Nada menos que 29 años se cumplirán mañana del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) que dejó el luctuoso saldo de 85 muertos y cuya conmemoración se ve teñida, un año más, de la impotencia de ver cómo el crimen sigue impune.
Era la segunda vez que el país sufría un ataque terrorista a instituciones israelitas: el 17 de marzo de 1992 había ocurrido la voladura de la Embajada de Israel en Buenos Aires, con un saldo de 29 víctimas.
Ambos casos aún se encuentran sin esclarecer.
Sobre el Estado como tal, y sobre las sucesivas gestiones políticas que con mayor o menor voluntad buscaron a sus autores, instigadores y motivaciones, recae el rotundo fracaso moral y judicial que representa el triunfo (por ahora) de la impunidad.
Más grave aún: en los últimos años el atentado cayó en la “grieta” y el contenido del reclamo se lee en clave cada vez más política según de quién se trate.
La impotencia para lograr hallar a los responsables del estallido del coche bomba que destruyó la sede de la mutual judía el 18 de julio de 1994 hace que una de las heridas más dolorosas de la sociedad argentina posdictadura militar no solo siga abierta, sino que se profundice.
Por eso este martes se volverá a alzar la voz de los familiares de las víctimas en el tradicional acto recordatorio que realiza la entidad judía, cuyas autoridades pedirán que se apruebe una “ley antiterrorista” frente al “estado escandaloso de la causa” judicial, donde “se hace difícil pensar en avances”.
“Cuando la justicia es lenta e ineficiente, la impunidad se acrecienta cada día que pasa y es inadmisible vivir con ella”, planteó en la previa de este nuevo aniversario el titular de la AMIA, Amos Linetzky.
“No puede ser que, después de los dos atentados sufridos, no se haya cambiado en nada el marco legal para prevenir, investigar y castigar este tipo de crímenes”, agregó.
Y es que, mal que le pese a muchos, la impunidad sigue siendo tendencia.