Meses atrás, frente a la angustiante situación que padecen millones de personas desde que existe la última Ley de Alquileres, el oficialismo y la oposición en el Congreso avisaron que se tomarían no más de treinta días para madurar una iniciativa que les cerrara a todas las partes.
Y es que la norma vigente, que también tomó meses de estudio y debate para su maduración, afecta tanto a inquilinos como a propietarios, cada uno en su contexto.
Pues bien, meses pasaron desde que transcurrieron esos famosos treinta días y nada cambió para el mercado de los alquileres. Cambió el Gobierno, que se reestructuró para ascender a un superministro… pero la crisis de los alquileres sigue ahí, ahorcando a todos los que desde hace meses piden cambios.
De hecho, los inquilinos que deban renovar alquileres este mes deberán afrontar subas por encima del 60% en los contratos, como consecuencia del impacto de la inflación.
Por poner un ejemplo y para reflejar el duro impacto en las economías de los argentinos, si una familia pagaba un alquiler mensual de 60.000 pesos, a partir de ahora, deberá abonar 96.000 pesos. El cálculo está contemplado en el desaguisado que maduró el Congreso y que está vigentes desde el 30 de junio de 2020. Surge de la variación que establece el Índice para Contratos de Locación (ICL) que elabora a diario el Banco Central (BCRA).
Ese índice combina un mix del aumento de los salarios y de la inflación. Así las cosas, si un inquilino firmó un contrato el 1 de agosto de 2021, debe renovarlo el 1 de agosto de 2022 con un 60,96% de aumento. Junio de 2020 fue el punto de partida de las angustias que se renuevan todos los meses entre los inquilinos y los locatarios.
Y a más de dos años de reclamos y ejemplos prácticos de la crisis que generó la normativa, el Congreso no fue capaz de avanzar en algo superador. Son capaces de reestructurar la gestión del poder, pero no logran empatizar con esos millones de argentinos a los que dañaron con esta ley.
