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Vialidad vuelve a sancionar a concesionaria de la ruta 14

29 abril, 2022

La Dirección Nacional de Vialidad sancionó a Caminos del Río Uruguay, concesionaria de la ruta nacional 14, conocida como la Autopista del Mercosur, por infracciones al contrato y la multó en $ 6,67 millones, a través de la resolución 569/2022 publicada hoy en el Boletín Oficial.

La normativa que Caminos del Río Uruguay incumplió son las especificaciones para el mantenimiento, reparación y conservación rutinaria dispuestas en el contrato de concesión.

Al respecto, precisa que se encontraron deficiencias en el Índice de Estado (IE) –que tiene en cuenta variables como la deformación longitudinal y transversal del asfalto, fisuraciones y desprendimientos- en tres tramos de la ruta nacional 14.

Los tres tramos donde se encontró un pavimento menor al requerido son los kilómetros 457 a 469, 470 a 479 y 480 a 496.

En consecuencia, la resolución dispuso la aplicación de una multa equivalente a 352.260 Unidades de Penalización (UP) por la tarifa vigente, que es $ 18,93, lo cual da como resultado $ 6.668.2801,8.

Con esta sanción la concesionaria suma multas por $ 117,43 millones en los últimos ocho meses, ya que a fines de agosto de 2021 recibió una sanción por $ 6,83 millones; un mes después otra por $ 9 millones; a fines de noviembre otra por $ 7,62 millones; y en diciembre otras tres por $ 34,8 millones, $ 25,14 millones y 10,06 millones.

El 18 de marzo último Vialidad aplicó la mayor de todas las sanciones hasta ahora para Caminos del Río Uruguay por $ 14,59 millones, y tras ello se le aplicó a fines de ese mes una multa por $1,64 millones, y en abril otra sanción por $ 1,06 millones.

La sanción de hoy se basa en una evaluación de la ruta realizada en mayo y junio de 2009, constatándose nuevamente el incumplimiento en octubre de 2010.

De acuerdo con Vialidad, la empresa no cumplió con la premisa de ejecutar todos los trabajos de conservación de rutina en el corredor y toda otra tarea para que brinde al usuario adecuadas condiciones de estética, seguridad y confort.

De acuerdo con el contrato de concesión, el Índice de Estado (IE) en los tramos de la ruta debe ser igual o superior a 6, elevándose en los últimos tres años de la concesión a 7,5.

En los tres tramos de la ruta señalados, Vialidad constató que el Índice totalizaba 5,75, 5,03 y 4,72, por debajo del mínimo requerido.

Posteriormente, en 2014, la concesionaria emitió un descargo y pidió el archivo de las actuaciones alegando que la penalidad no procede porque el concédete de la concesión no pagó en término el 50% de las obras de repavimentación.

Como respuesta, Vialidad aclaró que el concesionario presentó en 2006 y 2009 planes de obras de repavimentación que no contemplan ninguno de los tramos sancionados, y por tanto no procede el argumento de la empresa.

“La sumariada no ha presentado argumentos que demuestren que el incumplimiento verificado no le fuere imputable, o que existieran causas de justificación obstativas de la aplicación de la penalidad prevista para el incumplimiento constatado”, afirmó el organismo que está bajo la órbita del Ministerio de Obras Públicas.

El Acta Acuerdo de la concesión establece 8.000 UP por tramo de evaluación donde se detecte un índice de serviciabilidad presente menor que el exigido, y 2.000 más por tramo de evaluación y por cada semana en que la concesionaria tarde en corregir la anomalía.

Fuente: Agencia de Noticias Télam

Tags: Caminos del Río UruguaymultaRuta 14Vialidad Nacional
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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