El texto de la ley de Presupuesto 2023 que Sergio Massa envió al Congreso revela que el plan del nuevo ministro es algo así como un “guzmanismo” potenciado.
La austeridad fiscal aparece descripta como el remedio para los males del país y ni siquiera quedan rastros de la retórica heterodoxa que afirmaba que la inflación es un fenómeno “multicausal”.
Massa plantea que un fuerte recorte del déficit fiscal -que será del 1,9% tal como se le prometió al Fondo Monetario Internacional (FMI)- y, sobre todo, una drástica disminución en la financiación monetaria del gasto público será la clave para estabilizar los precios.
Es un guiño de Massa al mercado financiero, donde hay preocupación con el balance del Banco Central. Para financiar las necesidades del Tesoro del año próximo se prevé que la asistencia del BCRA será de “apenas” $3,3 billones, una cifra relativamente pequeña cuando se la compara con la toma de deuda, prevista en $29,9 billones.
Deja en claro, además, que aplicará a fondo el recorte de subsidios a las tarifas de energía, que harán la mayor contribución a la disminución del “rojo” fiscal.
En la argumentación de la política económica incluida en el Presupuesto, Massa reconoce explícitamente que se pagará el costo de un menor crecimiento de la economía -que en la previsión original de Guzmán era de 4% del Producto Bruto Interno (PBI) y ahora fue corregida al 2%.
Separata
El ministro se atrevió a tocar temas controversiales, al detallar en una “separata” una serie de beneficios sectoriales -en su mayoría subsidios o exenciones impositivas- que equivalen a un 2,5% del PBI.
Massa no tomó medidas sobre recortes en este tema, sino que se limitó a decir cuál es el costo fiscal de cada uno de estos regímenes, para que el Congreso determine si amerita que se mantengan o no.
En esa lista de sugerencias sobre dónde se puede recortar beneficios para maximizar ingresos, el ítem destacado como el más costoso es el régimen de promoción a la industria electrónica de Tierra del Fuego, que el año próximo tendrá un costo fiscal de $519.720 millones, un tercio de punto del PBI.
Blanqueo
Ya la sola inclusión de esta “separata” garantiza un debate de alta temperatura en el Congreso.
Pero Massa avanzó también en otros temas que en la propia interna del Gobierno pueden constituir un tabú: por ejemplo, un blanqueo para empresas que tienen dólares no declarados en el exterior.
El Presupuesto prevé que, tras el pago de una multa de 5%, se podrá blanquear ese capital, siempre que sea utilizado para financiar operaciones de comercio exterior o para negocios inmobiliarios.
En otras palabras, el cuidado de la caja del Banco Central es un objetivo prioritario, y no por casualidad, se prevé que las importaciones quedarán “pisadas” -crecerán sólo 2%, y se apelará al financiamiento privado- de manera que el saldo de la balanza comercial, que este año terminará con la exigua cifra de u$s7.751 millones, pueda agrandarse hasta u$s12.347 millones. Actualmente el país lleva dos meses consecutivos de déficit comercial.
Engordando la caja de AFIP
A la hora de detallar los ingresos tributarios disponibles para financiar los $26 billones de gasto público -que crecen a $29 billones cuando se agregan las obligaciones financieras-, Massa hace un optimista pronóstico sobre los ingresos en las cajas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).
Prevé que los ingresos totales aumenten un 77,8%, lo cual implica una suba real de 11%, dado que se prevé una inflación de 60% para el año próximo. En otras palabras, espera una mayor presión impositiva en términos reales, por más que no se haya aumentado ningún tributo.
La mayor mejora estará en los aportes a la seguridad social, que subirán un 83% según la previsión oficial, mientras que la nómina de los impuestos será liderada por Ganancias y el IVA, que tendrá una variación de 80%. Un rubro que pondrá a prueba la capacidad negociadora del ministro es la de pagos por transferencia a provincias y municipios, donde se plantea un recorte en términos reales -una suba nominal de 51% contra una inflación de 60%-.
Sueldos y jubilaciones
Pero Massa quiso dejar en claro que no todo será ajuste, y que ciertos rubros serán resguardados.
