en qué le gustaría reencarnar en caso de tener una segunda vida mejor. La respuesta es: “La verdad que no sabría decirle, porque soy funcionario”.
Pero el “imperio del empleo público” construido en la Argentina a fuerza de despilfarro del gasto y maquinitas de imprimir billetes, tiene poco de gracioso.
Si algo dejará el kirchnerismo en la historia de la burocracia estatal es la enorme cantidad de empleados públicos que incorporó. Los nombramientos de Massa se producen luego de que durante el corto ministerio de Silvina Batakis se dispuso un congelamiento de vacantes en el Estado.
A pesar de eso, en los últimos meses, decenas de resoluciones autorizaron llamados a concurso para cubrir cientos de cargos en ministerios y organismos estatales. En los círculos políticos bromean con que el nombramiento de gente es directamente proporcional a la caída en las chances de Massa de llegar al balotaje.
El proceso empezó en 2008, mediante la firma de un convenio colectivo con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). El 5 de septiembre de ese año, la entonces presidenta Cristina Kirchner y Massa, entonces su jefe de Gabinete, homologaron el convenio mediante el cual se reguló el empleo público.
Ahora, además de Massa, el Ministerio del Interior cubrirá 328 cargos en su planta permanente, y el de Seguridad, 200, entre otros. En los últimos meses, decenas de resoluciones autorizaron llamados a concursos para cubrir cientos de cargos en ministerios y organismos estatales. Eso sí, los que no trabajan en el Estado se encuentran impedidos de participar. Todo es cerrado.
La Jefatura de Gabinete autorizó que se sumen 30 empleados más a la planta permanente de la Procuración del Tesoro. Entre julio y agosto se abrieron dos concursos para 328 cargos en el Ministerio de Interior. En julio, además, hubo 102 para el Instituto Nacional de Vitivinicultura y 198 para la Jefatura de Gabinete; 19 para el Ministerio de Trabajo, y 17 para el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.
Un mes antes se abrió el concurso para pasar a planta permanente 80 empleados de la Superintendencia de Seguros de la Nación, mientras que la Jefatura de Gabinete se aseguró unos 205 cargos.
Números para el asombro
La relación entre empleo público y privado funciona en la Argentina a la inversa de la mayoría de los países del mundo occidental.
Aquí, el 37% de los asalariados registrados desarrolla sus actividades en la administración nacional o en las provinciales y municipales. Es decir, cuatro cada diez trabajadores son empleados públicos. El empleo privado formal está prácticamente estancado desde 2011, en términos de la población.
Y el empleo público crece inercialmente, especialmente en jurisdicciones más dependientes del Gobierno nacional y que menos apuestan al sector privado.
Pero el dato que más impacta es que no son pocas las provincias argentinas donde el número de personas con empleo público supera al de empleados del sector privado registrado. Según los expertos que siguen el tema, se trata de un “círculo vicioso” retroalimentado con las reiteradas crisis económicas.
La única forma de cortarlo, de acuerdo con los especialistas, es con mayores incentivos para la creación de puestos en la actividad privada. El problema es que antes el sector privado debería tener las condiciones para incorporar a las millones de personas que dependen a un plan social para sobrevivir.
Provincias sorprendentes
La lista de provincias donde reina el “puesto fijo” la encabeza Formosa, donde el 70% de los empleados con aportes tiene un empleo estatal. Los otros distritos que completan el ranking y tienen más empleo público que privado registrado son La Rioja (67%), Catamarca (65%), Santiago del Estero (61%), Jujuy (59%), Chaco (56%), Misiones (55%), Corrientes (52%) y San Luis (50%). Para economistas se trata de un problema estructural. Y a la hora de responder si el empleo público es causa o consecuencia de las reiteradas crisis económicas, dicen que ambos.
