A los funcionarios misioneros en general, de cualquiera de los tres Poderes del Estado como de los tres estamentos que existen (nacional, provincial o comunal) les falta en una enorme mayoría una política de comunicación en sus gestiones.
Muchos creen que tener redes sociales y, cada tanto, emitir un comunicado es suficiente para mostrarse transparente en sus actos, como lo ordena la Constitución provincial que muchos juran al asumir sus responsabilidades delegadas.
Pero no es así, especialmente cuando se conducen estamentos en los que cualquier medida que se tome terminará impactando (positiva o negativamente) en miles de personas.
La semana quedó marcada por la desprolija aplicación de una retención impositiva a las transacciones con billeteras electrónicas, tras la adhesión de la Agencia Tributaria de Misiones (ATM) a una normativa federal.
Tal fue el impacto que las reacciones de los misioneros -mediante consultas a conocidos como expresiones en redes sociales- fue indignarse porque les llegaba menos dinero que el que decían pagar, sin saber por qué. Al punto que, días después de comenzar las retenciones, muchos que no aparecieron en el SIRCUPA (sistema en el que se puede conocer si una persona o empresa está en el padrón como contribuyente de este tributo) eran objeto de descuentos.
La ATM nunca emitió un comunicado explicando cómo funcionaba, quiénes debían pagarlo o cómo gestionar las devoluciones ante retenciones indebidas.
En la edición de hoy de PRIMERA EDICIÓN, se puede ver el impacto: muchos dejaron preventivamente de usar su billetera virtual habitual a la espera de que “aclare”. Incluso sabiendo que no podría hacerse de promociones de descuento que rigen por su uso. Y, del otro lado, más comercios siguieron aplicando el aumento “por las dudas” de hasta 10% por transacción con sistema electrónico.
Son los costos de la improvisación.
