El polémico enfrentamiento entre Misiones y Corrientes, al defender los intereses de los pequeños productores yerbateros y el sector industrial respectivamente, en relación a la aplicación de la Resolución 170 del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), suma un nuevo capítulo judicial tras la decisión del juez correntino Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda de declararse incompetente en el conflicto y derivar el tema a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Cabe recordar que la Resolución 170 apunta a limitar a cinco hectáreas anuales la posibilidad máxima de nuevas plantaciones de yerba mate para evitar una crisis de sobreoferta.
Para ello se marcó que “todos los productores, sin importar su tamaño, no podrán incorporar más de cinco hectáreas por año de nuevas plantaciones, con el objetivo de evitar que el ‘exceso’ de producción futuro rompa el equilibrio productivo, económico y social de la cadena”.
Sin embargo, desde fines del año pasado, el juzgado federal de Paso de los Libres, a cargo de Gustavo Fresneda, decidió suspender la resolución del INYM, haciendo lugar a medidas de amparo presentadas por el sector industrial, lo que desató una tensa pulseada entre los gobiernos de Corrientes y Misiones.
Declaración de incompetencia
El reciente documento judicial de Fresneda, con fecha del pasado 7 de junio, resuelve “declarar la incompetencia (del juzgado federal de Paso de los Libres) para continuar entendiendo en la causa, declinando la misma a favor de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en razón de su competencia originaria, por ser parte de estas actuaciones dos Estados provinciales y el Estado nacional”, y así dispuso “la remisión de la totalidad de la causa al Máximo Tribunal”.
Pedido de Misiones
Consultado por PRIMERA EDICIÓN, el síndico del INYM, Emilio Jouliá, recordó que “desde un principio dijimos y aseguramos que este tema era competencia de la Corte Suprema. El juez correntino (Fresneda) dictó las medidas cautelares sabiendo que era incompetente, y ahora dice que el fondo de la cuestión y lo que realmente interesa lo tiene que resolver la Corte”.
“En definitiva, nosotros buscábamos que esto vaya a la Corte con un juez imparcial porque así debiera ser”, consideró y añadió: “Estamos 100% seguros que se va a mantener (la Resolución 170) y vamos a trabajar para eso”.
Al mismo tiempo valoró: “Lo cierto es que ahora sale de Corrientes y se va para la Corte que era lo que buscábamos de entrada. Era algo que planteamos desde que Fresneda intervino, porque cuando están en juego dos provincias sin dudas tiene que intervenir la Corte, no puede pasar por un juez de una sola provincia”.
En relación a la postura del juzgado correntino al impulsar medidas que favorecen al sector industrial, Jouliá indicó que los industriales “tienen sus derechos e intereses. Nosotros desde Misiones estamos en otra postura, vamos a defender al pequeño productor sin desbalancear pero protegiendo a quien generó este negocio”, amplió.
Por ello, remarcó: “El primero que hace al negocio es el que planta, no el que industrializa. Es cierto que es importante el sector industrial porque no podríamos tener la yerba en nuestra mesa, pero no nos podemos olvidar de quién está en el campo cosechando con estas heladas y las lluvias. Eso es lo que defiende Misiones que la familia que produce no sea desplazada”.
Sumarios por infracción
El INYM comenzó esta semana a notificar las imputaciones a cuatro operadores que no habían presentado la solicitud correspondiente para incorporar nuevas plantas de yerba mate en sus parcelas.
“Los sumarios que se están labrando son el resultado de las acciones de control que estamos llevando adelante por medio del área de Fiscalización del Instituto, en el marco de la Resolución 170”, destacó Marcelo Hacklander, director por el sector de la Producción y secretario de la subcomisión de Fiscalización.
La Resolución 170/2021 habilita a todos los productores a incorporar anualmente cinco hectáreas nuevas, a implantar hasta el 2% de la superficie ya declarada y a reponer las plantas secas o muertas de su yerbal. En todos los casos los operadores deben informar al INYM, solicitando la autorización correspondiente con una anticipación mínima de 30 días.
