Las organizaciones sociales manifestaron su predisposición a la auditoría que se impulsa desde el Gobierno nacional sobre los planes Potenciar, que actualmente representan un monto de $22.700; sin embargo, advierten que hay una “persecución” a la pobreza y reclaman que se audite también a las grandes empresas que reciben subsidios, a los empresarios que evaden impuestos, a los prestadores de servicio (como el Grupo Z) al que nadie control y a los contrabandistas de soja, entre otros.
PRIMERA EDICIÓN dialogó con algunos de los referentes y obtuvo su visión de la tarea anunciada por el Gobierno.
Felipe Mazacote, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) señaló que “no tenemos ningún problema con la auditoría, nosotros tenemos auditores permanentes que son los compañeros, no vamos a oponernos a la auditoría” pero aclaró que “estamos dialogando con los compañeros de todo el país acerca de cómo vamos a tomar las preguntas que hacen. A lo mejor preguntarán quién puede trabajar, qué formación tienen, esperemos que sea para bien”.
Aunque advirtió que “estamos viendo una especie de persecución contra los compañeros. Me dijeron ‘el Grupo Z recibe subsidios y nadie le audita, no sabemos cuánto reciben pero no vemos que el municipio o la provincia controle’. Si nos van a auditar a nosotros sería bueno que también auditen a todos los empresarios que reciben subsidios en el país”.
Mazacote agregó: “Los economistas dicen que el costo de las jubilaciones, las pensiones y todos los planes sociales son 2.500 millones de dólares (al año). Pero los intereses o las Leliq cuestan 20 mil millones de dólares, este es el grave problema del país. El otro es el interés de la deuda externa”.
“Los compañeros no son planeros, son trabajadores que ahora están desocupados, pero nosotros siempre que pedimos son fuentes de trabajo, las organizaciones sociales se armaron porque no hay empleo”, finalizó.
Por su parte, Fabricio Tejerina, referente de Barrios de Pié Libres del Sur, indicó que “desde 2008 en Argentina no se genera trabajo genuino” y agregó que “los planes fueron la respuesta a una situación muy complicada que se fue estirando y agravando. Los planes son resultado del fracaso de la gestión de los dirigentes políticos”.
“La persona que tiene un plan tiene un certificado de miseria porque no puede tener un auto, obra social, un terreno”, dijo. “Si el Estado quiere controlar los planes, también tiene que controlar los que evaden la exportación de soja, los que hacen contrabando con soja, los empresarios que evaden impuestos”, enfatizó.
Tejerina remarcó: “Los políticos son muy rigurosos con los pobres y actúan como empleados de las grandes empresas. Hoy tenemos ocho empresas que manejan el precio de los alimentos en el país. Los subsidios a Vaca Muerta nadie dice nada”.
Y agregó: “Los créditos a Vicentin que le dio el Banco Nación equivalen a 10 años de planes sociales, y cuando le quieren cobrar dicen que le están persiguiendo (…) nadie audita lo que declaran las mineras que sacan del país”.
Recordó que “la ministra Carolina Stanley (de Mauricio Macri) duplicó los planes sociales, de 500 mil a un millón, Macri fue el mayor planero porque tenía que sostener el deterioro de la crisis social por el fracaso de su modelo económico”.
Por último dijo que “desconocemos el objetivo de esta auditoría pero escuchamos que el Gobierno quiere reducir 400 mil planes para pagarle al FMI, poco futuro le veo a este Gobierno si esa es la idea”.
También se refirió al tema Martín Sereno, diputado de TTT y referente del Movimiento Evita: “La verdad es que si necesitan colaboración para la auditoría pueden contar con nosotros, y esperamos que este nuevo relevamiento, que ya se hace desde hace tiempo por el Ministerio de Desarrollo Social, y ahora lo harían las universidades, sirva para que, teniendo un nuevo mapeo, permita dar más y mejores respuestas a los trabajos y a las producciones cooperativas”.
“Según los dichos del flamante ministro de Economía, el objetivo es transformar en empleo asalariado lo que se pueda (indudablemente un porcentaje menor), reforzar el apoyo a las producciones cooperativas y asistir a aquellos que por determinadas circunstancias no tienen posibilidades”, recordó.
“Dentro de ese marco creemos que la auditoría puede entregar datos valiosos. Hay que recordar que, así como las organizaciones sociales son entes ejecutores del programa, también lo son los Gobiernos provinciales, municipales y Ministerios provinciales también lo son”, dijo Sereno.
