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Se aprobó el proyecto de ley de moratoria previsional

Con 134 votos a favor, 107 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de moratoria previsional fue aprobado en Diputados

28 febrero, 2023

La Cámara de Diputados convirtió hoy en ley el proyecto de moratoria previsional que tiene como objetivo que unas 800 mil personas puedan acceder a la jubilación, dado que tienen la edad para contar con ese beneficio, pero no poseen los 30 años de aporte.

La votación, con 134 votos afirmativos, sumó los respaldos del Frente de Todos, el Frente de Izquierda y bloques provinciales, y consiguió la aprobación a pesar de los y 107 negativos de Juntos por el Cambio y los partidos libertarios.

El proyecto, que ya tenía media sanción del Senado, consta de dos partes. Por un lado, un plan de pago similar a los que se implementaron en 2004 y 2014 que permite que los hombres de 65 años y las mujeres de 60 que no tengan todos los aportes puedan regularizar los períodos faltantes en hasta 120 cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que obtenga.

Por otro lado, también se permitirá que los trabajadores que estén en actividad y no lleguen a completar los 30 años de aportes por estar cerca de la edad jubilatoria puedan anticipar y empezar a pagar los períodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012. Estas personas podrán pagar unidades de cancelación de aportes, que son equivalentes a un mes de servicios y tendrán un valor fijo del 29% de la base mínima imponible de remuneración, en coincidencia con lo que pagan los trabajadores en actividad cuando se realizan sus aportes en tiempo y forma.

El debate

El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, fue el primer orador que intervino en el debate para defender la iniciativa. El economista puntualizó que del total de los jubilados que tiene la Argentina, el 65% lo hizo a través de las distintas moratorias que se ejecutaron.

“Gracias a esas moratorias, el 95% de las personas que están en posibilidad de jubilarse, pueden hacerlo”, destacó, y resaltó que la razón que motiva este tipo de herramientas es el “gravísimo problema” que tiene el país en materia de informalidad laboral.

La titular de la comisión de Previsión y Seguridad Social, Marisa Uceda, retomó parte de la argumentación de Heller y señaló que “9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres” no puedan acceder al sistema jubilatorio, y ese “es un problema que debe resolver el Estado, porque hemos sido responsables de esas crisis”.

A su vez, resaltó las ventajas del haber jubilatorio respecto de la Pensión universal a la Adultez Mayor (PUAM), cuyos beneficiarios “están sometidos a cobrar el 80% de una jubilación mínima”.

“Además no es contributiva, no es heredable”, acotó sobre la prestación creada por ley con impulso del Gobierno de Mauricio Macri.

A continuación tomó la palabra el autor del dictamen de minoría de Juntos por el Cambio, Alejandro Cacace (Evolución Radical), quien sostuvo que esta nueva moratoria tiene un “primer problema que es de equidad contributiva”, ya que “no puede obtener lo mismo quien tiene todos los requisitos cumplidos y los 30 años de aporte de quien no lo tiene”.

“Los aportes no están ingresados y eso trae adicional un enorme problema fiscal, profundizamos el déficit fiscal, el quiebre del sistema jubilatorio”, alertó el diputado puntano, que precisó que se trata de “medio punto del PBI del déficit que se amplía”, generando “un problema de caja al Estado de forma inmediata”.

Completó el tiempo del bloque opositor el presidente del bloque de Evolución Radical, Rodrigo de Loredo, quien cargó contra la lógica misma de las moratorias previsionales y en particular contra la establecida en 2006 cuando se logró incorporar al sistema previsional a 2.500.000 adultos mayores con aportes insuficientes.

El cordobés señaló que a partir de ese año se pasó de una relación de 2,6 activos por cada pasivo a una proporción de 1,5 activos por cada pasivo. .
De esta manera, “pulverizaron el poder adquisitivo de todos los jubilados y han puesto a todos los jubilados arrastrándose abajo sumergidos en la pobreza y agravaron el déficit de la totalidad el Estado porque del gasto previsional oscila el 40% del gasto público”, vociferó.

El presidente del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, expresó una visión más contemplativa de la situación de las personas que necesitan la moratoria para jubilarse porque durante su vida activa el sistema los expulsó a la informalidad laboral, haciendo hincapié en las asimetrías que padecen las mujeres.

A su tiempo, Espert (Avanza Libertad) dijo que con este programa en materia previsional “a los jubilados les estamos proponiendo ser pobres hoy y ser pobres mañana”.

Sin pelos en la lengua, Luciano Laspina (PRO) calificó las moratorias como “la prueba del fracaso del sistema que tenemos en la Argentina desde hace muchos años”, y opinó que condujeron a “la licuación sistemática de las jubilaciones”, en particular “de los que tuvieron contribuciones en tiempo y forma”.

“Hoy estamos bajando las jubilaciones a los futuros jubilados de la Argentina. Esto es lo que estamos sancionando hoy: la baja futura de las jubilaciones, porque estamos dando beneficios sin recursos”, reiteró.

“Las moratorias buscaban compensar la falta de algunos años de aporte. No esto que estamos haciendo, que es regalarle la jubilación a alguien que no aportó”, lanzó el santafesino.

A su turno, Itai Hagman (Frente de Todos) aseguró que “la cobertura jubilatoria es uno de los aspectos más virtuosos de nuestro sistema de seguridad social y sin embargo es sistemáticamente atacada”.

“¿Cómo puede ser que para lo que algunos es motivo de orgullo para otros es la causa de todos los males?”, se preguntó.

Fuente: Noticias Argentinas 

Tags: diputadosMoratoria previsional
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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