Al margen de las subas de combustibles, patentes, seguros, VTV y el mantenimiento de los vehículos y demás se suma ahora la polémica por el cobro de los peajes en las rutas nacionales porque, desde noviembre, la concesión del Corredor Vial 18 (que involucra a las rutas nacionales 12 y 14) volverá a quedar en manos del Estado y se le cuestiona a éste que, en vez de “eliminarlo” ante la falta de transparencia en el uso de los fondos recaudados y de la disponibilidad de caminos alternativos, se perpetuará la obligatoriedad de pagarlo.
“Tal como está implementado ahora, no es un peaje sino un impuesto al tránsito. El dinero recaudado no siempre se utiliza eficientemente en el mantenimiento de las rutas y además es arbitrario porque lo pagan todos, directa o indirectamente, porque hasta cuando comprás un kilo de yerba lo estás abonando”, dijo a FM 89.3 Santa María de las Misiones, Ricardo Lasca, integrante del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial, desde donde ya se sentó postura al respecto a partir de los cambios.
Lasca fue entrevistado a raíz de que el 31 de octubre próximo vencerá el actual contrato de concesión que tiene la empresa Caminos del Río Uruguay SA en el Corredor Vial 18 (rutas nacionales 12 y 14) y Puente Rosario-Victoria (ruta nacional 174), pero se continuará cobrando el canon a través de la empresa del Estado “Corredores Viales SA”.
La “maniobra”, según Lasca viene a ser otro mecanismo para “podar” los bolsillos de la clase trabajadora.
En ese sentido, el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial había salido a rechazar el paso de manos mediante un comunicado donde volvió a advertir a la ciudadanía sobre lo que va a ocurrir desde el primer día de noviembre.
Si bien, el cobro de peaje es un tema que genera diversas opiniones porque algunas personas lo critican argumentando que puede resultar costoso para los conductores, otros aducen que los peajes son necesarios para financiar la infraestructura vial y garantizar su buen estado.
No obstante, según Lasca, el sistema de peaje en Argentina, “simplemente es un impuesto al tránsito”, donde todos pagan, directa e indirectamente, porque no se ofrecen caminos alternativos y por lo tanto, hasta quien “compra un kilo de yerba lo paga”, cuestionó.
Y agregó: “Parece que tener un vehículo es un castigo que nos afecta a todos”.
“Aunque parezca mentira, al haber bajo el caudal de tránsito, lo que se recauda se gasta en el costo operativo en las estaciones de peaje sin volcarse plata a las obras y por ello es el Estado nacional o a veces las provincias, los que terminan aportando los fondos para las obras de envergadura”, aclaró Lasca sobre la duda de porqué hay concesiones de peaje si de todas maneras Obras Públicas se hace cargo de las reparaciones u otras obras.
“Generalmente para las obras de gran envergadura la plata sale del impuesto de todos y encima nos siguen cobrando en las estaciones. Es el caso del puente Rosario-Victoria”, insistió.
“Impuesto al tránsito”
Básicamente el planteo formulado por el Comité Nacional Defensa del Usuario Vial, es que el peaje, tal y como está implementado el sistema de manejo de ese dinero en Argentina es el de un “impuesto al tránsito”.
“En otras rutas existentes en el mundo que cobran peaje existe camino alternativo libre de pago, pero aquí no. O sea, todo lo contrario a lo que es una forma lógica de cobrar un sistema de peaje. La realidad nos muestra que son una caja política. Esto viene desde la década del 90 no es de ahora. Han cambiado los gobiernos y seguimos con más de lo mismo”, acotó Lasca.
Para quien es inadmisible que “ahora nos van a implementar este traspaso a manos de esta empresa indebida, irregular e innecesaria, que tiene déficit y que además cuenta con una simple oficina y no posee estructura para mantener o hacer obras en la ruta”.
Con ese escenario, lo más factible que ocurra es que para hacer obras se contrate a una empresa privada.
