En un procedimiento de las áreas de Control y Gestión de Calidad y de Fiscalización del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), con colaboración de la Agencia Tributaria Misiones (ATM), se secuestró un camión con más de 27.160 kilos de yerba, que, aseguran, compró el Gobierno nacional por $18 millones. Los mismos tendrían como fin ser incorporados a programas de asistencia del Ministerio de Desarrollo Social, que conduce Victoria Tolosa Paz.
El control fue sobre la ruta nacional 14, en San José, en febrero, pero trascendió ayer. Si bien el producto fue incautado por no contar con las estampillas obligatorias que garantizan su legalidad, Marcelo Hacklander, uno de los directores por la Producción del INYM, sostuvo que estaba en malas condiciones y no cumplía con las normas obligatorias del Código Alimentario Argentino.
“Al abrir el paquete, se observaba a simple vista que era un desastre. Entre otras irregularidades tenía agregados de otros productos y superaba el porcentaje de palo y polvo permitido”, declaró a PRIMERA EDICIÓN. Agregó que el 70% de lo secuestrado tenía como destino final licitaciones del Estado y el resto sería distribuido en Entre Ríos y Buenos Aires en programas sociales.
La yerba incautada partió de San Vicente y pertenece a la misma empresa a la cual le clausuraron uno de sus secaderos el año pasado por “graves irregularidades”. La medida la había tomado el INYM al advertir que había paquetes de esa firma en los bolsones de mercaderías que distribuye Nación a sectores vulnerables, tal como publicó en agosto de 2022 PRIMERA EDICIÓN.
“Volvemos a tener el mismo problema… estamos jugando al gato y al ratón todo el tiempo y es complicado así. Es lamentable que siga pasando lo mismo. Las personas que tienen que tomar la decisión, no lo hacen”, expresó indignado Hacklander.
Luego, explicó que el INYM únicamente tiene potestad de control hasta la yerba canchada (la que se usa para el tereré) pero, una vez que se empaqueta, “es responsabilidad de Saneamiento” de la Nación.
“Por eso la intervención que hicimos es por la falta de estampillas. Ahora mandamos a analizar las muestras para confirmar si estaba contaminada pero, a simple vista, uno puede deducir que está en mal estado”, añadió.
También marcó que la yerba fue adquirida por Desarrollo Social de la Nación a través de licitaciones, para luego entregarla en bolsones de comida; y aclaró que el INYM no tiene injerencia en los productos que adquiere el Estado en sus compras. “Ya pedimos que nos dejen a nosotros hacer los controles de calidad, pero no lo hacen”, insistió el funcionario.
“Hay que garantizar la calidad de la yerba”
Para Hacklander, las compras de la Nación van en contra del “arduo trabajo que hace el INYM para garantizar una yerba de calidad”.
“Si quieren poner una yerba sin tanto estacionamiento, no hay ningún problema, pero que vaya con las condiciones que debe tener la yerba mate en un paquete. Que no sea esa porquería que están dando, porque es una vergüenza”, añadió.
“Es una locura que esta porquería termine en los hogares más humildes de la Argentina”, añadió enojado.
Sobre la firma que produce esta infusión, apuntó que en las provincias de Corrientes y Chaco encontraron paquetes sin estampillas que fueron retirados de los supermercados.
“Empezamos a mirar y es una cosa de locos. Lo que encontramos en las góndolas era el mismo mal producto que se envía en las licitaciones”, enfatizó Marcelo Hacklander.
En esa línea, reiteró que “lo primordial es la experiencia del consumidor y la yerba que llega a los hogares, ya sea por licitación o regalo, tiene que ser excelente”.
Antecedentes del molino
Tras las denuncias por serias irregularidades respecto al producto, el año pasado se clausuró el molino yerbatero que la firma tiene en San Vicente. Es la misma que luego sumó nuevas advertencias por la entrega de paquetes para integrar los bolsones de mercaderías que distribuye la Nación a sectores vulnerables.
El Ejecutivo nacional empezó a comprarle yerba a esta firma misionera en 2020 y lo siguió haciendo aún después de la clausura del molino, lo que profundizó la polémica en el sector. Esto último ocurrió en agosto de 2022 y el 17 de enero pasado, el Ministerio Social adquirió otros 540.000 kilos por un monto total de $370.170 millones para “mitigar las demandas de ayuda alimentaria para la población en situación de vulnerabilidad”, tal como esgrimió la medida publicada en el Boletín Oficial.
