Los efectivos policiales Aníbal Aldo Gabriel Villalba, hoy de 36 años, y el Luis Albino Rotela de 44, serán juzgados a partir de mañana por el Tribunal Penal 2 de Posadas por varias acusaciones vinculadas a la muerte violenta de la docente Mirta Carmen Rosa (47) hallada sin vida en el barrio Los Potrillos de Garupá, el 14 de febrero de 2013.
El oficial Villalba se encuentra imputado por “incumplimiento de los deberes de funcionario público, abandono de persona agravado por el resultado de muerte en concurso ideal y falsificación ideológica de instrumento público en concurso real”.
La acusación para el suboficial Rotela se diferencia únicamente en que no está sospechado de “falsificación ideológica”.
El crimen de Mirta Rosa sacudió la opinión pública y se enmarcaría en uno de los casos más graves de violencia institucional.
Ocurrió el jueves 14 de febrero de 2013 y la víctima fue una docente jubilada que padecía esquizofrenia. Su cadáver apareció en un descampado del barrio Los Potrillos de Garupá. Tenía lesiones gravísimas en el cráneo y otras partes del cuerpo, entre ellas rotura del tabique nasal y estallido de vejiga. Pero también sus muñecas tenían marcas de la sujeción de esposas.
Entre las circunstancias de su muerte e intento por ocultarla fue el reclamo de la propia familia de la víctima que aportó el testimonio revelador de un matrimonio que aseguró haberla asistido ese día, poco después del mediodía, porque se acercó a pedir agua para beber y estaba claramente desorientada.
Llamaron a la Policía y una patrulla de la comisaría Quinta (de la Unidad Regional X) fue a buscarla. En esa camioneta viajaban el oficial Aníbal Villalba y el sargento Luis Rotela la habría ubicado y presuntamente trasladado a la seccional para que la asistieran.
De acuerdo al expediente la llevaron y por algún motivo su cuerpo apareció sin vida en Los Potrillos y ninguno de los dos uniformados reconoció que, horas antes, se la habían llevado del domicilio de los vecinos que pidieron la ayuda a quienes, por función y carga pública, debían cuidarla y no haberla arrojado golpeada y sin vida en un descampado.
Trajín largo
La situación procesal de ambos acusados se inició con las actuaciones del juez de Instrucción 6, Ricardo Walter Balor, quien los imputó por “homicidio agravado”.
Con posterioridad, el Tribunal Penal 1, que hace diez años cumplía también las veces de Cámara de Apelaciones, revocó la calificación. Entendió, en coincidencia con los planteos de la defensa, que no se probaría el dolo, la intención de matar, y de esta manera no había fundamentos para sostener la hipótesis del homicidio.
El juez Balor se apartó de la causa y recayó en el Juzgado de Instrucción 7, en ese momento a cargo de José Alberto López. Este juez los excarceló posteriormente en medio de un polémico episodio en el que el padre de uno de los detenidos se trepó a una antena de comunicaciones de Casa de Gobierno.
Meses después, los planteos de las defensas pasaron a la flamante Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores de la provincia.
El juez José López fue designado presidente de la cámara y no pudo intervenir, en virtud de que lo había hecho en la etapa de instrucción.
De todas maneras, el expediente continuó en manos de Carlos Jorge Giménez, sucesor al frente del Juzgado 7. Dio por terminada la investigación y giró el expediente a la Fiscalía, que posteriormente concretó el requerimiento de elevación a juicio con la imputación modificada.
La fiscal María Laura Álvarez, por subrogación, solicitó en agosto de 2015 que los dos policías vayan a juicio oral y público.
El Tribunal Penal 2 estará conformado por los jueces Gregorio Augusto Busse, César Antonio Yaya y Fernando Luis Verón. Este último, en función de segundo vocal subrogante ya que Carlos Jorge Giménez es camarista actualmente de este TP pero debe inhibirse por haber participado el expediente en su etapa de instrucción.
La acusación corresponderá al fiscal Vladimir Glinka.
