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Los productores no le creen al Gobierno que saldrán ilesos

23 marzo, 2022

Alberto Fernández ya empezó a sufrir varios “efectos boomerang” en su guerra contra la inflación. El primero fue el de aumentos de precios preventivos que ocurrieron en la cadena de productos alimenticios -más del 15% en la última semana-, por el temor a medidas intervencionistas.

A esta altura, ya se asume dentro del propio oficialismo que hubo un error de “timing” al preanunciar con cuatro días de anticipación que se vendría un paquete de medidas.

Pero tal vez no sea ese el peor de los problemas. Fue lo que demostró el ministro de la Producción, Matías Kulfas -desde hace tiempo, en la mira del kirchnerismo- que aprovechó su conferencia de prensa post reunión con empresarios para amenazar con aplicar sanciones y, de paso, hacer un recuento de indicadores positivos de su gestión, como que los despachos de bolsas de cemento ya están por encima de los niveles prepandemia.El otro efecto que el Gobierno quiso evitar pero que, hasta ahora, se está verificando con toda intensidad.

En el diseño del plan antiinflacionario se buscó una diferenciación entre los pequeños productores rurales y los grandes grupos exportadores y la agroindustria. Pero, los antecedentes de las peleas con el kirchnerismo pusieron masivamente a la clase media rural en una actitud defensiva.

No por casualidad, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, se opuso férreamente a los aumentos de retenciones para los granos y, el fin de semana, aclaró que el nuevo fondo compensador para el trigo -fondeado con retenciones a la industria de harina y aceite de soja- no afectaría a los productores. También prometió que los productores no se verían afectados por las nuevas medidas, pero no le creen.

 

Conductas defensivas

En contraste con ese optimismo, desde el campo se observan señales de retraimiento por parte de los productores, que no sólo no confían en que las nuevas medidas no los afecten, sino que ni siquiera muestran una urgencia por vender sus productos ahora que los precios internacionales están en “pico”.

Los analistas indican que, para una campaña de soja que se espera con un volumen de 40 millones de toneladas, apenas se vendieron en los mercados futuros 2,7 millones, mientras que para el maíz, con una cosecha esperada de 47,7 millones de toneladas, hay ventas en el mercado de futuros por 11,2 millones.

“Asistimos a uno de los acumulados de venta más bajos de los últimos años y esto, a pesar de que los precios estuvieron firmes alcanzando niveles impensables”, apunta un informe del experto Juan Carlos Milanesio, de la firma comercializadora Aipsa. Milanesio recomienda no demorar ventas.

Sin embargo, hay también otros motivos que entran en consideración, como el tener que afrontar los pagos de la campaña a mediados de año. “Argentina no tiene un problema económico, el problema es de confianza. Todos van a demorar la venta hasta tener reglas claras, el tipo de cambio oficial está atrasado y todos esperarán alguna recomposición”, observa el consultor Salvador Di Stefano.

Su conclusión es drástica respecto de los bajos niveles de venta: “El campo difícilmente liquide los dólares al ritmo que estiman las consultoras privadas. El campo retendrá lo que más pueda la soja, primero terminará de vender el trigo (aceleró ventas esta semana) y el maíz. La soja quedará bien guardada en los silos, el malestar del sector con el gobierno es alto”.

Hay, además, factores políticos que agregan combustible a la hoguera. Por ejemplo, no pasó inadvertido que la semana pasada se formalizó el ingreso de un proyecto de ley para que el aporte extraordinario de las grandes fortunas -originalmente pensado para aplicarse por única vez- sea cada 10 años.

 

Postura oficial

Estas reacciones del campo -tanto las declarativas como las de decisiones de venta e inversión- marcan que el mensaje del ministro Domínguez no ha tenido el eco esperado.

El ministro destaca que la suba de retenciones apenas afectará a 11 empresas, que son las que concentran la industrialización y exportación de harina y aceite de soja pero que los pequeños productores no se verán afectados. Sin embargo, las expectativas del campo es que ocurra exactamente lo contrario.

Desde que se anunció el cierre exportador para esos dos productos, los expertos están advirtiendo que, en última instancia, el costo sería trasladado al productor por parte de la industria.

“Todo lo que pase en algún lugar de la cadena siempre termina pagándolo el productor. De los 50 países que generan el 95% de las exportaciones mundiales, solo 5 imponen tributos a exportaciones y uno es Argentina”, advierte Leonardo Sarquis, ex ministro de Agroindustria de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal.

La propia Cámara Aceitera, la poderosa Ciara, advirtió en un comunicado que “toda la cadena de la soja se verá severamente afectada al castigar la capacidad de pago del principal comprador de soja del país”.

Además, los industrializadores intentaron pegarle al Gobierno en un punto sensible, al calificar la medida como “primarizante”, un término que equivale a un insulto para una gestión que se jactó de promover el “valor agregado” al agro para que el país no sea un mero productor de materias primas.

 

Menos inversión

Lo cierto es que, en contra de las declaraciones oficiales, los productores vuelven a sentirse los grandes perdedores del nuevo paquete económico. Su perspectiva es que, por vía indirecta, el aumento de las retenciones al aceite y la harina de soja termine erosionando el precio del poroto de soja.

Y se produce la situación irónica de que, en un momento de precios récord a nivel mundial, los productores teman que su margen de rentabilidad se haga más pequeño.

Esto ocurre porque, después de venderle los dólares al Banco Central al precio oficial y -una vez restado el monto de retenciones- recomprar dólares en el paralelo, lo que queda en el bolsillo del productor es un tercio del valor internacional -en el caso de la soja- o un 45% -en los casos de trigo y maíz-.

El cálculo que hacen en el campo es que en las zonas agrícolas el margen de rentabilidad ronda un 3%, mientras que para la ganadería los números son todavía más finos, con rentabilidades promedio de 1,5%.

Fuente: iprofesional.com

Tags: ArgentinaCampoConflictoMedidas
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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