El juez de Instrucción 3 de Puerto Iguazú, Martín Brites, imputó en forma preventiva y por “exacciones ilegales agravadas” a dos suboficiales de la Policía de Misiones que fueron denunciados por cobrar una “multa” de 10 mil pesos a una familia de turistas chilenos, a quienes no le entregaron comprobante por la supuesta infracción cometida, indicaron fuentes del caso.
Fue en el marco de la indagatoria llevada a cabo ayer en sede judicial donde los involucrados, un cabo primero y un sargento, ambos con prestación de servicios en la Unidad Regional V, con asiento en Puerto Iguazú, se abstuvieron de declarar y fueron notificados de que seguirán detenidos hasta que se resuelva su situación procesal.
La investigación se inició el pasado viernes cuando la denunciante, una mujer de 44 años, se presentó ante una comisaría para dar cuenta de que a las 16 de ese día transitaba con su automóvil por la ruta nacional 12 junto a su familia (todos oriundos de Chile) y, al llegar a las cercanías de la intersección con la 101, se topó con un control vehicular a cargo de la policía.
La turista relató que fue inspeccionada por los sindicados, quienes le habrían cobrado una “multa”, percibiendo la citada suma de dinero en efectivo. Por la presunta falta por la cual cobraron los 10 mil pesos a la automovilista, los uniformados no labraron ningún acta y mucho menos le entregaron algún tipo de comprobante.
Realizadas las consultas con el citado juez, ordenó ese mismo día la detención preventiva de los involucrados, por lo que una comisión policial procedió a cumplimentar la medida.
En forma paralela, la Dirección de Asuntos Internos inició la investigación pertinente con respecto a las responsabilidades que le cabrían a ambos funcionarios, como así también el correspondiente sumario administrativo. Desde la Jefatura informaron que los efectivos quedaron separados de la fuerza.
Se le dio intervención además a la seccional Segunda, en cuya jurisdicción se radicó la denuncia y donde se llevaron a cabo las actuaciones sumariales.
Bajo la lupa
Tras conocerse la denuncia, los investigadores establecieron que ambos involucrados estaban apostados en el citado puesto de control el día que refiere la denuncia, es decir prestando servicios para la División Seguridad Vial y Turismo. Fuentes del caso confiaron que los suboficiales estaban bajo la lupa de sus superiores, teniendo en cuenta que existían sospechas de su accionar irregular y que habrían varios damnificados; sin embargo hasta ahora no había denuncia o evidencia concreta para accionar contra los mismos.
Las “exacciones ilegales agravadas”, según el Código Penal son el delito que comete un funcionario público que exige derechos, pagos o contribuciones que no son legales, explicaron las fuentes.
