El diputado nacional y dirigente tabacalero Héctor Cacho Bárbaro fue denunciado por una tabacalera, acusado de calumnias e injurias por sus declaraciones donde reclamaba que la justicia actué contra las empresas que no pagan el impuesto a los cigarrillos. En varias manifestaciones, en Buenos Aires, el legislador misionero apuntó contra algunas empresas, contra la AFIP y contra la Justicia por permitir que no tributen mediante “amparos”.
Esta situación, según los tabacaleros, está desfinanciando el Fondo Especial del Tabaco, que es una caja que recauda la Nación y que luego distribuye entre los productores para mejorar el precio que reciben por su producto, además de financiar planes de reconversión productiva. Menos FET significa menos recursos para los productores y por eso los reclamos de Bárbaro.
Según publicó el Nuevo Diario de Salta, parte del texto de la notificación expresa que “Se ha dispuesto fijar fecha de audiencia de conciliación conforme Art. 356 del Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe para el día 06 de agosto de 2.023, a las 12 hs”.
Prosigue la cédula: “A todos los efectos se transcribe el artículo de referencia: Artículo 356. Audiencia de conciliación. Presentada la querella, se convocará a las partes a una audiencia de conciliación, remitiendo al querellado una copia de aquella. A la audiencia deberán asistir los defensores. Cuando no concurriera el querellado, se declarará la apertura del juicio”.
Efectivamente a la cédula de notificación se la añade la demanda de la querella, firmada por el presidente de Bronway Technology SA, Darío Rubén Ippolito y por los abogados Raúl Krupnik, Martín Marini y Martina Lianza, quienes patrocinan a la citada empresa tabacalera.
El resumen de la querella resalta en uno de sus párrafos “en fecha 15 de septiembre de 2.022, el portal digital del “Nuevo Diario de Salta” emite una nota periodística titulada “El diputado nacional Héctor Bárbaro confirmó las marchas del sector tabacalero en Buenos Aires”. En la misma se transcribe lo siguiente: “Consultado por Nuevo Diario, el diputado Bárbaro reiteró que las marchas se realizan para protestar contra parte del Poder Judicial que no respeta el fallo de la Corte Suprema y también contra la ineficiencia e inacción que demuestra la AFIP, principalmente contra la Tabacalera Sarandí.
Lo que la carta no expresa es el hartazgo que sufren los productores de las siete provincias tabacaleras ante la inequidad que padece el sector, donde las tabacaleras asociadas a la Cámara Argentina Nacional de Empresas Tabacaleras (CANET, integrada por Bronway Technology SA, Tabes SA, Formen SA y Cigarrillos y Tabaco SA) no pagan el impuesto mínimo establecido por ley, y que muy por el contrario se ven favorecidas por jueces que les dictan medidas cautelares para no tributar el mencionado impuesto. Es por ello que las empresas tabacaleras asociadas a la CANET, hoy ofrecen un producto mucho más económico que los que producen otras tabacaleras que sí tributan el impuesto mínimo.
Esta situación, ya planteada varias veces, no encuentra eco en los estamentos que deberían resolver esta problemática, lleva a que los productores tabacaleros realicen una gran movilización a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días 19 y 20 de septiembre”.
Asimismo es querellado por declaraciones vertidas en el portal del diario La Capital de Rosario por una noticia titulada “Malestar de las provincias tabacaleras por evasión fiscal de Pymes del sector”.
En la querella, de 9 páginas, Darío Rubén Ippolito declara: “Repito para que se comprenda, afirmar, tal como lo hace el denunciado que la empresa no tributa, es falso de falsedad absoluta y por otra parte notorio e imposible de desconocimiento”.
Actividad tabacalera en general
La empresa mencionada, con asiento en la ciudad de Rosario, se dedica a la actividad tabacalera en general y produce atados de cigarrillos con dos marcas principales, Pier y Dolchester, contando -según su presidente Darío Rubén Ippolito- con todas las autorizaciones y permisos de los organismos de control, tanto del Estado Nacional como Provincial.
En la querella iniciada, manifiesta que el diputado nacional Héctor Bárbaro públicamente confirmó las marchas del sector tabacalero a Buenos Aires, que se realizaron para protestar contra parte del Poder Judicial que no respeta el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y también contra la ineficiencia que demuestra la AFIP en el no cobro equitativo del impuesto mínimo al cigarrillo; el hartazgo que sufren los productores de las siete provincias tabacaleras ante la inquietud que padece el sector donde las tabacaleras asociadas a CANET (Cámara Argentina Nacional de Empresas Tabacaleras) no pagan el impuesto mínimo establecido por ley. Es por ello que dichas empresas ofrecen un producto más económico que las que sí tributan el impuesto mínimo. Esta problemática llevó a que los productores tabacaleros realicen una gran movilización en la capital argentina.
Asimismo, sostiene Bronway que no es cierto que no se paguen los tributos, que lo hacen ajustado a derecho y que la AFIP controla todo el proceso productivo exhaustivamente.
Los dirigentes tabacaleros de las diferentes provincias declaran que esta denuncia es un acto persecutorio hacia el Diputado Nacional Bárbaro quien actuó en el marco de la legalidad y en compañía y coordinación de muchos de ellos, es decir que fue un accionar en conjunto de Bárbaro y de toda la dirigencia tabacalera. El único fin y móvil que tuvo, y el cual se mantiene, es lograr que todo aquel fabricante de cigarrillos en el país proceda a desarrollar su actividad cumpliendo y pagando todos los tributos, abonando al Fondo Especial del Tabaco (FET) las sumas debidas por ley.
