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Productores denuncian que la inseguridad rural no se detiene

El referente de los autoconvocados, Sergio Delapierre, indicó que continúan sin tregua los casos de abigeato y robos en las chacras. Marcó que las unidades de policiales rurales no tienen recursos suficientes para combatir el delito. “Si salís y no dejás a nadie, seguro algo te van a robar”, ejemplificó.

25 agosto, 2023

La imagen impacta por su crudeza. A metros de los restos de una vaca faenada durante la noche y en pleno campo del norte provincial, se encontraba un novillo que con solo verlo se podía suponer que jamás había llegado a conocer la luz.

“Fue en Nueve de Julio hace una semana y media. Se trató de un caso de abigeato doble porque la vaca estaba preñada. Se mató a la madre y dejaron al feto terrible porque todavía no había nacido”, explicó el vocero de los productores autoconvocados del norte misionero Sergio Delapierre.

 

Sin soluciones

Casi en un tono de resignación, el productor yerbatero indicó que los casos de inseguridad rural no cesan en la provincia y reveló que los productores ya no quieren hacer las denuncias porque “saben que no va a pasar nada y es solo una pérdida de tiempo”.

“Un colono de la zona de Colonia Mado me contó que le entraron a robar a su chacra plantas de paraísos y después apareció en su casa una persona queriéndole vender esa madera que le había robado. Hizo la denuncia, pero el colono no pudo llevar abogado por una cuestión económica a la hora de declarar y el delincuente si lo hizo. Es todo una locura”, relató Delapierre.

En diálogo con PRIMERA EDICIÓN, reconoció que el delito rural es difícil de comprobar una vez que se perpetra y por eso hizo énfasis en que hay que trabajar en su prevención. Para eso mencionó que es necesario mayor inversión y modificar el código penal, el de procedimientos de la Nación y endurecer las penas con “leyes más severas para el que delinque”.

“El Estado no puede quedarse callado y no hacer nada. Hay que cambiar las leyes. Yo creo que el responsable es el Poder Legislativo, tanto de la Nación como de la Provincia. Si no modifican la normativa, no se puede hacer nada”, añadió.

Casos que crecen

Si bien dijo que mermó el robo de yerba porque “la hoja verde no vale nada”, sostuvo que recibe cientos de denuncias de robos de herramientas en la chacra como ser motosierras, desmalezadoras, cables, etc.

Indicó que se observaron una caída del delito en el sector donde están los destacamentos de delitos rurales, pero aclaró que alcanza solo a una parte geográfica mínima. También agregó que estas unidades carecen de los recursos y la infraestructura suficiente para combatir los robos.

“Tenemos el problema que las unidades de delitos rurales tienen coches que no están en condiciones, no poseen el suficiente combustible entre otro montón de problemas”, acotó.

 

“No estamos seguros”

En ese contexto, Delapierre enfatizó que “el productor no está seguro en su chacra. Mientras no cambien las leyes, el productor jamás va a poder sentirse seguro”, reiteró el exintegrante del directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate.

 

Estadísticas oficiales

En abril de este año la Policía de Misiones, que depende del Ministerio de Gobierno, emitió un comunicado para anunciar que los delitos rurales en la zona norte y centro de la provincia se redujeron en un 50% respecto al primer cuatrimestre del 2022.

Dividiendo por delito, el texto oficial sostenía que el hurto de ganado se retrotrajo un 90%, el de hoja verde un 67%, el apego ilegal de madera 25%, los delitos que atentan contra la propiedad un 30%.

“En relación al delito de contrabando, las autoridades están trabajando en articulación con las fuerzas federales, y hasta el momento han interceptado cargas de granos que ingresan irregularmente a la provincia o bien desvían su punto de destino. En este mismo contexto, las intervenciones del operativo territorial lograron detectar contrabando de cigarrillos, combustible y también los agentes incautaron estupefacientes”, concluía el comunicado.

No obstante, Delapierre desacreditó las estadísticas oficiales y, por lo contrario, manifestó que no reflejan lo que está ocurriendo. “Eso es una contabilidad de lo que está registrado. Pero la mayoría decide no denunciar. Todos los dirigentes de productores saben que están robando por todos lados, eso es así”, refutó.

Siguiendo con esa línea, ejemplificó que si una persona sale de su casa y no deja nadie en su chacra, seguramente a la vuelta encontrará que le robaron algo. Asimismo contó acerca de la “modalidad de robo sorpresa” que viene creciendo.

“Es el hombre que va en su camioneta con la motosierra, la desmalezadora y la pulverizadora para trabajar todo el día. Lo deja atrás del vehículo, empieza con sus tareas, se aleja del coche y personas que están escondidas en las malezas le roban algunas de las herramientas del vehículo. Es una modalidad que se ve mucho en espacios que están cercas de lugares poblados.”, narró.

 

“No hay recursos”

Acerca del trabajo con el Ministerio de Gobierno, apuntó que “autoconvocados siempre se prestó para lograr acuerdos y eso siempre se mantiene. Fue una orden del Gobernador y no vamos a cambiar”, remarcó.

Aún así, consideró que la cartera que conduce, Marcelo Pérez, “no tiene recursos para mejorar” y lo argumentó con los últimos episodios que ocurrieron.

“Eldorado recibió cuatro agentes hace pocos días, cuando según los cálculos de los foros de seguridad necesitábamos 50 personas para equipar las unidades”, confirmó.

Luego, aclaró: “Nosotros entendemos que no hay recursos y no queremos culpar a nadie. Pero si vamos a la realidad, se está castigando mucho a la gente del interior”.

Por último, consideró que es necesario trabajar en “un programa de cambio en las inversiones en seguridad.

Una vez en el Ministerio de Gobierno nos prometieron tres cámaras como prototipo para vigilancia en el interior. Pero después pasó que no había esas cámaras y quedó así. Nosotros nos quedamos en el molde porque nos sometemos a la realidad”, concluyó el referente de los productores autoconvocados.

Tags: #InseguridadMisionesProductoresSergio Delapierre
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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