Con el objetivo de “acompañar la situación social y coyuntural de la ciudad” los concejales posadeños analizan modificaciones al régimen de penalidades para infracciones de tránsito y permitirle al juez de Faltas la posibilidad de que aplique un descuento de 50% del monto. Es decir: la mitad de lo que se cobra ahora.
En la sesión del jueves tomó estado parlamentario y fue girada a comisión una iniciativa de la vicepresidenta, Marlene Haysler, acompañada por Cristian Ríos y María Eva Jiménez, que propone cambios en los artículos 38 y 39 de la Ordenanza XVI- N°17, conocida como el régimen de penalidades para infracciones de tránsito.
Además, se estudiará la incorporación de nuevas infracciones “que en la actualidad no se encuentran previstas y necesitan estarlo para brindar un servicio de Justicia con las debidas garantías legales a nuestros vecinos”, sostiene el proyecto.
Estos cambios se estudiarán en las próximas semanas junto a otra iniciativa similar presentada el año pasado por el radical Pablo Velázquez. Tienen previsto convocar a abogados, al Municipio, a conductores y otros actores sociales y del tránsito para que participen y enriquezcan los cambios.
En declaraciones a FM 89.3 Santa María de las Misiones, Haysler señaló que como parte de las modificaciones previstas se actualizará el valor de las unidades fiscales. “Si una penalidad era de 300 Unidades Fijas, se le podrá aplicar la mitad”, anticipó. Sería una facultad del juez de Faltas. También, se buscará rever el sistema de scoring, implementar nuevas tipificaciones de penalidades que no están contempladas, regular las unidades fiscales correspondientes al servicio de grúa y estadía y los horarios de carga y descarga.
Por la situación social
La concejal describió tres ejes que se pretenden trabajar con el proyecto: disminuir las multas, modificar el scoring e incorporar nuevas infracciones.
“Vimos la necesidad de adecuar la normativa vigente, ajustarla también un poco en beneficio de los ciudadanos y acompañar la situación social que estamos atravesando”, dijo. “Muchas veces las normativas, como todos sabemos, son difíciles luego de aplicar”, agregó.
“Sabemos que cada seis meses hay una obligación de revisar y actualizar el valor de las Unidades Fijas (es lo que se aplica como sanción y su valor equivale a un litro de nafta) de acuerdo a lo que va sucediendo a nivel del aumento de precios. Cada vez que existe esa actualización, se produce un incremento exponencial en el valor de la multa, que obviamente queda desfasado con los ingresos del trabajador promedio”, explicó.
Dijo que “eso hace que (el infractor) termine no pagando la multa y no cumple la función de una pena, que es la de poder producir cambios de conducta en los ciudadanos que puedan estar al volante”.
La segunda iniciativa busca que el castigo o quita de puntos del scoring recaiga sobre el infractor y no sobre alguien que compró el vehículo posteriormente. “Muchas veces alguien compra un auto y se produce un bloqueo porque tiene multas anteriores que se aplican al que viene a pagar y no al infractor. Eso produce varias complicaciones y con tal de conducir, gestionan una nueva licencia en otra jurisdicción”, señaló la edil.
Y la tercera es “tipificar la naturaleza grave o leve de la infracción. No es lo mismo el no pago del SEM (Sistema de Estacionamiento Medido) que una infracción grave que pone en riesgo a la comunidad”.
“No se estaba previendo que a las faltas muy graves se les reduciría, por ejemplo, en cuanto al scoring, 8 puntos a faltas graves, 6 puntos a las medias y 3 a las leves”, indicó.
Otras modificaciones de tránsito
El horario de carga y descarga en el centro posadeño, que muchas veces ocasiona congestiones del tránsito, es otro de los temas a modificar. “No podemos ser inflexibles teniendo en cuenta que hay muchos sectores y actividades diferentes. Entonces es importante darle libertad al Ejecutivo para que ponga según la necesidad del rubro y la zona”, dijo Haysler.
La digitalización de las infracciones y la posibilidad de pagar en forma digital es otro punto. “El pago digital va a beneficiar muchísimo y eso está muy avanzado”, aclaró.
Por último, la vicepresidenta del Concejo señaló que “no hay plazo ni fecha” para sancionar la ordenanza y que se tomarán el tiempo para convocar a todos porque “pueden pasar 10 años hasta que se vuelva a revisar una legislación”.
