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Extensión horaria de estaciones de transferencia “resulta inviable”

La decisión de extender una hora más fue tomada por el Municipio a raíz del reclamo de los vecinos en la audiencia pública llevada adelante hace más de seis meses. Desde el Grupo Z argumentan que no es rentable anteponiendo, como siempre, los intereses privados por encima de las necesidades de los usuarios.

25 junio, 2022
USUARIOS ABANDONADOS. Durante años, después de las 22, no se podía utilizar el transbordo en transferencia.

USUARIOS ABANDONADOS. Durante años, después de las 22, no se podía utilizar el transbordo en transferencia.

La Municipalidad de Posadas informó que desde el jueves 23 se inició una “prueba piloto de la extensión del horario de funcionamiento en las terminales de transferencia de Quaranta y UNaM”.

Por lo tanto, desde ese día, los colectivos prestan servicios en las mencionadas terminales hasta las 23 horas. Desde que se abrieron venían funcionando sólo hasta las 22, dejando a miles de usuarios sin ese servicio.

El Municipio aclaró que “las mismas permanecerán abiertas de lunes a viernes de 5 a 23, mientras que, los sábados y domingos continuarán con el horario habitual, de 5 a 22”.

La novedad fue comunicada sólo dos días después de publicarse un artículo en PRIMERA EDICIÓN, donde se informó que las empresas del Grupo Z no estaban cumpliendo con el pedido efectuado por la Municipalidad en marzo pero para extender el horario hasta la medianoche, teniendo en cuenta la gran cantidad de usuarios (trabajadores y estudiantes principalmente) que todavía necesitan del transporte público para movilizarse en esos horarios.

En la resistencia a ampliar horarios, el Grupo Z se ampara en que no tienen rentabilidad. En declaraciones a Radio República, Guillermo Leumann, dijo que “la apertura de 10 a 12 de la noche de transferencia tiene un costo que deben soportar las empresas” y agregó que “tener abierta las estaciones de transferencia por dos horas más resulta inviable, no por falta de voluntad sino porque genera costos que hay que satisfacer y las empresas no cuentan con recursos necesarios para hacerlo”.

El empresario justificó esta supuesta “inviabilidad” en el hecho que no están recibiendo las compensaciones (subsidios) en tiempo y forma de parte de la Nación y la Provincia.  Sin embargo, cuando no tuvieron el problema de los subsidios, en años anteriores, tampoco abrieron las estaciones hasta la medianoche.

Hoy se justifica en la falta de rentabilidad pero tampoco hay transparencia en el manejo de los números y el usuario no tiene posibilidad de saber si efectivamente las empresas no pueden brindar el servicio muy necesario. Sobre todo, teniendo en cuenta que reciben sus millonarias ganancias del bolsillo de los usuarios (pasaje) y de todos los ciudadanos que pagan sus impuestos (subsidios municipales, provinciales y nacionales).

El otro aspecto que impide una mejora para los usuarios, es que no hay competencia y las estaciones de transferencia son manejadas por un solo grupo de empresas.

Si hubiera competencia, el pasajero tendría la posibilidad de elegir el mejor servicio y obligaría a la empresa no elegida a mejorar sus condiciones para ganar usuarios. Pero al no haber opciones, el usuario queda rehén de un solo grupo.

 

Reclamo de usuarios

En marzo pasado, cuando el Municipio emitió el decreto 280 autorizando una suba de 150% en el costo del pasaje a aplicarse en tres tramos, en marzo, junio y agosto, también se intimó a las empresas del Grupo Z, que son las únicas que monopolizan las estaciones de transferencia de Quaranta y UNaM a extender el horario de funcionamiento, por lo menos, hasta las 24.

Desde que comenzaron a funcionar hace varios años las terminales cerraban a las 22, dejando a miles de usuarios varados, que debían caminar o cambiar de colectivos, siendo perjudicados en su tiempo y su economía.

