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Hipotecados UVA: advierten que las cuotas ya tienen subas acumuladas de 1.400%

El pago de las cuotas se lleva hasta el 80% de los ingresos de varias familias. Hipotecados exigen una solución urgente.

9 septiembre, 2023

A través de distintos representantes del colectivo que las representa, las más de 100.000 familias afectadas por la suba sideral de las cuotas y los montos de los créditos UVA brindaron detalles del drama financiero y habitacional que atraviesan ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado.

Los endeudados piden modificaciones al proyecto de modificación que tuvo aval en Diputados, y que entre otros aspectos establece cuotas determinadas por la variación salarial y no desarticula el funcionamiento de la UVA atada a la inflación y en gran medida mantiene la oferta de créditos tal como viene funcionando. Los tomadores del crédito solicitan retrotraer el escenario de deuda a 2019 y una reducción contundente en la relación cuota/ingreso. En la actualidad, el pago de los créditos UVA demanda hasta el 80% del ingreso de varias de las familias impactadas por el sistema.

Durante la exposición en Senadores, las y los integrantes de Hipotecados UVA señalaron que desde 2018 a este momento de 2023 el valor de las cuotas acumuló una suba del orden del 1.400%. Se remarcó, además, que el proyecto que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados solo hace hincapié en que los tomadores del crédito cumplan con los pagos establecidos por el sistema financiero.

Entre otros aspectos de esa propuesta, se expuso que la colocación de una referencia como el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) no soluciona la situación de merma agravada de la capacidad de pago. Y se enfatizó el temor a la pérdida de las viviendas únicas y familiares que padecen miles de endeudados en todo el país.

 

Ingresos amenazados

Desde Hipotecados UVA, Claudia Pilo, una de sus representantes, comentó a iProfesional que la iniciativa con aval de Diputados “no incluye a todas las familias que compraron una vivienda única, familiar y para residencia permanente”, y tampoco “habla del brutal endeudamiento que sufrimos quienes tomamos el crédito”.

“Por otro lado, no pone tope a la relación entre el valor de la cuota y el ingreso familiar. Cuando calificamos para los UVA esa relación no era mayor al 25%. Hoy dentro del colectivo tenemos a personas que destinan entre el 50 y el 80% de sus ingresos al pago del crédito. Los que antes calificábamos hoy de seguro no tendríamos posibilidades por ese mismo aumento de las cuotas y las deudas”, afirmó.

En cuanto a los testimonios que se brindaron en Senadores, Mara Amín Eddine expuso que aún resta pagar “25 años de ese crédito, saqué 2.900.000 pesos y mi deuda llega a casi 40 millones y fue para comprar mi casa, no para hacer un negocio”.

“Hacemos malabares para pagar las cuotas y somos personas que no duermen por miedo a que nos quiten o rematen las casa porque primero pagamos la cuota, después planificamos el mes. No queremos que nos regalen la casa, queremos poder pagarla con dignidad”, remarcó.

Por su parte, Paola Gutiérrez leyó una carta de María Isabel Batalla, endeudada de Río Grande, Tierra del Fuego en la que se señaló: “Salí sorteada para obtener mi departamento del Procrear que era financiado a criterio UVA y era de 1,5 millones de pesos. Hoy tengo una deuda de 11 millones y medio. Soy empleada de limpieza y mi esposo cobra una jubilación mínima. Les pido que revean este crédito y piensen en la gente que piensa en el sueño de la casa propia”.

 

Aumentan las deudas

Cristian Rubio, abogado de las familias fueguinas, comentó que “el sistema UVA desnaturalizó las prestaciones y desde 1991 -con la Ley de Convertibilidad- tenemos una prohibición de indemnizar deudas”.

“La cuota está sujeta a dos imposiciones. La Unidad por Metro Cuadrado y el Coeficiente de Estabilización de Referencia. Los bancos convirtieron una deuda de dinero en una deuda de valor, pero la gente no recibió dólares ni viviendas, recibió pesos”, dijo.

Para luego añadir: “La actualización pasa por dos índices de actualización, el de UVA y el sistema de indexación. Esto es lo que cuestionamos judicialmente porque hay un viraje regresivo en materia legislativa y están involucrados derechos constitucionales reconocidos”.

Otro endeudado por iProfesional afirmó que en la actualidad afronta pagos mensuales de 110.000 pesos siendo que hace menos de 5 años abonaba 8.000. “Saqué 1,7 millones de pesos para hacer mi casa. Estoy al día, con 59 cuotas pagas. Y hoy debo 20 millones”, graficó.

En el seno de los hipotecados se aguarda por un pronunciamiento de Senadores en sintonía con los pedidos de cambios en el proyecto avalado por la Cámara de Diputados. Mientras tanto, enfrentan cuotas que parecen no tener techo a partir de un contexto inflacionario que multiplica deudas y preocupaciones.

 

Un caso que sienta precedente

El juez federal del Juzgado N° 2 de Córdoba dictó recientemente una medida cautelar que favoreció a una docente próxima a jubilarse, que padece una patología grave, y que se le hizo imposible pagar la cuota de un crédito UVA porque aumentó exponencialmente y se acercaba al 62% de sus ingresos.

La mujer había tomado deuda por un monto de dos millones de pesos y ahora debe 25 millones. El juez ordenó reducir la cuota de $250.000 a $170.000 mensuales mientras dure el juicio.

Con esta medida, basada en la Convención Americana de los Derechos Humanos, le permite a la mujer una mejora y atenuación de este aumento, se produce mes a mes, para todos los deudores. De esta manera, la demandante va a poder seguir con el juicio sin peligro a una eventual ejecución hipotecaria.

El abogado penalista Enrique Novo habló con Cadena 3 y señaló que, a varios años de la implementación de este sistema de Unidades de Valor Adquisitivo, la solución no aparece. “Las medidas protectivas de la Justicia en derechos humanos son el único remedio”, indicó el letrado.

Fuente: Agencias de Noticias y Medios Digitales

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Tags: ArgentinadiputadosHipotecarios UVA
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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