Por caso, la asistencia social será reforzada, para lo cual al Ministerio de Desarrollo Social se le asignará $1,1 billones. También se garantizó la continuidad de la obra pública, especialmente en los rubros de vialidad y transporte, para lo cual el Presupuesto del ministerio crecerá un 70%, mientras que la cartera de vivienda tendrá un refuerzo del 68%.
Otras áreas del Gobierno recibirán una mejora presupuestaria por encima de la inflación prevista: en ciencia y tecnología el incremento será de 75% mientras que el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad se verá reforzado en 118%. En cuanto a las empresas públicas, la suba del gasto será de casi 80%, en un rubro presupuestario donde la mayor parte se la lleva Enarsa, la empresa estatal encargada de las compras de energía.
Y la parte más sugestiva del texto del proyecto de ley es la referida al gasto en remuneraciones de los empleados públicos y de los jubilados.
Salarios y jubilaciones han estado en el centro de la polémica con reproches que se le hacían a Martín Guzmán desde el kirchnerismo porque esos rubros habían constituido la “variable de ajuste”.
En el presupuesto 2023, Massa plantea que la masa salarial del Estado subirá un 76,7% y que los pagos para los 7 millones de beneficiarios de la seguridad social tendrán un incremento de 81%. Esto implica una suba en términos reales, siempre se cumpla la meta inflacionaria de 60% que estableció el ministro. Es ahí donde probablemente se produzcan las discusiones más encendidas.
Ocurre que la previsión inflacionaria de Massa no es compartida prácticamente por nadie en el mercado. Como indica la última encuesta REM del Banco Central, los analistas esperan que el año próximo finalice con un 84% en el índice de precios al consumidor. Si se cumplen las previsiones del ministro, entonces los empleados públicos terminarán el año con una mejora real de 10% en sus haberes. Pero en cambio, si la inflación del 2023 es la que creen los economistas, los asalariados del Estado perderán otro 4%.
No más atraso cambiario
El ministro Sergio Massa dejó en claro en el Presupuesto que no está en sus previsiones ningún tipo de corrección brusca del tipo de cambio, aunque también se comprometió a no acumular más retraso cambiario.
Es por eso que el dólar oficial de $269,90 implica una tasa devaluatoria en línea con el 60% de inflación proyectada. Es, también, un guiño al FMI, dado que en el acuerdo “stand by” firmado por Martín Guzmán se comprometía a dejar de usar al dólar como “ancla” de los precios y mantener las dos variables en sintonía, algo que fue cumplido.
De hecho, en lo que va del año ya la inflación acumulada es del 56,4% mientras el tipo de cambio oficial tuvo un deslizamiento de 34%. Esto implica una “inflación en dólares” de 16%. Incluso si esa cifra se corrige por el efecto de la inflación estadounidense -que hasta agosto acumula 6,2%-, la economía argentina sigue registrando un encarecimiento en dólares, el orden del 9%.
La meta del Presupuesto implica que durante 2023 tanto la inflación como la tasa devaluatoria tendrán un promedio de 4% mensual, algo que con los números del mercado de hoy resulta difícil de imaginar.
Pero el texto introductorio del Presupuesto argumenta que se trata de una planificación “realista”, que tendrá en cuenta las limitantes del contexto internacional, la necesidad de intensificar la austeridad fiscal y, al mismo tiempo, atender las necesidades sociales.
El intento es enviarle a cada público -empresarios, sindicalistas, FMI y la propia Cristina Kirchner- el mensaje que quieren escuchar. Pero el clima que se percibe es de escepticismo, sobre todo por la meta de una inflación de 60%.
Por lo pronto, hay cierto consenso entre los economistas en el sentido de que si algo garantizará una reducción importante del déficit fiscal, será una inflación más alta y no más baja que la actual.
¿Qué pasaría si no se aprueba?
De no aprobarse el Presupuesto 2023 diseñado por Sergio Massa y su equipo de trabajo, la administración central podría entrar en una suerte de “shutdown”, o cierre de la administración dado que el Presupuesto vigente es el de 2021 y fue prorrogado luego de que Juntos por el Cambio lo rechazara en diciembre del año pasado.
Legalmente, no se puede prorrogar consecutivamente dos años.
Fuente: iProfesional
