Cayetano Raúl Eugenio Castelli (57) conoce los pasillos judiciales y no fueron (o son) pocos sus conflictos con la ley. En febrero de 2020 (tal como lo publicó en exclusiva PRIMERA EDICIÓN) su identidad volvió a resonar porque acordó cinco años de prisión, en juicio abreviado, por la megaestafa con depósitos judiciales (2003). Ayer nuevamente recorrió una sala de debates, esta vez de los juzgados correccionales y de menores de esta capital donde debía iniciarse el juicio en su contra por los delitos de “usurpación y amenazas”.
“Nani” Castelli llegó acusado por no cumplir con un contrato de comodato y no restituir tampoco la propiedad de quienes lo consideraban un “amigo de la familia”.
Ante la jueza de Menores 1, Marcela Leiva, optó por solicitar “el principio de oportunidad” (artículo 60 del Código Procesal Penal de Misiones) y firmar acuerdo de restitución inmediata de las llaves de un complejo deportivo de la avenida Uruguay 3340 (casi Pasteur) propiedad de Jorge Oscar “Kuki” Barrufaldi, asesinado en un asalto en junio de 2003.
El ofrecimiento fue analizado por la querella encabezada por la viuda de Barrufaldi, Gladis Ester Urquiza, y por la fiscal de Menores 1, María Laura Álvarez. Con el compromiso firmado, se evitó el juicio oral y Castelli evitó perder el beneficio de prisión domiciliaria concedido por el Tribunal Penal 2 por la “megaestafa”.
Para los damnificados fueron seis años y cuatro meses de angustias, trajinar constante por estudios de abogados, planteos penales, recursos de todo tipo, sin ninguna respuesta. Gladis Urquiza (57) dialogó con este Diario y de sus palabras se puede estimar el dolor: “Está científicamente probado que la tristeza y angustia permiten la aparición del cáncer. Bueno acá está, me tuvieron que sacar una mama hace ocho días por un tumor y acá estoy ahora, luchando por justicia y sobrevivir”.
“La pérdida económica no es lo importante. Me criaron con valores y uno de ellos fue la justicia y por eso luché para que mis hijos puedan recuperar lo que es nuestro. Durante seis años sufrimos esto, durante todo este tiempo nos defraudó este señor (Castelli). Hoy lloro de rabia, alegría, recuerdos, se me mezcla todo”, agregó y no soslayó la mañana traumática de sentarse frente el acusado: “Me tocó volver a verlo y que él me mire con soberbia, es muy caradura. Lo considerábamos amigo, al menos de mi marido lo era, hasta una torta cuando cumplió 50 años le hicimos y así nos pagó, hasta llegar a este punto”.
La sonrisa de Urquiza frenó las lágrimas de sus afirmaciones: “Ya pasamos por momentos mucho más feos y tristes como cuando mataron a ‘Kuki’. Ahora vamos a poder recuperar lo nuestro y olvidarnos de este señor que no sé cómo definirlo sin malas palabras”.
Sebastián González, abogado de la familia Barrufaldi-Urquiza, no esquivó la consulta sobre la causa y el desenlace: “Durante todo el litigio lo único que hizo la defensa de Castelli fue poner trabas y no dejar actuar a la Justicia. Ya una maniobra común para este encausado, tiene antecedentes de estas acciones pero se llegó a una salida con la entrega voluntaria del bien, lo que acredita el hecho de que reclamábamos con el ciento por ciento de razón, no tenía ningún tipo de derecho sobre esta propiedad. Después de seis años y cuatro meses logramos recuperarla aunque durante seis años y cuatro meses esta familia perdió el usufructo de lo que les pertenecía”
Explicó además: “En diciembre de 2015 venció el comodato firmado y desde entonces se atrincheró Castelli en ese lugar. Hasta se enganchó en la luz varias veces, consta en EMSA. Ostentaba ser el propietario y entorpecía todas las medidas que se solicitaban”.
“Castelli ya hizo lo mismo en otras causas y expedientes, trabar todo con abogados dispuestos a que nada avance y ayudados por un contexto de juzgados colmados de denuncias y casos por resolver”.
“Megaestafa”
El escándalo en 2003 incluyó a la jueza Civil y Comercial 1 de Posadas, Graciela Brígida Candelaria Salvado de Sotelo; su jefa de despacho, Nora Castelli (60); la secretaria Miriam Saidman (56); Cayetano “Nani” Castelli (57) y los abogados Paula Espinosa (50) y Guillermo Abdón Fernández (55). Los seis llegaron imputados por el delito de “asociación ilícita”, artículo 210 del Código Penal Argentino que prevé penas de tres a diez años de cárcel.
