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El Santa Catalina dio intervención a la Defensoría y elevó informes a la Justicia

Por el alumno agredido en el baño por otros estudiantes. Así lo confirmó ayer el cuerpo directivo del establecimiento a la comunidad escolar. “El abordaje de la violencia es deber de la escuela”, indicaron desde Educación Católica.

12 noviembre, 2022
RESERVA. La escuela no informará sobre las actuaciones que realice porque involucra a menores de edad.

RESERVA. La escuela no informará sobre las actuaciones que realice porque involucra a menores de edad.

El Instituto Santa Catalina, la escuela que cursa el alumno de primer año que este martes fue agredido en el baño por estudiantes de años superiores, ayer volvió a informar a través de un comunicado las acciones que llevó adelante y recordó que “todos las actuaciones son reservadas, atento a que involucran a alumnos que son menores de edad”.

El equipo directivo aseguró que inició las investigaciones administrativas de rigor “desde el primer momento de ser anoticiados de los supuestos hechos” y que acompañó y mantuvo permanente contacto con la familia del alumno afectado, para conocer e investigar lo sucedido.

Vale recordar que dos días debió estar internado el alumno de primer año luego que este martes su madre lo retirara de la escuela porque, según le avisaron, estaba descompuesto.

Según relató la mamá, el chico llegó fuera de sí y en el hospital advirtieron que podía deberse a algún tipo de sustancia.

Poco después, el mismo adolescente contó que dos alumnos de años superiores lo golpearon en el baño y lo obligaron a ingerir un líquido azul.

Resguardo del menor

Según confirmaron este viernes las autoridades del Santa Catalina “se informó todo lo actuado al Servicio Provincial de Educación Privada de Misiones (SPEPM) y se dio intervención a la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, quienes desde un primer momento se pusieron a disposición de la familia del alumno afectado, para el resguardo del menor y su entorno familiar”.

Indicaron además que tomaron conocimiento de las actuaciones penales a cargo de la jueza de Correccional y Menores, Marcela Alejandra Leiva, y se elevaron los informes requeridos para la instrucción formal de la causa denunciada por la familia del menor involucrado. “Por ello, la institución se encuentra ocupada en la investigación administrativa del caso, reuniendo la información pertinente a estos fines y pedimos que sepan entender a los medios de prensa que no corresponde en esta instancia formular declaraciones, aclaraciones o develar informaci´ón sensible en razón de la responsabilidad que nos compromete en el resguardo de los derechos de los niños y adolescentes”.

“Es deber de la escuela abordar la violencia”

Lamentablemente, lo sucedido en el Instituto Santa Catalina no es un hecho aislado ni extraordinario. Al respecto, en diálogo con PRIMERA EDICIÓN, el secretario para la Educación Católica, Luciano Matijas, señaló que “la realidad nos marca que estamos en una situación cultural muy compleja que demanda mayores esfuerzos, no sólo desde lo pedagógico, porque no sólo se trata que los chicos aprueben materias y acrediten conocimientos, sino también valores para la vida”.

Para Matijas, “la escuela tiene que responder a estas necesidades que van surgiendo que son coyunturales a la realidad en la que estamos” y para ello cuentan con un equipo de apoyo de orientación escolar, conformado por distintos profesionales según las necesidades y recursos de cada institución, por lo general integran este equipo un profesional de la psicología, de la psicopedagogía, de trabajo social y en algunos casos un asesor jurídico”.

En este contexto, señaló que es deber de todas las instituciones educativas, sean confesionales o no, privadas o públicas, el abordaje de la problemática de violencia.

“Para eso se cuentan con protocolos y procedimientos previstos, tenemos organismos que actúan de contralor y de regulador para que los protocolos se cumplan y estén actualizados. Pero más allá de la norma y los procedimientos, en el centro están las personas, los alumnos, que son lo más importante. Por eso, siempre hay que buscar humanizar el procedimiento para salvaguardar a las personas”, argumentó.

Reeducar para no marginar

Pero Matijas destacó que una cosa es el protocolo para prevenir y erradicar casos de violencia “y otra son los acuerdos escolares de convivencia que también deben ser presentados y aprobados ante el SPEPM y tienen una vigencia de dos a tres años”.

Indicó que estos acuerdos escolares, desde la modificación del Código Civil en 2015, “también tuvieron un cambio de paradigma que fue de lo sancionatorio a otro de reeducación, restitución y reparación. Se busca el porqué de la sanción, se indaga sobre si realmente funciona las amonestaciones y la expulsión… si saco a un chico de la escuela, sea cual sea el motivo, ¿realmente lo ayudo a superar la situación o estamos empeorando la situación?. La institución se ve en el deber de buscar las formas o modos para reeducar, no para marginar”, analizó el secretario para la Educación Católica.

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Tags: #PosadasBullyingSanta Catalina
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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