Aunque se trata de una diputada provincial santafecina, Amalia Granata es un personaje político mediático que tiene entrada en los medios de comunicación más importantes del país. Ayer, reactivó un viejo debate que sigue a los argentinos desde aquel 1994, año en el que asesinaron al conscripto Omar Carrasco tras una serie de abusos de poder y maltratos físicos y mentales y la “colimba” dejó de ser obligatoria.
Granata propuso volver a la obligatoriedad tanto para hombres como para mujeres tras un viaje a Israel. Fundó su idea en que “encaminaría la conducta de los jóvenes en el país” tras el avance de la delincuencia, el desempleo y la pobreza en la que viven los jóvenes.
Aparecieron voces a favor y en contra, con una nueva “grieta” (una más y van entre los argentinos) donde las ideologías pesaron fuerte al momento de fijar un posicionamiento.
No es la primera vez que ocurre. Cuando se empezó a hablar de los jóvenes “Ni-Ni” (ni estudian ni trabajan), también resurgieron propuestas como la de Granata. Pero no prosperaron.
De fondo, no está mal sostener la cuestión en la agenda pública, debiera preocupar los legisladores de todos los colores políticos, a los que tienen responsabilidades ejecutivas en todos los estamentos del Estado, a ONG, entre otros, ver cómo encaramos políticas públicas para crear oportunidades de desarrollo de los jóvenes en la Argentina. Y no se trata sólo de estudios y empleo, sino de expectativas de crecimiento, de capacidad de planificación para la realización personal como familiar en el futuro de ese segmento poblacional.
Tal vez si nuestra dirigencia política fuera a un servicio obligatorio de varios meses que los encaminara en el diálogo, la planificación, en la lucha contra la corrupción, en entender que la política no debe ser para “salvarse” solos y enriquecerse, este país podría estar en otros debates más enriquecedores. Independientemente de la existencia de si una “colimba” ayuda o no a la conducta civil y social.