La Ley de Alquileres vigente estableció que el mecanismo de actualización anual de los precios se haga a partir de una fórmula que combina inflación (IPC) con variación salarial (RIPTE). Es así que el ritmo inflacionario de la economía argentina repercute directamente en el precio de los mismos.
El saber cuál es el porcentaje de aumento anual del alquiler es otra de las preocupaciones diarias de miles de argentinos ya que ese porcentaje trepó a pasos gigantes. De hecho febrero comenzó con subas de casi 86% en el precio de los contratos que deban actualizarse este mes, aumento que desestabiliza la economía de miles de inquilinos .
“No hay una perspectiva de intervención por parte del Estado al menos en forma inmediata como para poder darle alguna salida a esta situación que ya es muy angustiante y por sobre todo con poca posibilidades de poder solucionar los problemas que se le presentan a los inquilinos”, expresó en diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones, Adrián Torres, presidente de la Asociación Misionera de Inquilinos.
Indicó que urge encontrar una solución a este problema que trajo aparejada la actual ley de alquileres, pero reiteró que los ajustes en los precios del alquiler no pueden dejarse a libre mercado. Al respecto indicó que aún con este “salvaje aumento” de casi 86 % los alquileres siguen estando por debajo de la inflación interanual.
“Sabíamos que siempre el mercado prácticamente estaba un punto y medio arriba de la inflación cuando no había una ley por lo tanto si lo dejamos s librado los aumentos serían superior al 85,7 % probablemente un 120, 150% (…) es decir, hubiese sido peor todavía si se dejaba librado al mercado”.
Adrián Torres indicó que el Estado tiene que invertir en construcción de viviendas u otorgar créditos para que los inquilinos puedan construir porque “si no se busca ese tipo de solución la demanda está en alza permanentemente y la oferta se achica y el precio está más alto todavía”.
“Espero que los que tienen la responsabilidad ineludible de hacer algo por la población, sobre todo en el sector de inquilinos, se pongan a trabajar y hacer lo que tienen que hacer porque en definitiva el acceso a la vivienda es un derecho constitucional” expresó.
