Como lo publicó PRIMERA EDICIÓN, Nación quiere una actualización tarifaria del 90% en los peajes, que se dividirá en dos etapas: se estima que un 50% será aplicado a partir del mes de mayo, mientras que el 40% restante entraría en vigencia a partir de agosto.
En el programa Primera Plana que se emite por FM 89.3 Santa María de las Misiones hablaron al respecto Ricardo Lasca, coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuarios Vial quien aseguró que si bien las concesiones viales tienen carácter de servicio público como la luz, el gas y el agua, no existe un marco regulatorio ni un ente regulador donde por lo menos los usuarios puedan participar y esta realidad hace que siempre terminen perjudicados pagando aumentos.
Si bien desde Nación informaron que la Dirección de Vialidad Nacional realizará una consulta ciudadana con el objetivo de informar y recibir opiniones sobre el proyecto de adecuación de los cuadros tarifarios de la red de rutas nacionales concesionadas, Lasca aseguró que en realidad todo ese mecanismo “es una burla”.
“Convocan en este caso a una simple consulta ciudadana por escrito cuando ya las tarifas están autorizadas porque encima se nos burlan en la cara. Después contestan lo que quieren porque no hay ningún tipo de derecho a réplica o mesa de trabajo o debate. Entonces es una burla, es un simple formalismo para hacer creer que nos consideran y no nos consideran para nada.
El coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuarios Vial dijo que no hay ningún atraso tarifario aclarando que la gente debe saber que las obras de envergadura que se suelen hacer en rutas se hacen con fondos del Estado nacional y no las hacen los concesionarios viales quienes en palabras de Lasca “solamente se limitan cobrar porque es esa su única función“.
Criticó duramente a la empresa Corredores Viales SA. afirmando que se ha quedado con todas la rutas nacionales y que es una simple oficina que administra el cobro de peaje y nada más y recurre a empresas privadas o a Vialidad Nacional para hacer las obras correspondientes.
“Entonces el usuario vial es una entidad de beneficencia; paga para bancar a esta empresa que es indebida, burocrática, innecesaria y que actúa en forma indebida, de forma paralela a Vialidad Nacional”, expresó.
“Esto no es un peaje; es un impuesto al tránsito” dijo y argumentó su postura explicando que “el sistema de peaje directo con cabina de cobro en ruta está concebido para cuando usted construye, termina la obra, luego la recupera con una tarifa y renta razonable y con un camino alternativo libre de pago“.
“Acá en la Argentina se hizo un invento, un disparate porque se cobra un peaje con cabinas pero en rutas existentes pagadas con nuestros impuestos y sin camino alternativo entonces los usuarios somos rehenes de cada empresa concesionaria que pone una barrera y dice ‘paga o no pasa’ como si fueran los dueños de las rutas nacionales o provinciales”.
Recordó que este “impuesto al tránsito” fue un invento del expresidente Carlos Menem que tiene repercusión en toda la economía argentina porque genera un aumento de los costos del transporte y por ende tiene su impacto en el precio por ejemplo de los alimentos.
“Nadie hace nada para terminar con este falso peaje”
Ricardo Lasca dijo que hace más de 30 años que nadie hace nada contra este “falso peaje” y esto queda claro porque desde Menem hasta la actualidad pasaron distintos gobiernos y todos siguieron haciendo lo mismo. “Hace más de 30 años que estamos con este castigo y prácticamente no logramos nada porque nadie hace nada, son todos cómplices“, añadió.
El coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuarios Vial dijo que año a año golpean puertas intentando que alguien los escuche y ponga un freno a este “invento” pero hasta el momento sus pedidos no encontraron respuestas. En ese marco consideró que “no es justo que nosotros como usuarios tengamos que estar metiéndonos en juicios, en demandas que no se saben cómo terminan porque hay muchos intereses en juego, está la patria contratista, el nefasto club de peaje, los amigos del poder, la política”.
“Estamos con un sistema que es inconstitucional por la falta de camino alternativo, confiscatorio porque hay doble imposición, pagamos impuesto a los combustibles, VTV; patentes, seguros (…) parece un delito tener un automóvil (…) es un tema gravísimo, parece mentira esto es política de Estado, el transporte y la infraestructura y nadie se ocupa de esto”, finalizó Lasca en diálogo con la radio de PRIMERA EDICIÓN.