En este sentido, el secretario de Movilidad Urbana del municipio posadeño, Lucas Jardín, dijo a la prensa el pasado 22 de marzo que existía la posibilidad de que las terminales permanezcan abiertas dos horas más debido a la demanda de pasajeros.

“La idea es que en una primera etapa podemos tener las transferencias abiertas hasta las 24, estamos estudiando la demanda que tienen las líneas para no ser ineficientes”, explicó el funcionario al que no hicieron caso. Pareciera que interesa más la rentabilidad de las empresas de “servicio público” que la necesidad de los usuarios.

Además dijo que no “sólo hay que pensar” en dejar abierto la transferencia durante ese horario, sino que también tener el servicio bien aceitado con las líneas troncales para que los usuarios que se mueven desde el centro “puedan volver tranquilos a sus casas”.

En el mismo decreto que se autorizó el incremento de tarifa, en el artículo 3, el Municipio capitalino señaló: “ínstase a las empresas para que procedan a la optimización de la prestación del servicio, de conformidad con los requerimientos elevados por los ciudadanos en la audiencia pública ‘readecuación de la tarifa del boleto’ celebrada el pasado 3 de febrero”.

 

Sin SUBE nacional

Hace años hay cuestionamientos sobre la cantidad de boletos que vende el Grupo, la millonaria catarata de subsidios que recibe y la ecuación polinómica que se aplica para determinar el boleto.

Es que las empresas del Grupo se han negado durante los últimos años a implementar la tarjeta SUBE nacional, que tiene un sistema de control transparente y otorga numerosos beneficios a los usuarios. Si utilizara este sistema, el Gobierno nacional tendría una medición exacta de los kilómetros recorridos por cada unidad, los boletos vendidos y haría un cálculo más exacto de cuánto debería costar el boleto y cuánto dinero alcanzaría a la empresa para brindar el servicio sin castigar a los usuarios con el precio del boleto. Pero eso no ocurre.

En cambio, el Grupo tiene su propia “SUBE misionera” con la cual se controla los números y presenta informes a la Provincia mediante declaraciones juradas escritas. Es decir que la Provincia ni la Nación controlan que efectivamente los números sean los que declara.

Hubo muchos intentos de sectores políticos y usuarios que, dudando de los números declarados, pidieron que se abran los balances y se corra el velo de lo que significa un mega negocio millonario a costa de los sectores más populares de la población misionera. No hubo caso.

 

Pedidos de los usuarios

• Falta de refugios en las paradas: los usuarios deben esperar en la lluvia o el sol en muchos barrios.
• Falta de frecuencia: los feriados, fines de semana y horarios pico la gente viaja amontonada como ganado y muchos pierden los colectivos debido a que cruzan cargados al tope y no pueden subir más pasajeros. Eso causa demoras, incomodidades y problemas.
• Ampliación de recorridos: los barrios más alejados y los nuevos parecen permanentemente la indiferencia al pedido de sumar nuevas líneas. Nemesio Parma, Itaembé Guazú, la zona Sur del Autódromo y los municipios de Garupá y Candelaria tienen permanentes problemas de este tipo que no son escuchados por la empresa.
• El precio de la SUBE: este año el Grupo está cobrando mil pesos, cuando la tarjeta nacional tiene un costo de entre 90 y 200 pesos como máximo.
• Descuentos: la SUBE nacional otorga descuentos cuando se utiliza con mayor frecuencia, buscando que el pasajero que viaja seguido sienta un alivio en su bolsillo.
• Pérdida de subsidios: Nación otorga subsidios a provincias por dos vías: una para equilibrar costos y otra para beneficiar a los usuarios, pero Misiones recibe sólo el primer concepto y pierde millones del segundo, que sólo llega a las ciudades con SUBE nacional.

Tags: #PosadasGrupo ZMisionesQuarantatransferenciasTransporte
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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