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Se dispararon el empleo público y el monotributo

Las cifras son las más altas de la última década y advierten que por primera vez, la Argentina quedó cerca de tener 13 millones de trabajadores formales. La contracara es qué tipo de posiciones laborales se generaron.

10 enero, 2023

El repunte del empleo formal que comenzó con la recuperación de la pospandemia terminó convirtiéndose en tendencia. La Argentina lleva 19 meses consecutivos de crecimiento en el empleo registrado y en algunas categorías está rompiendo récords.

Según el informe de Situación y Evolución del Trabajo Registrado (SIPA) del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en octubre pasado se contabilizaron 12.936.881 empleos formales en Argentina, lo que dejó como resultado un crecimiento del 5,06% respecto al mismo mes del 2021.

Además, se alcanzó la cifra de trabajadores más alta de la última década, y por primera vez el país quedó a menos de 100 mil personas de cruzar la barrera de los 13 millones de puestos de trabajo registrados.

De acuerdo a las estadísticas, la mejor marca de los últimos diez años fue impulsada principalmente por el crecimiento de dos categorías: “empleo registrado en el sector público” e “independientes monotributistas”. En ambos casos se alcanzó una cantidad de trabajadores sin precedentes en los últimos diez años.

En detalle, en octubre se contabilizaron 3.383.991 empleos asalariados en el sector público. No hubo un crecimiento muy marcado en relación al décimo mes del 2021 (1,62% de mejora), pero sí se alcanzó una cifra histórica para la última década.

En tanto, Trabajo informó que en octubre pasado había 1.903.954 monotributistas, lo que marcó un repunte del 6,66% respecto al mismo mes de 2021, y también una marca máxima para los últimos diez años.

También fue alto el número de trabajadores independientes del “Monotributo Social”, donde se comprende a los trabajadores que están en situación de vulnerabilidad. De acuerdo a las estadísticas, en octubre se llegó a 555.513 trabajadores en esa condición, lo que marcó una mejora del 39,5% interanual. No fue el valor más alto de la década, dado que un mes antes se había llegado a poco más de 559.000 monotributistas sociales, pero también estuvo cerca de ser un valor récord.

En lo que respecta a “empleo asalariado privado” y “trabajadores independientes autónomos”, los números mostraron repuntes interanuales del 4,9% y 1,28% respectivamente, pero en ambos casos estuvieron lejos de sus mejores marcas.

Tampoco fue destacable el desempeño de la categoría “empleo en casas particulares”. Fue el único segmento del trabajo formal que cayó, mostrando una baja del 0,74% en comparación al décimo mes del 2021. De hecho, la cantidad de trabajadores de esa categoría (470.619) fue la más baja desde agosto de 2017.

 

Lectura del mercado

Los números son contundentes. Los niveles de empleo registrado están en su máximo para la década, y esa es de por sí una buena noticia. Sin embargo, Daniel Garro, economista y director de la consultora Value International Group, alertó sobre el protagonismo que ha tomado el empleo público en el último año.

“El hecho de que aumente la cantidad de trabajadores en el sector público demuestra que se está absorbiendo a personas que antes se desempeñaban en el sector privado y perdieron su empleo. También hay ex trabajadores dependientes que se están inclinando por el negocio propio, por eso se ve aumento del monotributo”, señaló.

“Esto es pan para hoy y hambre para mañana. El incremento del trabajo público se sostiene con más déficit y mayor presión tributaria”, advirtió el especialista.

Nicolás Aroma, economista asesor del PJ, coincidió en que siempre es preferible que haya un buen impulso del empleo en el sector privado, pero aseguró que los niveles de empleo público no son preocupantes, porque están “acompañando al crecimiento económico en un contexto de cuasi ajuste fiscal”.

El experto recordó que el 2022 fue el segundo año consecutivo de crecimiento para Argentina y celebró que la mejora del Producto Interno Bruto (PIB) se esté trasladando al empleo. Además, recordó que “el recurso tributario está creciendo a buen ritmo”, por lo que “la expansión del empleo público es sostenible”.

 

¿Qué pasa en el Estado?

El Boletín Oficial se ha convertido en una publicación prácticamente dedicada a los recursos humanos del Poder Ejecutivo. De acuerdo con los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), desde fines de junio, cuando la entonces ministra Silvina Batakis decretó la prohibición de contratación, y hasta septiembre (último dato publicado) se sumaron 5.600 empleados a la administración pública nacional. Si se mira algo más lejos, la planta creció 4,77% entre diciembre de 2021 y septiembre de 2022.

Por estos días, los ministerios han encontrado una nueva manera de evadir la norma: crean “unidades ejecutoras especiales temporarias” y nombran más funcionarios.

