“La muerte de Luis Roberto Saide privó a sus hijos de su presencia en actos trascendentales de su vida, y de su compañía en el desempeño de las disciplinas en que se desarrollaban. Tampoco podemos dejar de lado que encontró la muerte en el campo en que desarrollaba el fuerte de su actividad, y que Nahir y Deisy fueron parte del trágico evento que se llevó la vida de su padre y testigos de la actividad heroica que desplegó para salvarles la vida y la de tantos otros”.
El fragmento corresponde al fallo de José Luis Casals, titular del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y Contencioso Administrativo de Posadas, y que condenó a Prefectura Naval Argentina y a la Asociación Mercosur de Aguas Abiertas a abonar poco más de 113 millones de pesos en concepto de indemnización por daño moral y patrimonial a la familia de Luis Saide, profesor de educación física de Reconquista, Santa Fe, uno de los ocho participantes que perdieron la vida el sábado 16 de enero de 2010 en la edición 80 del “Cruce del Paraná”, competencia de natación que unía Encarnación y Posadas.
La primera sentencia del fuero civil respecto a las demandas de las familias de las víctimas fatales correspondió a la demanda presentada por Deisy Liz Saide y Silvia Noemí Passarino, en el caso de esta última por su propio derecho y en representación de sus hijos menores Nahir Laila Saide y Arion Blas Saide, mediante sus abogados patrocinantes Emilio César Jouliá y Graciela Beatriz Canteli, quienes interpusieron el planteo contra la firma “UABL SA” segunda constructora mundial de barcazas, a la Asociación Mercosur de Aguas Abiertas organizadora de la prueba deportiva y a la Prefectura Naval Argentina como representante del Estado argentino.
El monto total actualizado es de 113.071.188 pesos, como daño moral 65.570.849 (con la aplicación de la Tasa Activa del Banco de la Nación Argentina) y como daño patrimonial 47.500.339. Vale aclarar que el juez Casals rechazó la demanda contra UABL pero hizo lugar al reclamo y condenó a la Asociación Mercosur de Aguas Abiertas y a la Prefectura Naval Argentina en forma solidaria a resarcir el daño.
Luis Saide (53) cumplía numerosas actividades en el ámbito deportivo y educativo de su comunidad, entre ellas, director de la Escuela de Natación del Club Atlético Delante de Reconquista donde se desempeñaba como entrenador de natación de adolescentes y jóvenes de entre 13 a 25 años y que desde 1992 participaba en eventos deportivos acompañando a sus nadadores y a sus padres en las competencias de aguas abiertas en los diferentes campeonatos, tanto en el campeonato santafesino como en aquellos llevados a cabo en Corrientes y Misiones.
El 16 de enero de 2010 murieron Luis Saide, Víctor Sessa, Fernando Solé Mases (12), Sebastián Ruzecki, Nicolás Levequi, Eugenio León Seró, Manuel Leiva y Mauro Bacigalupi, succionados por las barcazas cerealeras mal amarradas que se movieron al borneo cuando se desató el viento y lluvia en el río Paraná cuando se desarrollaba la competencia de aguas abiertas.
En diciembre de 2014, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, Norma Lampugnani, Mario Hachiro Doi y Lucrecia Badaró, condenaron al prefecto Jorge Antonio Lezcano y a Hugo “Tyson” Alfonso (organizador y presidente de la Asociación Aguas Abiertas) a penas de 4 años y 3 años y medio de prisión por el “homicidio culposo calificado por la cantidad de víctimas”.
El fallo de José Luis Casals se convirtió en el primero y que responde a la demanda civil planteada en 2012 por la familia Saide.
“Una sentencia de reconocimiento”
El abogado Emilio César Jouliá, representante junto a Graciela Beatriz Canteli, de los derechos de los tres hijos y la viuda de Luis Roberto Saide (53) destacó la condena emitida por el juez federal de Posadas, José Luis Casals: “Es una sentencia, un histórico reconocimiento de la Justicia Federal para aliviar todo el daño que sufrió esta familia y que sienta un más que buen precedente para los demás planteos de las siete restantes”.
“No era nada fácil para el juez fallar en este caso tan complejo. En el que debieron volver a realizarse audiencias y tomar declaración a sobrevivientes de la tragedia. Fueron largos años de lucha y litigar”.
