El tarefero de 26 años detenido el jueves por la noche en Garuhapé por efectivos de la Unidad Regional IV e imputado provisoriamente como presunto autor de “privación ilegal de la libertad agravada, abuso sexual con abuso carnal y torturas”, seguirá detenido porque el juez Leonardo Manuel Balanda Gómez rechazó el pedido de excarcelación presentado por la defensa.
El sospechoso fue atrapado cuando intentaba escapar de su casa en el barrio Balneario de Garuhapé el martes 29 de noviembre pasado. Fue acorralado en una zona de monte próxima a la vivienda en la que su expareja fue atacada.
El imputado no sólo habría atacado a la mujer y violó la orden de restricción de hogar y prohibición de cualquier contacto y acercamiento.
El sábado 26 de noviembre por la tarde en la plaza central de Puerto Rico, el trabajador rural interceptó a su expareja y la obligó a subirse a su motocicleta amenazándola con un cuchillo.
La trasladó hasta la casa del barrio mencionado en Garuhapé y fue sometida a ultrajes violentos sexuales, golpizas reiteradas, amenazas de muerte, asfixiada con telas en la boca hasta que perdía el conocimiento mientras era abusada y luego reaccionaba con los baldazos de agua fría que le arrojaba su victimario.
Resta determinarse aún cómo logró enviar un mensaje de texto de celular a su familia para pedir que dieran aviso a la policía y se active el rescate y la detención del violento. Este punto, entre otros considerados también clave, se espera que la víctima los puntualice en el Juzgado de Puerto Rico.
De los elementos secuestrados en la vivienda del barrio Balneario por la división Policía Científica hay un elemento clave que la mujer apuntó en su denuncia. Se trata de un tramo de hierro o aleación recubierto con una manguera de goma que posee punta romo y con el que también fue ultrajada.
También será importante el relato de testigos que puedan sumar detalles al momento en que la víctima es interceptada por el exconcubino y cómo la amedrentó hasta obligarla a acompañarlo en su motocicleta hasta la casa de Garuhapé.
En cuanto al beneficio rechazado de excarcelación, fuentes consultadas por PRIMERA EDICIÓN adelantaron que los delitos que se imputan superan la pena de ocho años de cárcel, existe riesgo de fuga en la zona limítrofe y podría entorpecer la producción de prueba y relato de testigos.