Como se dijo, el Boletín Oficial es casi una libreta de recursos humanos del estado nacional. Una bacanal de cargos, ascensos, contratos, creación de funciones, organigramas nuevos y extensiones de plazos. Maravillas burocráticas que paga el Tesoro en medio de una prohibición para aumentar la planta permanente que, aunque parezca una quimera, está vigente.

En este sentido, cuando la lupa se posa sobre cómo se ha movido esta variable, resulta que todo es expansión. Siempre, según los datos del SIPA, el empleo estatal creció 4,77% entre diciembre de 2021 y septiembre de 2022; mientras que el privado, que no tiene restricción en la contratación, lo hizo 7,3%. Ahora bien, cabe destacar que en 2021 el sector privado aún estaba afectado por las consecuencias de la pandemia, por lo que la comparación es contra una base más baja.

Sin embargo, el trabajo en el Estado es rígido y no se comportó con la estacionalidad que sí afectó al privado. Así y todo, el crecimiento fue de casi 5% neto.

Si el mojón se coloca algo más atrás -desde que asumió el presidente Alberto Fernández- los dependientes del Estado, de sus agencias o de las empresas estatales aumentaron 5%, mientras que el sector privado tuvo un crecimiento de 3,83%.

Sólo para tener una referencia, estos números corresponden a la llamada Administración Pública Nacional, que además de los tres poderes incluye a los organismos descentralizados y las empresas públicas. Pero el punto más relevante aparece cuando se mira la consolidación del sector público en sus niveles nacional, provincial y municipal. De acuerdo a datos del Ministerio de Trabajo, la nómina de trabajadores estatales llega a 3.378.100. Para FIEL, que suma algunos otros rubros, la cifra llega actualmente a 3.899.000. Sólo una referencia: en 2000 eran 2.193.000. Bastan un par de ejemplos para entender la profundidad del fenómeno.

El 26 de diciembre, mediante la decisión administrativa 1291/2022, se autorizó a la Junta de Seguridad de Transporte para correrse de la prohibición de contratar nuevos empleados.

“Autorízase como excepción a lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021, vigente conforme el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional 24.156 y sus modificatorias en los términos del decreto 882/21, los decretos 88 del 22 de febrero de 2022 y 331 del 16 de junio de 2022, la cobertura mediante los respectivos procesos de selección de personal de los cargos vacantes financiados por la Junta de Seguridad de Transporte”, dice el decreto.

Semejante entelequia no es más que el permiso para que ese organismo incorpore 412 cargos en planta permanente. La norma ni siquiera dice dónde trabajarán. Sólo se limita a establecer que serán financiados por la Junta. Ahora bien, en el anexo aparece algo que puede resultar un indicio: los 412 cargos serán cubiertos por aeronáuticos y nombrados en categorías que van desde la “A” hasta la “H”.

Actualmente, la Junta tiene 533 empleados de los cuales, 525 tienen una modalidad de contratación establecida en el artículo 9 decreto 141 de 2002, mediante el que se establece la modalidad que tiene el régimen de contrataciones por tiempo determinado y la designación en plantas transitorias del Estado.

Siempre hay una explicación. Ana Castellani, socióloga, investigadora del Conicet y Secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación, dijo que el decreto 436 exceptúa todas las incorporaciones por concursos en el marco del plan de regularización del empleo público. “La modalidad de concurso interno se estableció en 2017 para poder regularizar la situación de personas designadas de manera transitoria con antigüedad prolongada. En este caso, el plan llama a concurso a cargos que están ocupados hace 10 años como mínimo. Regularizamos para poder cumplir con la ley de empleo público, a través de concursos cerrados en cada organismo, utilizando una misma plataforma digital y cumpliendo con los reglamentos de concursos vigentes”, contestó.

En el Ministerio de Transporte, la respuesta también llegó por ese lado. “No modifica planta. Es para los que ya trabajan ahí, y entendemos que el número es menor que el de los empleados que son parte del organismo”, contestaron cerca de las oficinas del ministro.

De esa metodología, donde sólo concursan los que ya están contratados, surge un segundo tema: tener empleo público se ha convertido en un privilegio de los que ya pertenecen. No hay posibilidades de concursar con conocimiento. Un verdadero coto de algunos; de los que están dentro de la nómina.

 

Empleo de mala calidad

De acuerdo a un reciente informe del INDEC, hay más personas activas, más argentinos trabajando y menos buscando trabajo. En primera instancia el escenario es positivo, pero no lo es cuando se analiza cómo son los nuevos puestos de trabajo creados.

