El Tribunal Federal de Posadas rechazó ayer la libertad condicional solicitada por el paraguayo Alejo Agustín Aranda Cáceres (33), alias “Tubo”, condenado el 20 de marzo de 2019 a siete años de prisión por almacenar estupefacientes para ser transportados y comercializados en territorio argentino, agravado por la intervención de tres o más personas.
El defensor oficial Eugenio Nicolás Bolotner solicitó la excarcelación al Tribunal que conforme al cómputo de pena obrante en el expediente principal, Aranda Cáceres fue detenido el 22 de diciembre de 2017, la pena impuesta se agotaría el 22 de diciembre del 2024. A esto sumó los informes de la Unidad Penal 1 de Loreto del SPP y del Registro Nacional de Reincidencia con los antecedentes penales que pudiera registrar el nombrado.
De estos informes surgió que “Tubo” Aranda Cáceres no registraba antecedentes penales y que sus calificaciones en la cárcel de Loreto promediaban 9, “sin registrar sanciones disciplinarias o llamados de atención”.
Cabe señalar que desde septiembre de 2021, Aranda Cáceres fue autorizado a salidas transitorias, las cuales habría cumplido como lo determinó el entonces juez de su ejecución penal, Manuel Alberto Jesús Moreira. De todas maneras, el pedido de Bolotner de libertad condicional fue rechazado tras la opinión negativa del Ministerio Fiscal y la coincidencia del actual camarista de ejecución, Fabián Gustavo Cardozo.
Aranda Cáceres fue uno de los cinco integrantes de una red de envíos de droga desde Posadas a diferentes ciudades del país por encomiendas.
Karina Noemí Medina (30) y Juan Manuel Correa (31) también fueron hallados culpables por “transporte de estupefacientes agravado por el número de participantes” y sentenciados a ocho años de prisión efectiva. Por almacenar la droga fue sentenciado “Tubo” a siete años de cárcel, mientras que Peuma Co Arens (32) a tres años de cumplimiento efectivo por “confabulación” para ejecutar los envíos de marihuana prensada. Sólo uno de los acusados volvió a su hogar, ya que como “partícipe secundario de transporte de estupefacientes” le impusieron una condena de tres años de cumplimiento condicional.
La fiscal del Tribunal Federal de Posadas,Vivian Barbosa, los acusó a partir del secuestro de poco más de diez kilogramos de marihuana en un control de Gendarmería en San Ignacio el 27 de noviembre de 2017. Pero este procedimiento fue el desenlace de seis meses de escuchas y seguimientos del juez Federal de Posadas, José Luis Casals.
