El pedido expresado por el dirigente agrario Hugo Sand, para que el Gobierno disponga la prohibición del apeo de monte nativo en toda la provincia, con el objetivo de proteger a las producciones de los efectos de la sequía y el cambio climático, despertó diversas opiniones que derivaron en un polémico cruce entre las posturas tomadas por los industriales forestales y proteccionistas del medio ambiente.
Ayer, el sector forestal emitió una dura carta en la que rechazaron las ideas postuladas por Sand días atrás al ser entrevistado por FM 89.3 Santa María de las Misiones. Ese comunicado, a su vez, tuvo respuestas inmediatas por parte de los ambientalistas que defendieron al referente agrario.
Consultado por PRIMERA EDICIÓN, César Jakimczuk, integrante de “Forestales Autoconvocados de Misiones”, señaló que “el principal problema es que la gente tiene un preconcepto de que los industriales son los responsables de la gran deforestación que se da en la provincia. Pero nosotros trabajamos con planes de aprovechamiento de madera, por ejemplo, sacamos 5 o 10 árboles por hectárea y nos vamos. Nosotros no somos los que terminamos con el monte”.
“El monte es afectado por los que hacen tala rasa. Además, la mayor deforestación de la provincia es hecha por quienes intrusan las propiedades”, acusó y añadió: “La deforestación hecha por intrusos es algo que también afecta a nuestro sector, porque cuando desaparecen los montes nos vamos quedando sin materia prima”.
Por otro lado, Jakimczuk cuestionó que “cuando (Sand) compara el accionar del INYM que limitó las plantaciones nuevas de yerba, y también quiere limitar la plantación de pinos y eucaliptus en la provincia, es una locura porque, en nuestro caso, habiendo más madera implantada, nosotros ocupamos esa implantada y se deja de usar la madera nativa”.
Los denominados “Forestales Autoconvocados de Misiones” publicaron una carta abierta titulada “La realidad de nuestro trabajo, ante acusaciones permanentes e infundadas”. En ella, plantearon que “los obrajeros forestales y madereros de la provincia necesitamos poner luz sobre acusaciones permanentes e infundadas que recibimos respecto a nuestro trabajo. La primera gran acusación que nos atribuyen es la deforestación, lo que demuestra en primer lugar ignorancia total de quienes nos acusan, respecto a las políticas y reglamentaciones nacionales y provinciales de manejo sustentable a las que estamos sujetos y respetamos desde hace años”.
Además, aclararon que “en Misiones y Argentina, la madera nativa se extrae bajo autorización y un Plan de Manejo Sustentable, desarrollado y controlado por el mismo Estado nacional y provincial. Lo que quiere decir que, del monte autorizado para aprovechamiento forestal, solo se extraen determinadas especies y respetando cupos por hectárea. No se ‘tumba’ el monte”.
“Cuando un camión sale a la ruta, la carga está informada digitalmente. Hay una trazabilidad de la madera extraída que informa al Estado, al dueño de la propiedad, el obrajero, y aserradero que recibe la carga. Y cuando el obrajero termina de aprovechar su plan autorizado, deja un monte en pie que sigue su proceso de regeneración, permitiendo que, en 20 años, nuevamente haya madera aprovechable”, ampliaron.
“El problema también está en las miles de hectáreas con yerba y té sin ningún árbol nativo, cuando sabemos que las especies nativas protegen el suelo y los cultivos del sol en verano, resguardan los cauces de agua, y en invierno aportan materia orgánica, son cortinas ante los vientos y protegen del granizo entre otros beneficios”, detallaron y añadieron que “la falta de árboles es una realidad de las chacras, donde solo se ven plantaciones de monocultivos sin un árbol, donde no hay cortinas nativas de ningún tipo. Empecemos entonces por reforestar las plantaciones de yerba, soja, mandioca y tantos miles de hectáreas donde una vez había monte”.
Al mismo tiempo, apuntaron que “el problema es también la intrusión permanente en lotes donde se quema y tala, y donde siempre se llega después del desastre ambiental ya hecho. El otro problema es la realidad de los propietarios de montes, que tampoco ven beneficio alguno en contar con un bosque nativo en pie más allá del aprovechamiento sustentable, porque siguen pagando impuestos y buscan alternativas para vivir”.
Apoyo ambiental
El Frente Ciudadano Ambiental Kaapuera contestó directamente con críticas hacia la carta publicada por los forestales autoconvocados.
Así, el grupo de ambientalistas adhirió a “cada una de las líneas que el señor Hugo Sand –Convencional Constituyente de Misiones en el año 2006, entre otras cosas- expresa en el artículo periodístico”, difundido por este Diario, “y entiende, al igual que la mayoría de los misioneros que viven en contacto con los bienes naturales, que urge atender la recuperación del agua, del monte y del suelo para la familia agraria y urbana, y en ese contexto debatir en sociedad el poner límites a la expansión del monocultivo de especies exóticas, e ir definiendo qué modelo productivo queremos los misioneros, más que nunca amigable con la selva, fuente de servicios ambientales”.
Kaapuera cuestionó la carta de sector forestal provincial “por personalizar un tema que es de interés general de los misioneros y como tal, amerita un debate abierto, maduro, sin personalizaciones, con datos actuales y reales del mapa socio económico y ambiental de Misiones”.
Así, opinaron que “esta actitud de enfrentamiento individual, focalizado en una persona, revela a un sector que se escuda detrás de un supuesto aprovechamiento forestal legal, que, como se hizo público en otras oportunidades, tiene casos resonantes que involucran mecanismos ilegales, con complicidades institucionales y políticas”.
Desde el “Espacio socio ambiental de Misiones” también se solidarizaron con Sand, y destacaron que “el espacio integrado por decenas de organizaciones” comparte la preocupación “que venimos expresando desde hace mucho tiempo con la necesidad de debatir y transformar el actual modelo productivo que alienta el uso indiscriminado de agroquímicos contaminando nuestras tierras y reservas de agua, concentra la tenencia de las tierras en pocas manos, expulsa a trabajadores rurales, aumenta el riesgo de incendios forestales, invade territorios de las comunidades mbya tal como se han denunciado en los últimos meses, con la complicidad incluso de fuerzas policiales, y ante el silencio absoluto de las autoridades”.