Extrapolando los datos de la EPH a la población total, se puede concluir que hay 20.629.300 personas ocupadas en Argentina (datos del tercer trimestre del año). Entre ellas,12.806.000 tienen un empleo registrado y 7.823.000 se manejan en la informalidad.

Un año atrás, en el tercer trimestre de 2021, había 19.737.000 ocupados, de los cuales unos 12.191.000 tenían un empleo formal y 7.545.000 trabajaban sin descuento jubilatorio (en negro).

Eso quiere decir que en doce meses se crearon cerca de 892.400 empleos en el país. ¿Cuál es entonces el problema? Uno de ellos, es que si bien se generaron 614.600 trabajos formales, también se crearon en Argentina otros 277.800 empleos en negro.

Dicho de otra forma, tres de cada diez empleos que creó la economía argentina en el último año se desarrollan en la informalidad.

Por otro lado, se observa que el crecimiento de la tasa de empleo se ha concentrado en el último año en personas con menor nivel educativo y con menor calificación.

En detalle, la Encuesta Permanente de Hogares indica que creció la tasa de empleo en personas con educación de nivel primario y secundario (completo e incompleto), pero cayó en la población con niveles de estudios universitarios (completo e incompleto).

A su vez, las estadísticas señalan que se crearon miles de puestos de trabajo para operarios y trabajadores “no calificados”, mientras que el nivel de ocupación de técnicos y profesionales decreció 2,2 y 1,5 puntos porcentuales respectivamente.

De todo esto se concluye que efectivamente sí hay más personas trabajando en Argentina, pero una gran parte se desempeña en la informalidad.

Además, cada vez ganan mayor participación dentro del mercado laboral las personas con bajo nivel de estudios y los puestos de trabajo de menor calificación.

Las perspectivas empresariales para este 2023

En una reciente encuesta de la firma de recursos humanos, Grupo Gestión, el 30% de las empresas ya confirmaron que contratarán más personal en 2023, incrementando así la cantidad de colaboradores que forman parte de sus equipos de trabajo.

Las perspectivas podrían ser mejores de lo esperado, dado que el 30% de las compañías consultadas aún no resolvió cómo habrá de evolucionar su nómina de colaboradores, y un 10% cree que su plantilla podría reducirse. “La perspectiva para el empleo en 2023 es alentadora, donde hoy vemos sectores que recorren una etapa de recuperación y crecimiento”, explicó en un comunicado Juan Ignacio Rosendo, Gerente de Ventas de Grupo Gestión.

El estudio fue realizado en la segunda quincena de octubre de 2022 a 60 directores o C-Level de Recursos Humanos de empresas nacionales y multinacionales con operaciones en Argentina, con una dotación de entre 50 a más de 1.000 colaboradores. El trabajo contó con el soporte y la dirección del equipo de CIO Investigación.

 

Escasez de talento

Rosendo agregó que “en los próximos meses la necesidad de las empresas por resolver sus procesos de búsqueda, selección y contratación de personal posiblemente vaya en alza, dado que cada vez son más las organizaciones que tercerizan una parte o todo el ciclo de incorporación de personal, dada la diversidad de temas que debe resolver el departamento de RRHH”.

En este sentido, los directores de Recursos Humanos tienen claro que los desafíos no se harán esperar: 52% de ellos considera que durante 2022 la escasez de talento ha sido un problema que creció respecto de 2021.

“La necesidad de contar con más colaboradores, sumado a la percepción sobre la dificultad de conseguir a las personas adecuadas para las vacantes, potenció cambios importantes en la forma en la que las organizaciones considera a cada uno de los candidatos para una posición a cubrir”, apunta Rosendo.

El estudio realizado por Grupo Gestión muestra que la tendencia es cada vez más clara: las organizaciones ya no se preocupan por el género ni la edad del candidato, aspectos que han quedado relegados a los últimos lugares a ponderar.

“Hoy lo que más buscan las empresas son personas que cuenten con la experiencia y el conocimiento para el desarrollo de tareas y cumplimiento de objetivos”, describió el mencionado ejecutivo. “Esto explica por qué muchas compañías están incorporando personas mayores de 40 años, aprovechando la fortaleza que implica su cultura del trabajo y el conocimiento adquirido en otros empleos”, añadieron.

En este sentido, 2023 se presenta como un año de oportunidades, con más empleo, más apertura a distintos perfiles en múltiples industrias, como lo son las vinculadas a la energía, el petróleo y gas, el retail, el turismo y la gastronomía, el transporte y los servicios informáticos, entre otras.

Fuente: Medios Digitales

Tags: ArgentinaEmpleoMonotributotrabajo
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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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