Es que tener un Estado grande y sin financiar lleva a un estancamiento de la economía, a la inflación actual. Pero también es respuesta, porque a la falta de oportunidades y de desarrollo productivo real, en muchas provincias la salida a la crisis se convirtió en la creación de empleo público.
El círculo vicioso se retroalimenta, con pocos incentivos a desarrollar el empleo privado en las provincias, y termina teniendo un componente político, porque es casi un voto asegurado.
Empleo en negro en alza
Según un estudio de la Fundación Mediterránea, el 45,5% de la economía argentina se encuentra no registrada.
En Chaco, por ejemplo, ese porcentaje sube al 63,8%; en Salta, a 61,1%, y en Jujuy, 60,4%. El trabajo del IERAL refleja que en 13 de las 23 provincias argentinas el empleo público supera al empleo privado formal.
Quienes siguen el tema explican que hay mucha disparidad en la producción del PBI Nacional. Por ejemplo, Capital Federal produce el 22%, la provincia de Buenos Aires un 30% y Córdoba, 8%. Pero hay provincias que no aportan ni el 1% del PBI.
Al desmenuzar lo ocurrido en los últimos diez años, en casi todas las provincias argentinas aumentó más la cantidad de empleo público que el número de puestos en el sector privado.
Mientras que en Tierra del Fuego el trabajo privado cayó 3%, el estatal aumentó 49%. Un caso similar al de San Juan, donde el empleo registrado privado se contrajo 7%, pero la cantidad de trabajadores del Estado ascendió en 27%.
En la última década, solo en tres provincias se dio la relación inversa: Catamarca (20% privado versus 18% público), Córdoba (6% versus 4%) y Neuquén (37% versus 34%).
La que incentiva al sector privado
El caso de Catamarca obedece a que el Gobernador generó mecanismos de incentivos, con exención de impuestos y el desarrollo de sectores como el litio, que se convirtió en modelo. ¿Ejemplo a seguir? Los empresarios responden en forma afirmativa.
Para la Bolsa de Comercio de Córdoba, mientras mayor sea el nivel de transferencias per cápita que ejecuta la Nación hacia las provincias, mayor es el nivel de ocupados en la administración pública cada mil habitantes.
Según los últimos datos disponibles, en este caso el ranking es liderado por Tierra del Fuego, con 125 empleados estatales cada 1.000 habitantes. Le siguen Catamarca (con 113), La Rioja (109) y Neuquén (106). En el otro extremo está Córdoba (34 empleados públicos cada 1.000 habitantes), Buenos Aires (36) y Santa Fe (40).
La paradoja del empleo público y el superávit fiscal
En los últimos diez años, la planta de asalariados del sector público registró un crecimiento del 26,5%, según un informe del instituto IARAF. De 2.707.000 trabajadores en enero de 2013, actualmente hay 3.423.000. Una cifra que, incluso, aumentó 17,4 puntos porcentuales por encima del crecimiento poblacional.
Pero se dio una paradoja: en los últimos años, algunas provincias empezaron a registrar superávit fiscal. Esto se explica por la caída en términos reales que tuvo el valor de los salarios de los trabajadores estatales, producto de la inflación. Aunque las provincias y la Nación siguieron recaudando más vía impuestos, en términos nominales, el ajuste del presupuesto llegó por salario y la consecuente pérdida de poder adquisitivo.
A pesar del crecimiento del empleo público, por la inflación el 14% de los empleados formales públicos se encuentran por debajo de la línea de pobreza. A pesar de trabajar para el Estado, sus ingresos son insuficientes para comprar los bienes y servicios mínimos que se necesitan para satisfacer las necesidades básicas.
Argumento
Los especialistas advierten, además, que la ley de Coparticipación no genera “los incentivos correctos”. Hoy, las provincias que más reciben coparticipación en relación con lo que aportan, son las que más empleo público tienen. En vez de obligarlas a desarrollarse productivamente, poder recaudar más y así tener autonomía, esa plata sirvió para hacer crecer al Estado, y los potenciales votantes.
