En Misiones “será inútil” la medida adoptada por el Gobierno para que gremios y organizaciones sociales salgan a controlar el cumplimiento de Precios Justos, porque salvo dos cadenas de supermercados nacionales, en la tierra colorada “no hay comercios inscriptos; partiendo de ahí, el plan no tiene nada de justo”.
Esa fue la opinión del tesorero de la Cámara de Comercio de Posadas, Carlos María Beigbeder, quien analizó con PRIMERA EDICIÓN la medida.
Más allá de mostrar su acuerdo con que existan controles, para evitar incumplimientos o actuar ante ellos, el empresario rechazó no obstante que los controles lo tengan que llevar algunos gremios u organizaciones sociales afines al Gobierno, por ser “una medida inconstitucional, que no nos va a salir gratis a los argentinos, no lo hacen de buenitos. Las instituciones no funcionan así”.
Lo cierto es que, en los últimos días, el anuncio del acuerdo para que algunos gremios y organizaciones sociales participen en los controles para verificar el cumplimiento o no de los acuerdos de Precios Justos, volvió a polarizar a la opinión pública y a las empresas al respecto.
“Entiendo que en muchos casos están bien los controles. Hay comercios que están con algún sobreprecio, pero en Misiones no hay ningún comercio inscripto en Precios Justos, excepto dos supermercados que sí lo están y son cadenas nacionales: Libertad y Chango Más, porque California se dio de baja”, amplió el empresario.
A su vez, Beigbeder volvió a insistir en que los controles “no son efectivos; son un tiro al aire que a veces le pega a alguien y otras a ninguno. Estos programas por la inflación que tenemos no pueden sostener los precios. Esos controles en Misiones son inútiles, no hay comercios registrados”.
“En una democracia no se puede hacer esto, no hay una legislación que lo permita”, sostuvo.
En ese sentido, este martes, el titular del gremio de los Camioneros (la primera institución sindical en sumarse a los controles), Pablo Moyano, salió a los medios a aclarar cómo será la participación de su organismo.
“Camioneros no tiene poder de sancionar ni de clausurar un supermercado, sino solamente de notificar a los inspectores de la Secretaría de Comercio. Por ejemplo: si salen diez camiones de ‘x’ producto del centro de distribución, para evitar que se produzca la especulación y encanuten la mercadería para después revenderlas con otro precio”, tales fueron sus palabras a la agencia de noticias Télam, puesto que ante el anuncio de estar en los controles hubo una catarata de especulaciones al respecto de cómo realizarían el trabajo.
“Incapacidad”
Para el integrante de la CCIP, el principal problema es la incapacidad del Estado para contener la inflación.
“En Misiones tuvimos 130 puntos de inflación y ahora se quiere tapar con una uña, ni siquiera con un dedo, lo mal que lleva adelante su política económica. El problema no está en el supuesto abuso o especulación, que es posible sí. ¿Qué se debe hacer para que ese comercio no se abuse? Antes que nada, frenar la inflación atada al dólar; de lo contrario el comerciante compra y vende un producto que al mes siguiente vale el doble, y trabajó para perder plata”, dijo.
Y pidió: “El Gobierno tiene que ponerse de los dos lados y solucionar los verdaderos problemas de fondo”.
“La emisión descontrolada genera inflación y lo que va a ocurrir en breve cuando emitan billetes de $5 mil y $10 mil, me va a demostrar que estoy en lo cierto. La inflación descontrolada la genera el Estado porque gasta más de lo que recauda”, enfatizó el comerciante.
“Lamentablemente, el que queda en el medio es el consumidor, que termina pagando a cualquier precio un litro de Coca Cola. En eso estoy de acuerdo: no puede ser que la gente tenga que pagar por las malas medidas que se toman y que generan el caos. Si no se cambia de rumbo, en 5 años el billete de 10 mil pesos no va a servir para nada, como hoy ya no sirve el de 1.000 pesos. El problema no es el control, que repito, no está mal que exista. La cuestión es más grave: hay cosas mal hechas desde mucho antes de llegar a estos niveles de inflación y especulación”, finalizó.
“Un acuerdo debe cumplirse, y ser muy duros en caso contrario”
Al igual que los gremios locales, las organizaciones sociales en la Tierra Colorada también están convocadas o invitadas a participar en el control del cumplimiento de los acuerdos de precios; sin embargo, coincidieron en que estos pactos deben cumplirse.
Consultado al respecto, el referente de Barrios de Pie, Fabricio Tejerina, quien aunque aclaró que su organización no tendrá que ver con los controles, sí apoya que los mismos existan.
“No solamente las organizaciones sociales o personas organizadas deben velar por el cumplimiento de los acuerdos. Todos deberíamos involucrarnos en que se cumplan”, dijo.
Por otra parte, cuestionó los acuerdos de precios a los cuales llamó “parches”, que están lejos de atacar el hambre y la pobreza para erradicarla, “pero si hay un beneficio que le da el Estado a ese comercio que obtendrá más dólares por cumplir con el acuerdo, lo tiene que hacer. La gente tiene que saber que estos convenios no se hacen porque los empresarios sean buenitos, sino porque el gobierno les va a dar dólares. Lo mismo pasó con el tema del Campo y el dólar soja. El Gobierno Nacional les da muchos beneficios“, dijo.
Solicitó que “antes de fijarnos en Precios Justos nos fijemos en el precio de los alimentos. La inflación está entre los 6 y 7 puntos porcentuales mensuales, y los alimentos están por encima de los 9 puntos. Es decir: el mismo Gobierno les permitió que aumenten los precios para después hacer estos acuerdos, y entonces suban de una forma más razonable”, expuso Tejerina.
“Aquí simplemente hay un doble juego. El Estado tiene todas las herramientas y los funcionarios para controlar lo que fuere, y después si se suman las organizaciones, personas, iglesias no importa, está bien con tal de ver que se obedezca. Lo que debería verse después es la dureza de las sanciones con los que incumplen”, pidió.
