La repercusión por los allanamientos y detenciones simultáneos concretados por la Justicia Federal de Posadas en torno a una presunta red de dealers narco que operaban desde una celda de la comisaría Segunda de la Unidad Regional I de la Policía provincial, continuaba ayer ante la posibilidad que la cifra de detenidos aumentara durante las próximas horas.
Los procedimientos que concretó Gendarmería Nacional por orden de la jueza Federal de Posadas, María Verónica Skanata, se desplegaron durante la madrugada y mañana del miércoles y permitieron, además de las nueve detenciones de los supuestos miembros de una organización de narcomenudeo, el pase a disponibilidad de jefe y subjefe de la seccional policial involucrada y el secuestro de documentos bajo sospecha de pruebas y evidencias de la presencia en celdas de la comisaría de Tambor de Tacuarí y Rocamora de dos de los cabecillas, alojados allí como presos federales.
Ayer en tanto, en el Juzgado Federal de la avenida Mitre casi Jujuy se iniciaron las indagatorias a los detenidos y a los testigos supeditados al expediente con firmes sospechas de que puedan agravarse las situaciones procesales respectivas.
Respecto al rol o colaboración de efectivos policiales con la red de narcomenudeo, el más complicado por las escuchas telefónicas ordenadas por la Justicia Federal es un sargento primero de la comisaría Segunda, quien habría sido aprehendido en una vivienda de Villa Cabello (chacra 147) y quien además del contacto estrecho con los detenidos federales habría utilizado su oficio extra como remisero para el traslado o narcodelivery.
De acuerdo a fuentes en contacto con PRIMERA EDICIÓN el objetivo, tras varios meses de seguimientos y escuchas telefónicas, apuntó a desmantelar la presunta banda de comercialización de estupefacientes con detenidos como los “cerebros líderes” de la actividad.
El sargento primero detenido tiene 36 años y en su vivienda se secuestraron elementos que ampliarían las evidencias en el expediente.
Los jefes directos de este suboficial en la Segunda, Héctor Ramón Penzotti y Claudio Alejandro “Yayi” Rodríguez, fueron desplazados a las pocas horas de conocido el allanamiento el miércoles por la mañana en la comisaría de la avenida Tacuarí. En su reemplazo asumieron Sergio Rubén Benítez (43) como comisario de la dependencia y Rosa Beatriz Dos Santos (41), subjefa.
Penzotti y Rodríguez fueron citados a indagatoria ayer ante la Justicia Federal y se aguarda determinar que tipo de participación habrían mostrado en la red de narcomenudeo. Por lo pronto, se abstuvieron de declarar amparados en su derecho y seguirán en libertad.
Como primera línea de investigación en relación al funcionamiento de una red de venta de estupefacientes al menudeo que se orquestaba y monitoreaba desde la seccional, el hallazgo y secuestro en agosto de un teléfono celular en manos de un interno de la Unidad Penal VI “Procesados” del Servicio Penitenciario Provincial.
Este aparato habría sido el primer eslabón de una serie de contactos a ser escuchados con autorización judicial y que entre estas conversaciones y seguimientos posteriores de los investigadores federales se pudo establecer la organización de venta de drogas y que funcionaría con el amparo, al menos, de un agente de la Policía.
En la Segunda se alojaron detenidos por delitos federales que habrían adquirido beneficios para comunicarse con el exterior, para continuar con la comercialización y distribución de drogas y mientras tanto, atravesar más cómodos el encierro. Estos sospechosos serían cómplices o allegados en las andanzas de uno de los detenidos en la UP-VI del SPP por el frustrado plan de asesinar a un juez de Posadas, causa en manos del juez de Instrucción 1, Marcelo Cardozo.
El detenido del celular, es uno de los cinco cómplices de Néstor Fabián Rojas (55) acusado de pergeñar las maniobras para asesinar al juez de Instrucción 3, Fernando Luis Verón que lo imputó por el doble crimen (Sebastián Vega 35 y Rodrigo Ibarra 27) del barrio Tacurú en Posadas, a fines de 2015.
El plan fracasó luego de las detenciones de mayo de 2020 ordenadas por el juez Cardozo tras las escuchas que le realizaron a “El Negro” Rojas en el complejo penitenciario federal en Marcos Paz, Buenos Aires desde donde habría dado la orden de atacar al magistrado misionero.
