Los once adultos mayores que, pese a las denuncias públicas y la investigación penal, no fueron buscados aún por sus familias del geriátrico no habilitado, ubicado en Salta y Junín de esta ciudad, ahora sí deberán vivir en otro lugar porque el Observatorio para la Protección, Difusión y Promoción de los Derechos de las Personas Mayores pidió la clausura de esa institución.
Lo hizo tras casi tres meses de instar al propietario a que cumpliera con las observaciones de la Dirección de Gerontología del Ministerio de Salud Pública, para garantizar el bienestar de los adultos mayores que viven allí. Hacinados y con sistema de refrigeración insuficiente debieron pasar este verano misionero los once ancianos que, según confirmó ayer el Defensor del Pueblo, Alberto Penayo, “no dieron su consentimiento por escrito para vivir allí”.
A falta de espacio y de personal, las actividades sociales, culturales y de entretenimiento dependían exclusivamente de las familias, muchas de las cuales visitan muy esporádicamente a sus viejos. Estas son algunas de las tantas falencias de este geriátrico que, a diferencia de un kiosco o cualquier otro negocio, pudo abrir sus puertas sin estar habilitado y albergó durante meses a adultos mayores que dependían de sus servicios para seguir con sus vidas.
Según confirmaron ayer, el médico responsable del geriátrico sigue sin presentar el informe sobre el estado de salud de los ancianos, pese a que Salud Pública lo solicitó hace varias semanas. En su calidad de médica gerontóloga, Mirta Soria, responsable de la Dirección de Gerontología, realizó una evaluación informal de los internos y aseguró que no muestran signos de maltrato físico.
Cristian Chaparro, también de esa misma dependencia de Salud Pública, detalló que ese geriátrico cumplía con menos del 50% de los requerimientos mínimos establecidos en la Ley Provincial 41 que regula esta cuestión en la provincia, situación que no mejoró en las sucesivas inspecciones.
Pasos a seguir
Según confirmó Penayo, el dueño del geriátrico Roberto Cordero ya fue notificado de su clausura y “también estamos notificando a los familiares de los adultos mayores que residen allí para que los busquen”. Además, indicó que la Defensoría del Pueblo hará el seguimiento de los once ancianos en los próximos seis meses para “saber cuál será su destino, debemos tener cuidado que estas personas no sean destinados a otro lugar similar; por eso, los familiares ya fueron convocados y algunos comenzaron a venir. Esta mañana (por ayer) enviamos pedidos para que se proceda al cierre del geriátrico tanto al Municipio de Posadas como al Ministerio de Salud Pública”.
¿Qué pasará si las familias no buscan a los abuelos internados?. Según admitió Soria a PRIMERA EDICIÓN, el único Geriátrico dependiente del Estado, el de Miguel Lanús, está trabajando al tope y la oferta en el sector privado también es poca y costosa. Aún así, aseguró que “si sus familias no se hacen cargo, buscaremos un lugar para ellos”.
Querellante en la causa
Florentina Núñez tenía 81 años y Alzheimer cuando, el 15 de diciembre pasado, ingresó al cuestionado geriátrico. El 27 de febrero, tras varios días de internación, falleció con un cuadro de desnutrición y deshidratación.
Según la familia, el geriátrico ponía trabas para las visitas y, según su propietario, la familia ni siquiera respondía los mensajes cuando solicita que entregaran la medicación. La familia lo denunció por abandono de persona y, según anticipó Penayo ayer, “desde el Observatorio estamos considerando, pero ya es casi seguro, presentarnos como querellantes en la causa para poder acompañar a los once residentes”.
Penayo advirtió que “queremos que todos los geriátricos funcionen como manda la ley y nuestro objetivo es velar por los derechos y la salud de los residentes de todas las residencias para adultos mayores”. Recordó que meses atrás ya clausuraron otra residencia por no cumplir la ley, mientras que otras lograron readecuarse para cumplir con los requisitos.
“Los familiares tienen responsabilidades y deben exigir a los geriátricos la habilitación correspondiente antes de dejar ahí a sus familiares porque acá son todos responsables: tanto las instituciones que no cumplen con los requisitos establecidos en la ley como las familias que los dejan sin chequear esto” y adelantó que “la postura del Observatorio y de la Defensoría del Pueblo de Posadas serán cada vez más duras con los geriátricos que estén funcionando sin habilitación pues no habrá espacio para los que estén en una situación informal. Pedimos a los familiares que se acerquen a la Defensoría del Pueblo si conocen hogares clandestinos… esta es una actividad comercial que se presta para la informalidad y estamos trabajando caso por caso para revertir esta situación”.
En contextos de encierro
La participación de la Comisión de Prevención de Torturas en el El Observatorio de los Derechos del Adulto Mayor es clave en el monitoreo de los geriátricos pues, este organismo, tiene la facultad de ingresar sin orden judicial a instituciones cerradas para evaluar la protección de los derechos humanos.
Al respecto, Fabián Mantau, de esta comisión, indicó que “nuestra tarea permanente y para la cual estamos facultados por la ley es controlar los lugares que se encuentran en contexto de encierro, como el servicio penitenciario, comisarías, hogares convivenciales de niños y residencias de adultos mayores. Nuestra función es verificar básicamente dos cosas, las condiciones de alojamiento de las personas y el trato humano del personal hacia esas personas”.
Mantau indicó que, “tras la denuncia penal, la comisión se constituyó en el lugar junto con el Observatorio de los Derechos del Adulto Mayor para verificar la situación del geriátrico donde se detectaron irregularidades, por ejemplo, problemas de espacio en relación a la cantidad de personas, riesgos eléctricos, humedad, falta de refrigeración, entre otras”.
No obstante, según remarcó, “más allá que las condiciones de alojamiento inadecuado, los residentes no expresaron maltrato físico o psicológico”. Señalaron además que la residencia está en un segundo piso, no tiene ascensor y carece de salida de incendio.
