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La invasión de tierras pone en jaque a las comunidades originarias de Misiones

Integrantes de la aldea Yvy Pora Marangatu, de Mártires, denunciaron venta de terrenos sin autorización. Desde Takuapi Mirĩ, en Delicia, confirmaron “una violenta extracción de árboles nativos” en su territorio.

8 septiembre, 2023
RESPETO. “Las comunidades indígenas necesitamos del monte”, aseguró el cacique de Yvy Pora, Marcial Giménez.

RESPETO. “Las comunidades indígenas necesitamos del monte”, aseguró el cacique de Yvy Pora, Marcial Giménez.

La invasión de tierras ancestrales pone en jaque a las comunidades originarias en distintos puntos de Misiones. En este contexto, el miércoles último por la mañana se reunieron los caciques de distintas comunidades donde comentaron la situación de conflictividad en la localidad de Mártires en territorio de la tekoa Yvy Pora Marangatu donde señalaron que “los jurua (blancos) no respetan el territorio como tampoco a las familias”.

En un documento, que posteriormente será elevado a las autoridades municipales y provinciales, detallaron que “constantemente entran a robar maderas, destruyendo la selva, remedios naturales, hierbas medicinales, frutos de los animales y todo lo que el monte nos ayuda para que podamos vivir tranquilos”.

A todo esto, denunciaron que “en cuanto a la tierra muchos avivados venden nuestro territorio sin autorización y no respetan nuestro derecho tal cual establece el convenio 169 de la OIT, la Constitución Nacional en su artículo 75 inc. 17 y 22, convenios supranacionales y la ley provincial”.

Consultado al respecto, el cacique de Yvy Pora Marangatu, Marcial Giménez, explicó a PRIMERA EDICIÓN que en la aldea, ubicada en el lote 64 de la localidad de Mártires, viven alrededor de 17 familias, que suman 79 personas entre mujeres y niños.

“Hay algunos que saben cómo vivimos, nuestra cultura y nuestras costumbres, nosotros queremos cuidar este monte que queda todavía, son 108 hectáreas en total, pero quedan alrededor de 103 hectáreas de monte porque ya se llevaron toda la madera. Hace una semana atrás seguían robando, la gente no respeta la naturaleza que queda y siguen destruyendo”, comentó indignado.

En consecuencia, Giménez contó que decidieron reunirse para proteger el espacio de monte que les queda. “Las comunidades indígenas necesitamos del monte, en la ciudad no podemos vivir nuestra cultura, mostrando nuestro estilo de vida, por ese motivo nosotros queremos proteger este pedacito de tierra”, destacó.

Asimismo, manifestó que en la zona se vendieron terrenos de forma ilegal y que ya hay al menos cinco familias, con un total de 30 personas, que residen en una parcela de tierra cercana a la comunidad originaria. “Nosotros hicimos una exposición y una denuncia, ojalá que el Estado escuche nuestro reclamo”, agregó.

Aclaró que el territorio no se encuentra relevado dentro de la ley 26.160 aunque apuntó que “es un territorio actual de los pueblos indígenas. Hubo mucha gente que vivió dentro de este monte, incluso hay un cementerio, nosotros como pueblo estamos tratando de recuperar y ganar este pedazo. Si llegan a salir los papeles a nombre de nuestra comunidad, los blancos van a perder, varias veces vino gente que compra y me dicen que quieren hacer algo, pero tratamos de hablar pacíficamente y explicarles la situación”, describió.

 

Desmonte en Delicia

La comunidad mbya guaraní Takuapi Mirĩ, ubicada en Colonia Delicia, afirmó que se llevó a cabo “una violenta extracción de árboles nativos” en su territorio comprendiendo tal demarcación un total de 558 hectáreas relevadas en el marco de la Ley 26.160.

En la zona habitan 15 familias compuestas en su mayoría por mujeres y niños, cuyo sustento principal deriva de los recursos que obtenemos del monte como del arroyo que además es la única fuente de agua que disponen.

De acuerdo a un peritaje efectuado por un profesional, que fue elevado al Ministerio de Ecología de la provincia de Misiones, la comunidad afirmó que “ha sufrido el avance de particulares en el polígono suroeste de nuestro territorio ancestral, sector que cuenta con 125 hectáreas de bosque, cuya proximidad y atributos biológicos lo hacen indispensable para nuestra subsistencia. Allí se ha constatado la afectación de 103 hectáreas (más del 82% de la superficie del polígono), de las cuales 43 hectáreas fueron convertidas a suelo desnudo por tala raza, incluyendo diseño y quema de escolleras, sin dejar faja perimetral de lotes ni fajas protectoras de vertientes y cursos de agua”, precisaron.

 

DESMONTE. Unas 43 hectáreas de Takuapi Mirĩ se convirtieron en suelo desnudo.

 

Asimismo, indicaron que “83 hectáreas han sido objeto de una violenta extracción de árboles nativos mediante uso de maquinaria pesada que ha dañado profundamente el ecosistema y los cursos de agua que son nuestros suministros naturales de agua”.

El cacique de Takuapi Mirĩ, Francisco Silva, manifestó a este Diario que durante una recorrida por el lugar comprobaron que “echaron el monte a 1.500 metros de la comunidad.Teniendo como relevamiento territorial que ejecuta la ley 26.160, encontramos donde destruyeron los árboles y limpiaron, ahora estamos reclamando y no vamos a permitir que se plante eucalipto o pinos”, sostuvo.

Reveló que ahora buscarán recuperar los árboles nativos perdidos mediante plantaciones de estas especies en la zona afectada.

 

Denuncia

Cabe recordar que la denuncia se realizó en la Comisaría de Delicia UR III el día 26 de agosto del corriente año y se dio aviso al Ministerio que realizó la constatación a través de sus inspectores labrando acta N° 00007530 el día 30 de agosto del 2023.

Según manifestaron “en su oportunidad se nos ha informado extraoficialmente que quienes habrían ingresado y llevado a cabo el desmonte serían de la empresa Macovalle sin que pudiéramos acceder a mayor información y que el mismo estaría autorizado por la autoridad de aplicación (Ministerio de Ecología y RNR) a través de una Resolución dictada en el marco de un plan de manejo”.

“Todo lo cual desde ya manifestamos que de existir estaría violentando nuestros derechos constitucionales al no haberse dado debida participación a nuestra Comunidad en su tramitación a través de la consulta libre, previa informada y de buena fe”, agregaron.

Aun en ese contexto, aclararon que “ninguna autorización permite una deforestación de esta naturaleza pues la reglamentación de OTBN en zona verde exige el consenso con pobladores afectados, fajas de selva en torno a vertientes, perímetros de lotes y cursos de agua, por su parte se han apeado arboles protegidos violando con ello la normativa establecida en la ley de bosques entre otros, sobre la superficie de los lotes individualizados como 85, 86, 87 y 88 de Mado”.

Tags: #TierrasGuaraníinvasiónMártiresmbyaMisionesYvy Pora Marangatu
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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