La Cámara de Diputados tendrá una agenda hiper cargada, con posturas enfrentadas entre oficialismo y oposición. El tema central será la discusión sobre la reforma de la ley de Alquileres, con la posibilidad concreta de que se firmen dictámenes, en tanto que más temprano comenzará el debate impulsado por la oposición sobre la Boleta Única y el tratamiento de la media sanción del oficialismo de la reforma del Consejo de la Magistratura.
Luego de que en la última sesión de la Cámara baja Juntos por el Cambio lograra juntar los votos para el emplazamiento de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto, con el fin de tratar los proyectos de Boleta Única, se convocó a un primer plenario para hoy a las 10, en el marco de un cronograma de reuniones que finalizaría tentativamente el 31 de mayo.
La convocatoria se lanzó luego de que ayer se constituyeran las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, ambas en manos de oficialistas: Hernán Pérez Araujo por la primera y Rodolfo Tailhade por la segunda (ambos fueron reelectos).
El Frente de Todos rechaza la iniciativa opositora, y defiende el actual sistema de votación con boletas impresas de papel, con las listas completas de candidatos. Pero la oposición podría dar el golpe si Juntos por el Cambio consigue sumar al interbloque Federal en un dictamen unificado que supere en cantidad de firmas al del Frente de Todos.
De un recuento provisorio se desprende que la oposición, si suma todas sus voluntades, sacaría una pequeña luz de ventaja sobre el oficialismo, aunque en el marco de un escenario de extrema paridad. No obstante, al Frente de Todos lo tranquiliza el hecho de que en última instancia la iniciativa rebotaría en el Senado porque allí la bancada oficialista haría valer su ajustada mayoría.
Días atrás, la vicepresidenta Cristina Kirchner cuestionó abiertamente la iniciativa opositora con una serie de argumentos atendibles, alegando que el sistema de Boleta Única solamente presenta en la papeleta al primer candidato de la alianza electoral por cada una de las categorías y esconde a todos los candidatos que se sitúan por debajo en las listas.
Buena parte del peronismo (durante el Gobierno de Mauricio Macri los gobernadores del PJ voltearon la reforma de la Boleta Única Electrónica que impulsaba Cambiemos), y los diputados del PTS también rechazan el sistema de votación propuesto por Juntos por el Cambio.
En la oposición argumentan que el sistema otorga mayor transparencia, simplicidad a la hora de elegir, democratiza el sufragio por las mayores posibilidades de realizar combinaciones con votos cruzados (dado que el sistema de las listas sábana desalienta el famoso “corte de boleta”) y por último, pero no menos importante, termina con las suspicacias sobre presuntos “negocios” con la distribución y comercialización de las papeletas, además de minimizar las chances de fraude electoral.
El segundo turno de la jornada será al mediodía, cuando comience el tratamiento de la reforma del Consejo de la Magistratura que el Frente de Todos consiguió aprobar en el Senado. La propuesta amplía a 17 la cantidad de miembros del órgano y excluye a la Corte Suprema de la integración, como reclama Juntos por el Cambio.
Sin embargo, el Frente de Todos no la tendrá fácil en Diputados, donde no goza de mayoría propia y los aliados que le quedan son muy escasos.
El tratamiento estará a cargo de las mismas comisiones: Asuntos Constitucionales y Justicia. La decisión de poner en tratamiento el tema en el mismo día en que la oposición convocó a la discusión de la Boleta Única responde a una jugada política -orquestada en el despacho de Sergio Massa junto a las principales espadas legislativas del Frente de Todos- de no ceder a la agenda que quiere imponer la oposición de Juntos por el Cambio.
A las 14, en tanto, será el plato fuerte de la jornada cuando se inicie la reunión de la comisión de Legislación General, donde el oficialismo intentará aprobar su dictamen sobre Alquileres, que mantiene los ejes centrales de la actual ley 27.551, e introduce algunos cambios que apuntan a mejorar los incentivos a propietarios para ampliar la oferta en el mercado.
Sin embargo, no está definido si el debate podrá agotarse en la jornada de hoy, ya que si se extiende demasiado podría llamarse a un cuarto intermedio y retomar dentro de unos días.
El oficialismo y Juntos por el Cambio comparten el diagnóstico de que la ley (que tuvo media sanción en 2019 durante el Gobierno de Cambiemos y aprobada definitivamente en 2020), que había sido fruto del acuerdo transversal de las fuerzas mayoritarias del Congreso, no arrojó los resultados esperados.
Las principales críticas de la industria inmobiliaria tiene que ver con la extensión de la duración de los contratos a tres años, y la actualización anual que se fijó en la ley. En línea con estos reclamos, Juntos por el Cambio propondrá un dictamen para retrotraer al sistema que funcionaba antes de la sanción de la norma vigente, cuando los contratos se firmaban por dos años años el ajuste de los valores era semestral.
En la oposición argumentan que el ajuste anual es incompatible con la dinámica inflacionaria del país, que provoca una alta incertidumbre especialmente en los propietarios, quienes podrían llegar al punto de retirar los alquileres del mercado, generando un problema aún mayor.
No obstante, luego de de un arduo debate interno, el Frente de Todos decidió hacerse eco de las preocupaciones de las agrupaciones de inquilinos, que pidieron mantener tanto el plazo de duración de los contratos y la frecuencia de los ajustes de precios tal como están.
A su vez, el dictamen que firmará el oficialismo subsanará un déficit que tiene la ley: se fijará que el aumento que determina la fórmula de actualización de los precios (que combina la variación salarial con la inflación medida por el IPC) será el tope máximo permitido.
Si bien en la oposición predomina la idea de realizar modificaciones a la ley, un sector minoritario liderado por Alberto Asseff (PRO) propone directamente la derogación de la norma.
Volviendo al dictamen del oficialismo, quedaría descartada la propuesta del diputado José Luis Gioja de aplicar un impuesto a las viviendas ociosas, una iniciativa que había asustado y puesto en alerta a las cámaras inmobiliarias y asociaciones de propietarios.
Sin embargo, sí se incorporarán algunos aspectos comprendidos en el proyecto del sanjuanino, vinculados a beneficios fiscales que recibirían los locadores que se inscriban en el régimen de monotributo, que podrían deducir esos bienes inmuebles del pago del impuesto sobre los Bienes Personales por cada año y período fiscal en el que estuvieran registrados hasta cinco contratos de alquiler.
Fuente: Agencia de Noticias NA
