“Hay que intentar darle respuesta a todas las causas en tiempo y forma, pero también atendiendo las posibilidades que tenemos hoy en general. Comencé hoy (por el viernes) a interiorizarme de los expedientes y la cuantía que hay que responder de inmediato”.
Gustavo Arnaldo Bernie tiene 56 años, en 1995 se matriculó en Misiones e inició en Jardín América lo que definió como su “pasión”: el mundo del derecho penal. Un año antes se recibió de abogado en la Universidad Nacional del Nordeste y no resigna origen, al contrario lo remarca: “Nací y me crié en Resistencia, Chaco”.
El jueves pasado al mediodía, mientras Croacia dejaba afuera del Mundial de Qatar a Kevin De Bruyne y su selección de Bélgica, Bernie juró ante el Superior Tribunal de Justicia y se convirtió en el nuevo camarista del Tribunal Penal 1 de la Primera Circunscripción.
Al día siguiente a las 7, con mochila, computadora y los códigos en mano ingresó a su oficina de calle La Rioja 1561 y recibió a PRIMERA EDICIÓN, no sólo para indicar sus objetivos, sino también para dar su pantallazo de la Justicia misionera y su vínculo con el reclamo social.
¿Desafío desde cero, qué es lo primero por hacer, mucho trabajo por delante?
Cuando el volumen de causas es muy grande el tiempo por supuesto juega en contra para cada una de ellas. El primer desafío es ese, tener conocimiento del funcionamiento y todas las actividades de este Tribunal, personal y la tarea de cada uno. Urge un organigrama de trabajo para determinar lo que hay que resolver rápidamente, ya sean expedientes que deben ir a juicio oral, un juicio abreviado o una suspensión de juicio a prueba.
Sólo no se puede…
Arbitrariamente o de manera unilateral nada se puede resolver en este Tribunal porque hay otros integrantes u operadores que deben intervenir, como defensores y Fiscalía, son las partes procesales de la ingeniería que debemos desplegar y si uno de ellos no puede participar surgen los inconvenientes. Mi expectativa es colaborar de inmediato a lo que ya trabajan mis colegas (jueces Viviana Gladis Cukla y Ángel Dejesús Cardozo) para solucionar cualquier deficiencia en las causas.
La sociedad exige justicia…
La ciudadanía pide respuestas a la Justicia, eso quiero cumplir (…) De la profesión de abogado no me arrepentiré jamás porque es mi pasión. Soy apasionado del derecho y del fuero penal o la especialización en esta área. Yo me inicié como abogado defensor. Veía los mejores planteos que podía ofrecer en beneficio de mi cliente o convencerlo al ministerio público fiscal y al juez. Yo tenía otro tipo de objetivo y hoy estoy en el lugar del juez y es un gran desafío porque me toca resolver con análisis lo que buscan las dos partes. Debo tener solidez procesal, es determinante resolverlo en el marco normativo.
Los derechos humanos tenemos incorporados a la Constitución, los tratados internacionales son la base constitucional y el proceso penal lo incluye en su análisis y corresponde a todas las partes estos derechos. La respuesta debe ser equitativa a la víctima y al imputado, la sociedad debe entender cómo resuelven los jueces para que establezca la sintonía.
Bernie se muestra claro y directo en conceptos pero también intenta asegurar sus motivaciones con ejemplos claros: “El caso Fabián Tablado (condenado por matar de 113 puñaladas a Carolina Aló en 1996) debe entenderse. Estuvo detenido, fue juzgado y condenado, cumplió ante la sociedad el mal que generó. Hoy la sentencia está cumplida y debe integrarse como indican los tratados de derechos humanos y la Constitución”.
“El diálogo de los jueces con la sociedad debe cumplirse a partir de este entendimiento de las garantías para las víctimas y los condenados. Es muy complicado resolver la situación de un acusado que socialmente es culpable”.
¿Los encasillamientos resultan discriminatorios, a usted se lo puede clasificar de “garantista”?
Garantista como se interpreta el término socialmente sería negativo, sería un juez que está muy preocupado en beneficio de las personas que están sometidas a un proceso penal y que causaron daño a la comunidad. Los jueces debemos hacer docencia para que no se malinterprete y una de las herramientas es que todas las sentencias se entiendan a través de la libertad de acceso de todos los medios de comunicación y las facultades.
El término garantía es dentro del marco constitucional del derecho. Si me dicen ‘usted es un juez garantista’ yo podría responder que soy un ‘juez de la Constitución’ donde están en juego las garantías de todos los ciudadanos. El juez tiene que cuidar las garantías y derechos de todos los ciudadanos. Por ejemplo, tengo derecho a la intimidad y no puede ser vulnerada si no es debidamente justificada. Es decir, un allanamiento, secuestro de correspondencia o una intervención telefónica debe resolverse sin afectar el derecho de la persona investigada. Es un juego difícil el de tomar decisiones y que la sociedad las acepte o entienda. El andamiaje constitucional debe ser defendido para que todos estemos protegidos por las normas.
¿Al Superior Tribunal de Justicia le faltan ministros definidos como penalistas?
Dentro de la composición del Superior Tribunal de Justicia, los nueve que llegaron a ministros tienen la alta responsabilidad y suficiente capacidad, lo mismo sus equipos de relatores nutrido en todos los fueros judiciales.
Hoy el Poder Judicial está compuesto de profesionales muy capacitados. El fuero penal es especial. Desde hace poco tiempo al fuero se lo mira de otra manera, se le está reasignando más recursos, materiales y humanos, porque se necesita para estar a la altura de la respuesta a los ciudadanos, porque tenemos personas detenidas y víctimas. A los que resulten culpables que la respuesta sea rápida y a la víctima y su familia lo mismo.
¿Se admite el atraso de resolución de causas penales?
Hay causas que llegan al Superior Tribunal de Justicia con un caudal de tiempo llamativo, demasiado atraso tal vez. Hay que trabajar para que esto no ocurra. Un Juzgado de Instrucción no debería tener una persona detenida tres, cuatro o cinco años sin elevar a juicio. Cuando llega al Tribunal para nosotros técnicamente es una causa por resolver nueva pero para el imputado es mucho atraso. Lo que nos obliga resolver de inmediato porque estaríamos de lo contrario violentando garantías constitucionales plasmadas en el Pacto de San José de Costa Rica de Derechos Humanos y además están contemplados por la ley especial del país la 24.390 sobre plazos razonables de juzgamiento. El plazo de instrucción no debe superar los 18 meses.
¿Falta celeridad?
La justicia lenta no es justicia. Me compete revertir esta crítica. Cuando hay un conflicto la instancia penal es la última ratio para solucionarlo. Si se puede solucionar por otras vías para evitar la punitiva es necesario hacerlo. Hoy se instaló que cualquier problema se llama a la policía. Ese sumario inmediato debe ser bien hecho, porque después intentar investigarlo mejor es llegar tarde.
